Los ministros de Pesca de la Unión Europea se reúnen este lunes y este martes para fijar las posibilidades de pesca de la flota comunitaria hasta finales de julio en el centenar de caladeros que el bloque comparte con Reino Unido dada la falta de avances en las negociaciones con Londres y las escasas posibilidades de llegar a un acuerdo antes de que acabe marzo.

La salida de Reino Unido del club europeo obliga a negociar cada año los totales admisibles de capturas (TAC) de 119 ‘stocks’ que gestionan las dos partes, pero Bruselas y Londres todavía no han sido capaces de sellar un pacto sobre los de este año.

De hecho, en un documento informal publicado esta semana, la Comisión Europea ha advertido de que «las consultas entre la UE y Reino Unido pueden no haber finalizado antes del 31 de marzo de 2021», fecha en la que expira el plazo que el bloque había estipulado para llegar a un acuerdo con las autoridades británicas.

Cuando los ministros pactaron en diciembre las posibilidades de pesca en los caladeros cuya gestión compete únicamente a la UE, también acordaron un plan de contingencia para el primer trimestre del año que pasaba por adjudicarse para este periodo el 25% de las capturas permitidas en 2020 en los ‘stocks’ compartidos.

A diez días de que finalice este plazo, el Ejecutivo comunitario ha propuesto a los Veintisiete que la UE se asigne unilateralmente las posibilidades de pesca para estos ‘stocks’ hasta el 31 de julio. En lugar de utilizar como referencia los TAC del año pasado, Bruselas plantea ahora que el bloque pueda pescar cerca del 70% del límite recomendado por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES).

En nombre del Gobierno español participará el ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca, Luis Planas, quien pondrá el foco, según han explicado fuentes diplomáticas, en el gallo y el rape que se captura al Oeste de Escocia y en el rape del Mar Céltico. El problema de estos tres ‘stocks’ es que son «muy estacionales» y su pesquería finaliza en agosto, por lo que no tendría sentido reservar cuota de estas especies para los últimos meses del año.

Además, la delegación española también trabajará por aumentar las posibilidades de pesca del bacalao del Oeste de Escocia y el Mar Céltico, que son especies de estrangulamiento para los buques españoles y cuyas posibilidades de pesca propuestas por Bruselas son «escasas» para cubrir todas las capturas accesorias.

Las deliberaciones entre los ministros comenzarán el lunes por la mañana con un primer intercambio sobre las posibilidades de pesca para después dar espacio durante todo ese día a los contactos entre las delegaciones y de cada país con la Comisión Europea.

ESPAÑA PEDIRÁ MÁS FONDOS PARA EL VINO

Con un formato similar al que se suele seguir en las negociaciones pesqueras cada diciembre, la intención de la presidencia de turno de la UE, que este semestre corresponde a Portugal, es presentar a los ministros una propuesta de compromiso el martes por la mañana que recoja las impresiones de los Veintisiete e intentar el acuerdo.

Así, mientras se desarrollan los contactos entre delegaciones nacionales sobre las cuotas pesqueras, los ministros dedicarán la tarde del lunes a abordar otros puntos de la agenda, relacionados principalmente con el sector agrícola.

En este ámbito destaca el punto impulsado por España para reclamar fondos extraordinarios para ayudar al sector del vino a superar la crisis provocada por la pandemia. El Gobierno español ha promovido en este sentido una declaración a la que se han sumado ya una docena de países (Austria, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Malta, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.

En el texto, estos países reclaman «fondos adicionales» para ayudar a un sector golpeado tanto por los cierres de bares y restaurantes para contener la propagación del coronavirus como por los aranceles impuestos por Estados Unidos.

Además, los ministros de Agricultura mantendrán un intercambio sobre los progresos en el diseño de los planes nacionales de la Política Agrícola Común (PAC) y también serán informados acerca de los avances en las negociaciones con el Parlamento Europeo para su reforma.

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicosy Transformación Digital, Nadia Calviño, se reunirá el próximo lunes en Bilbao con el Círculo de Empresarios Vascos para abordar la actual situación económica y los fondos europeos, entre otras cuestiones.

