La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha avanzado este martes que Gobierno y agentes sociales retomarán mañana la negociación sobre la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y que «no pararán» hasta alcanzar un acuerdo.

Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha indicado que los agentes sociales serán los que determinen el plazo de vigencia de esta nueva prórroga, pero sí ha adelantado que habrá algunas medidas, como los llamados ‘ERTE de rebrote’, que «no tendrán plazo».

«No tiene ningún sentido que le pongamos plazo a una auténtica emergencia. Lo estamos viendo estos días en Madrid. Por tanto, el plazo lo diseñarán los agentes sociales, pero aquí no está la disputa», ha dicho la ministra, que ha asegurado que esta herramienta «acompañará a todas las empresas hasta cuando se necesario».

Díaz ha indicado que el Gobierno conoce muy bien dónde están los problemas y las empresas y trabajadores que necesitan de un refuerzo en la protección» y ha añadido que, en este caso, existe «sintonía» con los agentes sociales.

La ministra ha explicado que se va a adoptar una «fórmula de protección diferencial», y no ha ocultado que esto «complicará» el acuerdo, ya que se trata de extender la protección de los ERTE a la cadena de valor «y a las dependencias de facturación» de las actividades afectadas.

Además, ve «probable» que, como consecuencia de lo que está pasando en Madrid y otras regiones por la expansión del virus, se tenga que aprobar «otro mecanismo», pues, por ejemplo, las normas de la Comunidad de Madrid tienen afectación sobre la legislación laboral. Para hablar de este asunto, Trabajo tenía ayer un encuentro con la Comunidad, que se tuvo que suspender por la prolongación de las negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre el teletrabajo.

CONVENCIDA DE QUE HABRÁ ACUERDO PARA PRORROGAR LOS ERTE

La ministra se ha mostrado este martes «esperanzada y convencida» de que habrá acuerdo con sindicatos y empresarios para prorrogar los ERTE más allá del 30 de septiembre.

«Estoy convencida de que no saldremos de la mesa sin un acuerdo», ha asegurado la ministra, que ha añadido que la negociación de los ERTE se ha visto demorada para poder alcanzar el acuerdo sobre el teletrabajo, aprobado hoy en Consejo de Ministros.

Díaz ha querido mandar un «mensaje de confianza» en que los ERTE tendrán continuidad a partir de octubre, aunque ha reconocido que el mecanismo que se ideó para los llamados ‘ERTE de rebrote’ «puede no servir» para situaciones como la que se está viviendo en Madrid.

En todo caso y pese a mostrarse confiada en que habrá acuerdo para prorrogar los ERTE, la ministra ha hecho un llamamiento a los agentes sociales para hacerlo posible.

Preguntada por el objetivo del Gobierno de modificar la reforma laboral, Díaz ha insistido en que se hará cuando llegue el momento, pero siempre con diálogo social. «Me gustaría que fuéramos capaces de llegar a un acuerdo. Las legislaciones de la austeridad han demostrado que no sirven para esta crisis social. Por tanto, sosiego, buena mano y mucho diálogo social», ha resumido.

Por otro lado, y en relación a las diferencias de actitud entre los agentes sociales y el PP a la hora de alcanzar acuerdos, la ministra ha considerado que ésta es una «anomalía española».

«Los agentes sociales siempre han estado a la altura de las circunstancias y han decidido algo que les engradece: no hacer política con la crisis sanitaria, algo que es normal en los países de nuestro entorno. Quizá sea el principal partido de la oposición el que explique su actitud», ha apuntado.

En este sentido, la ministra ha lamentado que el partido que lidera Pablo Casado «no acompañara» la aprobación de los ERTE o del Plan Mecuida cuando tuvo la oportunidad. Están como ajenos a la gestión de la vida de la gente. Es una enorme lástima. Es legítimo defender una posición ideológica, pero no es legítimo poner en jaque la recuperación económica y del empleo», ha advertido.

El mercado español de mensajería y paquetería alcanzó un valor de 7.450 millones de euros en 2019, lo que supone un incremento del 4,9% respecto a un año antes, según el Observatorio Sectorial DBK de Informa (filial de CESCE).

Esta variación es similar a las de los cuatro ejercicios anteriores, cifradas en el entorno de entre el 4% y el 5%.

Según el análisis, la tendencia positiva que todavía mantuvo la actividad económica general, con un crecimiento tanto del consumo de los hogares, como de la inversión y la producción empresarial, el notable auge del comercio electrónico y el crecimiento del comercio internacional siguieron impulsando el mercado.

