El IAE que generan los centros de datos de AWS en Aragón no revierte en los municipios donde se levantan. La compañía abona el Impuesto sobre Actividades Económicas al Ministerio de Hacienda, y el Ayuntamiento de Zaragoza deja de ingresar 384.503 euros al año, según la información adelantada por Heraldo de Aragón.
La cifra es solo la punta del iceberg. Huesca pierde 90.817 euros, Villanueva de Gállego 33.400 euros y El Burgo de Ebro 14.056 euros. Son cuatro ayuntamientos con centros de datos de la compañía en su término municipal que ven cómo el tributo se marcha por otra vía. El dato escuece.
El malestar no es nuevo ni exclusivo de Amazon. Ayuntamientos de toda España con data centers en proyecto llevan tiempo reclamando que estas inversiones dejen huella fiscal en el territorio, más allá del empleo temporal de la obra. También se quejan de reducciones y exenciones en otros tributos municipales, como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
Desde CEOE Zaragoza, su presidente, Benito Tesier, lo dejó claro en un encuentro sobre centros de datos organizado por la patronal: «Si hay un impuesto que no está pagado en Aragón, creo que debería pagarse aquí». El presidente del Cluster de la Energía de Aragón (CLENAR), Pedro Machín, se pronunció en la misma línea: «Las inversiones y desarrollos económicos de Aragón deben pagar los impuestos donde se generan».
Frente a ellos, la directora ejecutiva de la Asociación Española de Data Centers, Begoña Villacís, recuerda que es el Gobierno de España quien define el marco fiscal y que AWS cumple la normativa vigente al abonar el IAE al Ministerio.
Aquí no se discute si AWS paga el impuesto, sino a quién. Y el sistema, tal y como está diseñado, decide que ese dinero no aterrice en el municipio que soporta el centro de datos.
Qué es el IAE y por qué el de AWS acaba en Hacienda
El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) es un tributo municipal. Lo gestionan los ayuntamientos y grava el ejercicio de una actividad económica en su término. Pero no todo el mundo lo paga: quien factura por debajo de un millón de euros está exento. A partir de ahí, toca tributar, y la cuota depende del epígrafe, la superficie del local y la potencia instalada.
El detalle que explica el caso de AWS está en la gestión. Cuando una sociedad supera cierto volumen de facturación, el impuesto deja de liquidarse en cada ayuntamiento y pasa a manos de la Agencia Tributaria. El Estado lo recauda y después lo reparte entre los municipios donde la empresa opera. No es que la compañía busque un atajo: es el propio sistema el que canaliza el pago hacia Hacienda.
Ese mecanismo, previsto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es lo que permite que un data center situado en Villanueva de Gállego tribute sin que su ayuntamiento cobre de forma directa. La consecuencia es la que denuncian los alcaldes: la actividad está en el territorio, pero la caja municipal no lo nota.
Las cifras del reparto municipal
Los números que manejan los consistorios son concretos. Zaragoza,, 384.503 euros. Huesca, 90.817. Villanueva de Gállego, 33.400. El Burgo de Ebro, 14.056. Cuatro municipios que suman más de 520.000 euros de IAE que no entra en sus arcas. La cuenta no cuadra.
No es la única queja. Varios ayuntamientos señalan que las inversiones en centros de datos llegan acompañadas de reducciones y exenciones en el ICIO, el impuesto que grava la construcción de las instalaciones. El resultado es una sensación incómoda: el municipio pone el suelo, la energía y las molestias, y recauda menos de lo que esperaba.
El debate de fondo: el IRPF sí se queda, el IAE no
Lo que más incomoda a los municipios es la asimetría. Los defensores de los data centers sostienen que su impacto va mucho más allá del IAE. Villacís lo cifra en el IRPF de los trabajadores, que se declara donde residen y «sí se paga aquí», además de en los empleos que quedan en la zona. Es cierto que una parte del retorno se queda. Pero no compensa, a ojos de los alcaldes, la parte que se va.
Hay un precedente que conviene mirar. El debate sobre dónde tributan las grandes infraestructuras no es nuevo: el sector eléctrico, las concesionarias o las grandes superficies llevan años en una discusión parecida. Aragón ha convertido los centros de datos en un pilar de su estrategia de inversión, con AWS como punta de lanza, y eso hace que el asunto pese más en la balanza política. Queda trabajo por hacer.
La pelota está en el tejado del legislador. Mientras el marco no cambie, AWS paga donde la ley dice y los municipios cobran lo que la ley reparte. Nada de eso es ilegal. La pregunta de fondo es si el reparto está bien calibrado o si conviene revisarlo para que un pueblo de pocos habitantes no cargue con la infraestructura mientras ve pasar el tributo de largo.
Para el autónomo y la pyme, la lección es doble. Por un lado, el IAE es un impuesto que también les toca cuando crecen: si superan el millón de euros de facturación, entran en el sistema. Por otro, confirma que la fiscalidad local se mueve, con bonificaciones y exenciones que cada ayuntamiento diseña a su manera.
Guía rápida del trámite
- 📅 Plazos: cada ayuntamiento fija el periodo de pago en voluntaria, habitualmente en el primer semestre del año.
- ✅ Requisitos clave: tributan las personas y empresas con cifra de negocios superior a un millón de euros; por debajo, exención.
- 🌐 Dónde gestionarlo: en el ayuntamiento correspondiente o, para grandes contribuyentes, a través de la sede electrónica de la AEAT.
- 💰 Importe: depende del epígrafe, la superficie y la potencia. En el caso de AWS, más de 520.000 euros entre cuatro municipios aragoneses.
- ⚠️ Error a evitar: no comprobar si la actividad se ejerce en varios municipios; cada término con local puede generar cuota.