La cita, que se celebrará en la Torre de Iberdrola, se enmarca dentro de los encuentros que esta organización empresarial celebra con representantes del mundo político y económico.

Según han informado fuentes del Círculo de Empresarios Vascos, la invitación cursada a la ministra de Asuntos Económicos tiene como objetivo hablar del contexto actual de economía, el plan de recuperación y los fondos europeos.

La reunión de la Asociación empresarial vasca con Calviño estaba previsto que se celebrara con anterioridad, pero la situación de la pandemia del coronavirus y las medidas preventivas para evitar su propagación, impidieron que se celebra antes.

El Grupo Parlamentario Popular ha conseguido los apoyos necesarios para que el Congreso de los Diputados apruebe su proposición no de ley con un plan de ayudas urgentes al colectivo de los feriantes para que puedan hacer frente al impacto de la crisis generada por la Covid-19.

El texto fue aprobado en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Congreso, a pesar de que contó con el voto en contra de PSOE y Unidas Podemos, según ha informado a través de un comunicado la formación que lidera Pablo Casado.

Entre las ayudas que recoge la iniciativa del GPP figuran varias relacionadas con la cuota de los autónomos, la extensión de los ERTE, los créditos ICO y las tasas de la Seguridad Social de los trabajadores del sector.

En la exposición de motivos de la iniciativa, firmada por la portavoz del GPP, Cuca Gamara, el secretario general del GPP, Guillermo Mariscal, la portavoz de Industria y Comercio del GPP, Tristana Moraleja, y la portavoz adjunta de Industria y Comercio del GPP, María de la O Redondo, el Grupo Popular se señala que, como consecuencia del estado de alarma, se han cancelado diferentes ferias y fiestas, lo que ha llevado al colectivo a una situación muy difícil que compromete su subsistencia.

A pesar de ello, el Gobierno ha olvidado a dicho sector en las diferentes medidas de ayudas previstas durante la pandemia, y ni siquiera se pueden acoger al llamado paro del autónomo por encontrarse en baja de la actividad debido a que el estallido de la pandemia ha sucedido antes del inicio de la campaña de 2020″, han denunciado los populares.

La Junta de Andalucía tiene previsto aprobar este martes en Consejo de Gobierno un paquete de ayudas al sector empresarial y, entre otros, se contemplan ayudas de 3.000 euros lineales para empresas de turismo, comercio y hostelería que puedan acreditar que han tenido pérdidas.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha valorado la movilización de ayudas directas al sector empresarial, especialmente, al turístico, y ha destacado que las del Ejecutivo andaluz llegarán antes que las del Gobierno central.

«Nosotros lo que hacemos es activar ya las que tenemos para que lleguen lo antes posible al conjunto de los empresarios y trabajadores andaluces de todos los sectores, y especialmente, al sector turístico», ha abundado.

En este punto, ha recordado, tras ser preguntado en rueda de prensa en Málaga, donde ha presentado un protocolo de control de servicios turísticos, que el martes en el Consejo de Gobierno se abordará un paquete de medidas directas de alrededor de 400 millones de euros, que «inicialmente se pondrán poner ya en circulación.

En concreto, dentro de ese cómputo total están 270 millones para «el mantenimiento del empleo», poniendo con ejemplo, que va a recibir ayudas «un hotel que tenga trabajadores en ERTE, que haya incorporado; al igual que un restaurante, cafetería o cualquier empresario, y es para mantener empleos».

También unos 80 millones en relación con la parte de hostelería y comercio; y unos 33 millones de euros en relación con guías turísticos, turismo activo, y otras actividades. Así, en estas dos son las que se pueden recibir los citados 3.000 euros lineales para empresas de turismo, comercio y hostelería que puedan acreditar que han tenido pérdidas con una declaración jurada, según han explicado desde la Consejería.

En suma, ha dicho Marín unos 400 millones de ayudas directas que saldrán este próximo martes. Además, ha dicho que habrá una segunda fase, un segundo paquete, donde se incrementan las ayudas directas para el sector hotelero.