El segmento de paquetería empresarial continuó registrando variaciones superiores a las del conjunto del sector. Esta área de actividad alcanzó en 2019 unos ingresos de 4.680 millones de euros, un 5,8% más que en el año anterior, en el que había crecido un 6%. El segmento de paquetería industrial, por su parte, aumentó un 3,6%, hasta los 2.770 millones de euros.

Tras varios años de expansión internacional del negocio, en 2019 las operaciones en el ámbito doméstico mostraron un mejor comportamiento, al crecer un 5,5%, en torno a dos puntos más que la actividad con origen o destino en el extranjero. Así, la actividad en España alcanzó los 5.450 millones de euros, el 73,2% del total.

La crisis sanitaria del coronavirus y la recesión económica derivada están provocando un deterioro de la demanda, especialmente en el ámbito de la paquetería industrial, que cerrará el ejercicio 2020 con un «sensible» descenso de los ingresos.

Este negativo efecto, según el análisis, se está viendo parcialmente contrarrestado por el aumento del comercio electrónico en algunos sectores, contribuyendo a impulsar la actividad en el segmento de paquetería empresarial.

El sector se encuentra encabezado por un reducido grupo de grandes operadores filiales de los principales grupos internacionales que cuentan con una destacada penetración en el mercado.

Así, sigue apreciándose una notable concentración de la oferta en los principales grupos, de forma que los cinco primeros operadores de paquetería empresarial reunieron en 2019 el 49,3% del valor de este segmento, mientras que los cinco primeros del segmento de paquetería industrial alcanzaron el 51,6%.

El Banco Central Europeo (BCE) ha informado este martes de que a partir de enero de 2021 comenzará a aceptar bonos sostenibles como garantía en sus operaciones de liquidez y financiación, al tiempo que ha abierto la puerta a la posibilidad de incluir este tipo de activos en sus programas de compra de activos.

En concreto, el BCE aceptará bonos con estructuras de intereses (cupones) que estén ligadas a ciertos objetivos de rendimiento sostenibles. Los instrumentos pasarán a ser elegibles como colaterales (garantías) en las operaciones de crédito del Eurosistema y en las compras con propósitos de política monetaria. No obstante, los bonos tendrán que cumplir el resto de criterios exigibles.

Los intereses tendrán que estar liugados a un objetivo de rendimiento que haga referencia a uno o más objetivos establecidos en el sistema de clasificación europeo o a uno o más de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización Naciones Unidas sobre cambio climático o degradación ambiental.

«Esto amplía todavía más el universo de activos de mercado elegibles por parte del Eurosistema y señala su apoyo por la innovación en el área de la financiación sostenible», ha indicado el instituto emisor.

El organismo ha explicado que los activos que no sean negociables en el mercado pero que tengan una estructura de intereses comparable, también podrán ser ofrecidos como garantía.

La sostenibilidad y el medio ambiente forman parte de la revisión de estrategia monetaria que el BCE tiene previsto realizar este año. En enero, cuando anunció esta primera revisión desde 2003, estaba previsto que finalizara a finales de año, pero debido a la pandemia se extendió el plazo hasta mediados de 2021.

Los cambios anunciados por el BCE este martes hacen referencia únicamente a bonos cuya estructura de intereses esté relacionada con objetivos de rendimiento sostenible. Los popularmente llamados ‘bonos verdes’, los instrumentos de deuda que se usan para financiar propósitos corporativos relacionados con la sostenibilidad del medio ambiente ya son elegibles para los programas de compras de activos.

El Gobierno ha aprobado este martes la Ley que regula el teletrabajo, norma que, según la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aumentará la productividad y la competitividad de la economía española.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde también ha puesto de relieve que ha sido una de las negociaciones «más difíciles y complejas» de las que se han llevado a cabo con los agentes sociales, porque era «una norma compleja».

El texto se ha aprobado después haber alcanzado ayer a última hora de la tarde un preacuerdo con los agentes sociales y de que, a lo largo de la mañana de hoy, CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT hayan consultado con sus bases el texto y lo hayan aprobado.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el acuerdo conseguido para regular el teletrabajo «habla en voz alta del compromiso de los agentes sociales para que la recuperación económica llegue hasta el último rincón.

Montero, que ha resaltado que esta norma se sitúa «a la vanguardia» de otras normas e instrucciones existentes en el resto de países europeos, también ha puesto en valor el acuerdo alcanzado ayer para regular el teletrabajo en el sector público, y que se trasladará a diferentes normas que verán la luz «en los próximos Consejos de Ministros». «La bandera del diálogo está siendo una seña de identidad en los distintos departamentos ministeriales», ha resumido.

La titular de Trabajo ha resaltado que esta norma «inaugura una ola de reformas del Ministerio encaminadas al siglo XXI». «Lo va a cambiar todo, la estructura de negociación en convenios colectivos pero también el ‘modus operandi’ del desarrollo de nuestros trabajos», ha apostillado Díaz.