También ha recordado que «ha habido una situación que ha cambiado todo el trabajo que se venía desarrollando que ha sido la orden ministerial, en la cual se han volcado ayudas al conjunto de las comunidades autónomas; ayudas directas para todos los sectores empresariales y donde también hay muchas ayudas al sector turístico, pero incompatibles con las que desde las comunidades autónomas se pudieran implementar», ha señalado.

En este punto, ha destacado que el próximo martes «ya irá un paquete de ayudas importantes para el sector turístico» y otros sectores también. «Lo que hay que trasladar es que este paquete de ayudas que se aprobará el martes es el primero, luego vendrán otros, con lo cual las ayudas serán mucho mayores» ha aclarado.

«Estamos hablando –ha continuado– de una movilización de recursos entre el Gobierno y la Junta que superará los 1.700 millones de euros a ayudas directas al sector empresarial andaluz y, gran parte de ellos son empresas del sector turístico».

La Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha anunciado este viernes que el cambio temporal a su ratio de apalancamiento suplementario (SLR, por sus siglas en inglés) para las entidades bancarias estadounidenses expirará el próximo 31 de marzo, tal como estaba programado.

En un comunicado emitido este viernes, el Banco Central ha desestimado extender la regla, implementada en abril del año pasado para fomentar los préstamos bancarios en el contexto pandémico, por la que se excluía los valores del Tesoro de Estados Unidos y las reservas del Banco Central de este ratio, con el objetivo de aliviar las tensiones en el mercado del Tesoro como consecuencia de la pandemia.

La institución liderada por Jerome Powell entiende que desde que la norma entró en vigor «el mercado del Tesoro se ha estabilizado».

Sin embargo, el organismo estadounidense ha indicado que tras el reciente incremento en el suministro de reservas del Banco Central y la emisión de valores del Tesoro, la junta tendrá que abordar el actual diseño y calibre del SLR para prevenir tensiones que puedan limitar el crecimiento económico y socavar la estabilidad financiera.

De este modo, la Fed ha señalado que para garantizar que la SLR, implementada en 2014 como un requisito de capital adicional, siga siendo efectiva en un entorno de reservas más altas, pronto se someterá a la opinión pública varias modificaciones potenciales del indicador.

«La propuesta y los comentarios contribuirán a las discusiones en curso con el Departamento del Tesoro y otros reguladores sobre el trabajo futuro para garantizar la resistencia del mercado del Tesoro», ha apostillado la institución monetaria.

El Comité Europeo de las Regiones (CDR) ha pedido garantizar la convergencia al alza de los salarios mínimos en toda Europa y que se combata la pobreza de las personas ocupadas, cuyos ingresos se han visto mermados por la pandemia de la COVID-19.

Así, el CDR ha acogido favorablemente una propuesta de Directiva de la Comisión Europea que tiene por objeto proporcionar un marco para establecer salarios mínimos adecuados respetando al mismo tiempo la legislación nacional vigente y el papel de los interlocutores sociales.

El dictamen del CDR, elaborado por el presidente del Gobierno del Estado federado de Carintia, Peter Kaiser, fue aprobado esta semana tras un debate con un representante de la presidencia portuguesa del Consejo.

Según señala el Comité Europeo de las Regiones, en los últimos años, la desigualdad salarial ha crecido en muchos Estados miembros, aumentando el porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza del 8,3% en 2010 al 9,3% en 2018. Además, añade que el brote de COVID-19 ha tenido un impacto negativo en los salarios de los trabajadores, en particular en aquellos con menos ingresos.

Por ello, el CDR pide que se inicie un proceso de convergencia con vistas a alcanzar «un umbral mínimo del 60% de la mediana del salario nacional bruto a tiempo completo y el 50% de la media de dicho salario» en todos los Estados miembros en los que exista un salario mínimo legal.

También insta a la Comisión a que apoye tanto el desarrollo de las capacidades de los interlocutores sociales como la autonomía de estos, a escala europea y nacional.

«Con unos salarios mínimos adecuados en la UE daremos un paso más para erradicar la pobreza entre las personas ocupadas y reducir la pobreza en general. Los entes locales y regionales se encuentran en una posición clave para aplicar, promover y supervisar la Directiva propuesta. Junto con el Plan de acción para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales y la Cumbre Social de Oporto, esto reafirmará lo mucho que le importan a la UE sus ciudadanos, su dimensión social, y la recuperación tras la pandemia», ha afirmado el vicepresidente primero del Comité Europeo de las Regiones, Vasco Cordeiro.