Asimismo, ha dejado claro que el acuerdo coloca a España «en la vanguardia de las legislaciones europeas» y ha puesto en valor que la legislación del teletrabajo «rellena un vacío legal», porque hasta ahora solo existía el artículo 13 de Estatuto de los Trabajadores para hacer frente al teletrabajo, que «no ha servido para dar respuesta en tiempo de pandemia».

Díaz ha apuntado que las empresas tendrán veinte días para adaptar sus condiciones a la nueva norma y ha remarcado que esta ley refuerza los derechos fundamentales. «Necesitamos que los trabajadores se sigan organizando, con un nuevo paradigma y vinculados a mecanismos digitales», ha señalado.

Asimismo, ha subrayado que la norma que se aprueba hoy «preserva los derechos fundamentales» y da garantía a todos los trabajadores a idénticas oportunidades, a la vez que se preservan los derechos de registro horario, conciliación y «de todo lo que fuese pertinente».

El trabajo a distancia se considerará de carácter regular y, por tanto, estará regulado por esta nueva ley, si alcanza al menos el 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo, en un periodo de referencia de tres meses.

El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la empresa y no podrá suponer la asunción por parte del trabajador de los gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral. Los convenios o acuerdos colectivos podrán establecer el mecanismo para determinar y abonar las compensaciones de gastos correspondientes.

Según el documento pactado, al trabajo a distancia implantado excepcionalmente como consecuencia de las medidas de contención sanitaria derivadas de la pandemia y mientras éstas se mantengan, le seguirá resultando de aplicación la normativa laboral ordinaria. En todo caso, las empresas estarán obligadas a dotar a los trabajadores de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte necesario.

La negociación colectiva, en su caso, establecerá la forma de compensación de los gastos del ‘teletrabajador’ durante la pandemia, si existieran y no hubieran sido ya compensados.

VOLUNTARIO Y REVERSIBLE

En términos generales, el trabajo a distancia será voluntario y reversible y requerirá la firma de un acuerdo por escrito, que podrá formar parte del contrato inicial o realizarse en un momento posterior, sin que esta modalidad pueda ser impuesta.

La futura ley distingue entre trabajo a distancia (actividad laboral desde el domicilio o el lugar elegido por el trabajador, con carácter regular); teletrabajo (trabajo a distancia realizado exclusivamente o de manera prevalente por medios y sistemas informáticos o telemáticos), y trabajo presencial (el que se presta en el centro de trabajo o en el lugar que elija la empresa).

En los contratos de trabajo celebrados con menores y en los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, solo se podrá llegar a un acuerdo de trabajo a distancia que garantice al menos un porcentaje del 50% de prestación de servicios presencial, sin perjuicio del desarrollo telemático de la formación teórica vinculada a estos últimos.

MISMOS DERECHOS QUE LOS PRESENCIALES

Los empleados que trabajen a distancia tendrán los mismos derechos que los presenciales y no podrán sufrir perjuicio de sus condiciones laborales, incluyendo retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y promoción profesional.

La negativa de un empleado a trabajar a distancia, el ejercicio de la reversibilidad al trabajo presencial y las dificultades para el desarrollo adecuado de la actividad laboral a distancia exclusivamente relacionadas con el cambio de una prestación presencial a otra que incluya trabajo a distancia, no serán causas justificativas de despido ni de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

Las personas que trabajen a distancia desde el inicio de la relación laboral durante la totalidad de su jornada tendrán prioridad para ocupar puestos de trabajo que se realizan total o parcialmente de manera presencial, por lo que la empresa deberá informar de las vacantes disponibles.

Tendrán derecho a la formación en términos equivalentes a los trabajadores presenciales; a la promoción profesional; a la desconexión digital; al derecho a la intimidad y protección de datos; a la seguridad y salud en el trabajo, y a recibir de la empresa los medios adecuados para desarrollar su actividad.

Esta nueva ley sería de aplicación a las relaciones laborales vigentes que estuvieran reguladas, con anterioridad a su publicación, por acuerdos o convenios colectivos desde el momento en el que éstos perdieran su vigencia.

En el caso de que dichos acuerdos y convenios no establezcan un plazo de duración, la norma será aplicable íntegramente una vez transcurrido un año desde su publicación en el BOE, salvo que las partes acuerden un plazo superior, como máximo de tres años.

En ningún caso, la aplicación de la norma podrá tener como consecuencia la compensación, absorción o desaparición de los derechos o condiciones más beneficiosas que vinieran disfrutando las personas que trabajaban a distancia antes de la nueva ley.