Por su parte, el secretario de Estado adjunto portugués de Trabajo y Formación Profesional, Miguel Cabrita, ha declarado que «conseguir que los trabajadores y trabajadoras de la Unión Europea reciban unos salarios adecuados es esencial para garantizar unas condiciones de trabajo y de vida adecuadas y para crear unas economías y sociedades justas y resilientes».

«Unos salarios adecuados son un componente esencial del modelo social europeo. Todos defendemos la idea de que el trabajo debe compensar, y compartimos los objetivos de lograr unos salarios mínimos adecuados en toda la UE, ya sea por ley o mediante negociación colectiva, respetando los sistemas nacionales y la autonomía de los interlocutores sociales», ha añadido.

Según recuerda el CDR, aunque solo unas pocas regiones de la UE tienen competencias legislativas para fijar salarios mínimos, todas ellas ejercen un papel clave a la hora de negociar convenios colectivos regionales como empleadores y de adjudicar contratos públicos, en los que se debe garantizar que los operadores económicos cumplan la normativa aplicable en materia de remuneración y respeten el derecho a la negociación colectiva.

Al mismo tiempo, el CDR pide en su Dictamen que se aborde la pobreza de las personas ocupadas mediante un enfoque polifacético que tenga en cuenta otros factores como el sistema fiscal, las iniciativas de formación, el nivel de prestaciones sociales y las políticas de empleo.

«La contribución que los trabajadores con bajos ingresos han aportado a nuestras sociedades durante la crisis de la COVID-19 merece reconocimiento, pero sobre todo acciones concretas. Es urgente abordar la pobreza de las personas ocupadas y la malsana espiral de competencia a la baja en los costes laborales», ha subrayado el ponente Peter Kaiser.

La compraventa de viviendas alcanzó las 487.089 transacciones en 2020, lo que supone una caída del 14,5% en comparación con 2019, cuando la cifra total fue de 569.993, según la estadística sobre transacciones inmobiliarias del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El mayor descenso de las compraventas se registró en el segundo trimestre de 2020, coincidiendo con el confinamiento, cuando estas totalizaron en 78.918, cifra que fue un 47% inferior a la del mismo trimestre de un año antes (149.600).

Las transacciones cerraron el primer trimestre del año con una caída interanual de casi el 17% (116.029 compraventas). Sin embargo, crecieron un 6,8% en el tercer trimestre (132.113) y un 1% en el cuarto (160.029), aunque estas subidas no fueron suficientes para evitar la caída de las compraventas del conjunto del año.

Teniendo en cuenta la tipología de vivienda, el número de compraventas de vivienda nueva alcanzó las 60.380 transacciones, cifra que es un 7% superior a la registrada un año antes.

Por su parte, la vivienda de segunda mano cerró 2020 con un total de 426.709 compraventas, dato que es casi un 17% inferior al registrado en 2019, cuando alcanzó las 513.707 transacciones. Las compraventas de vivienda usada mano supusieron el 87,6% del total de transacciones registradas en 2020.

Por comunidades, solo Asturias, con un +0,9%, registró incrementos respecto a 2019 en el número de transacciones, tras pasar de las 10.120 transacciones de 2019 a las 10.210 registradas este año.

Por el contrario, todas comunidades autónomas vieron descender el número de sus compraventas en 2020. Los mayores descensos se dieron en Canarias (-30,6%) y Baleares (-26,5%).

Le siguieron los descensos de Cataluña (-16,4%), Madrid (-14,7%), Comunidad Valenciana (-14,6%), Andalucía (-14,4%), País Vasco (-13,3%), Murcia (-12,26%), Aragón (-11,6%), La Rioja (-11,4%) y Castilla-La Mancha (-11,2%).

Los descensos más moderados se dieron en Castilla y León (-6,9%), Extremadura (-5,4%), Galicia (-4,9%), Cantabria (-4,8%) y Navarra (-2,4%).