El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado de forma positiva sus estimaciones del déficit que registró España en 2020, hasta situarlo en el 11,7% del producto interior bruto (PIB), frente al 14,1% que había estimado en octubre, según se desprende de la actualización de enero de su informe bianual ‘Monitor Fiscal’, publicado este jueves.

En cambio, para 2021, la nueva estimación del Fondo es que el déficit de España alcance el 8,2%, lo que supone un empeoramiento de siete décimas con respecto al 7,5% que consideraba en octubre.

Estos cambios se corresponden en cierta medida con las actualizaciones en las previsiones de PIB que actualizó esta semana el FMI, mejorando la caída de la economía en 2020, pero empeorando la recuperación en 2021.

Aunque los cambios son similares a los del resto de grandes economías europeas, España se mantendrá como el país que peores datos de déficit tendrá tanto para 2020 como para 2021 en la eurozona.

La nueva previsión del FMI es que el conjunto del área del euro contabilice un déficit del 8,4% en 2020 y del 5,9% en 2021, lo que supone una mejora de 1,8 puntos para el año pasado y un empeoramiento de nueve décimas para este.

Entre las cuatro mayores economías que emplean el euro, Alemania observará un déficit del 5,1% en 2020 y del 3,4% en 2021, por lo que las estimaciones se han mejorado en cinco puntos y se han empeorado en dos décimas, respectivamente.

Para Francia, el organismo internacional espera un déficit del 10,6% el año pasado, dos décimas mejor de lo estimado anteriormente, y del 7,7% en 2021, 1,2 puntos peor de la cifra adelantada en octubre. Con respecto a Italia, el déficit será del 10,9% y del 7,5% para este año y el siguiente, respectivamente, lo que implica una mejora del 2,1 puntos en 2020 y un empeoramiento de 1,3 puntos en 2021.

DÉFICITS GENERALIZADOS Y ESTÍMULOS

En el informe publicado este jueves, el Fondo ha informado de que el apoyo fiscal de los gobiernos a nivel mundial ascendió en 2020 a 14 billones de dólares (11,562 billones de euros). De esta forma, entre octubre, cuando se publicó el anterior Monitor Fiscal, y finales de año, los estímulos públicos se han elevado en 2,2 billones de dólares (1,816 billones de euros).

Este apoyo fiscal sin precedentes, que excede el registrado tras la crisis de 2008, ha tenido consecuencias en el nivel de endeudamiento y del déficit de todos los países a nivel mundial.

Así, el conjunto de las economías avanzadas han cerrado 2020 (a la espera de conocer los datos finales), con un déficit del 13,3% de su PIB, frente al 10,3% de las economías con ingresos medios y el 5,7% de los países pobres.

Por otro lado, el FMI estima que la deuda pública a nivel global cerró 2020 situada en el 98% del PIB, lo que supone un incremento de 14 puntos con respecto a lo que se estimaba en el ‘Monitor Fiscal’ publicado en octubre de 2019, varios meses antes de que se iniciara la pandemia mundial.

Pese a esta situación generalizada de desequilibrios en las cuentas públicas, el FMI ha alertado de que si no se aprueban estímulos fiscales adicionales a los ya incluidos en los planes presupuestarios para este año «las contracciones fiscales proyectadas para este año podrían ralentizar la recuperación, cuya senda y magnitud siguen siendo inciertas».

El apoyo fiscal, que es esencial para hogares, empresas y la recuperación, tiene que ser mantenido pero ajustado a la evolución de la pandemia y la economía, así como facilitar la necesaria transformación estructural», ha afirmado el organismo presidido por Kristalina Georgieva.

Ante este panorama, las recomendaciones del Fondo para los gobiernos no han variado mucho con respecto a las ya indicadas en documentos presentados en los últimos meses. Las prioridades fiscales son invertir en sistemas sanitarios, educación e infraestructuras; ayudar a la gente a recuperar trabajo, ya sea mediante subsidios a la contratación o nueva formación; fortalecer los sistemas de protección social para combatir la desigualdad y la pobreza; recortar el gasto ineficiente, mejorando la transparencia y las prácticas de gobernanza; y repensar los sistemas fiscales para mejorar la equidad mediante una tributación más progresiva, con mejoras en el IVA y mayores gravámenes al carbono, la propiedad de inmuebles y las herencias.

El Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que avala el silencio administrativo para la puesta en marcha de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de fuerza mayor por Covid. Asimismo, ha establecido que este tipo de ERTE es compatible con el derecho del contratista o concesionario de un servicio público a solicitar el restablecimiento económico del contrato.

El fallo responde a un recurso de casación interpuesto contra una sentencia previa de la Audiencia Nacional, de 15 junio de 2020, que desestimaba la demanda de conflicto colectivo promovida por CCOO para impugnar un ERTE de suspensión en una empresa propietaria de varios centros de educación infantil situados en diversos ayuntamientos.

La empresa presentó un ERTE por fuerza mayor el 18 de marzo para suspender hasta el fin del estado de alarma los contratos de toda su plantilla, 187 trabajadores, pertenecientes a los centros de trabajo de Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y Comunidad Valenciana.

Unos días más tarde, el 31 de marzo, la empresa comunicó a los trabajadores que hacía efectiva la suspensión de los contratos porque, aunque no había recibido comunicación alguna de la autoridad laboral, debía entenderse constatada la autorización por silencio administrativo.

Entre tanto, diversos ayuntamientos en los que están ubicados los centros de trabajo de esta empresa acordaron la suspensión del servicio de escuela infantil municipal.

Posteriormente, por resolución de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, se acuerda declarar constatada la existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa justificativa de la suspensión de las relaciones laborales de los trabajadores.

CCOO presentó entonces demanda de conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional, solicitando la declaración de nulidad del ERTE o, en su caso, la carencia de justificación de la medida. La demanda fue desestimada y el sindicato recurrió en casación al Supremo, que ha desestimado el recurso, declarando la firmeza del fallo de la Audiencia.

El Supremo estima que si la empresa presentó la documentación requerida, constando los presupuestos exigidos, nada impide que se pueda entender aprobada la solicitud por silencio administrativo positivo, aunque posteriormente se formule una resolución expresa posterior, que refuerce la calificación y efectos del silencio administrativos.

El Alto Tribunal subraya que la empresa se encuentra en uno de los supuestos de pérdida de actividad que implican suspensión o cancelación de actividades y que tienen la consideración de fuerza mayor para la suspensión de la relación laboral.

Además, recuerda que los ayuntamientos en que se encuentran los centros afectados suspendieron el servicio de escuela pública municipal y los contratos de gestión correspondientes ante la imposibilidad total de prestación de los mismos.

En lo que se refiere al posible carácter fraudulento de la medida empresarial teniendo en cuenta que los gastos laborales resultado de la suspensión contractual serían indemnizables por la administración contratante, el Supremo determina que el ERTE por fuerza mayor es compatible con el derecho del contratista o concesionario de un servicio público al restablecimiento del equilibrio económico del contrato.

«El contratista que estime encontrarse en alguna de las situaciones definidas en el Real Decreto-Ley 8/2020, podrá hacer uso, en su caso, de la correspondiente solicitud dirigida al órgano de contratación en la forma prevista en dicha norma», expone.

El conjunto de las ayudas directas a la hostelería aprobadas en España no llega a los 740 millones de euros, mientras que el sector registró una caída del 59,7% en la facturación en noviembre de 2020 respecto al mismo mes del año anterior y en diciembre se contabilizaron 248.000 trabajadores menos que el mismo periodo de 2019, según un estudio de Competur.

Aunque el Gobierno sí ha aprobado medidas de ayuda a empresas en forma de prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o aplazamiento de pago de alquileres, la cifra de 740 millones de euros corresponde a la suma de las ayudas aprobadas por 13 comunidades autónomas.

En concreto, casi el 50% de estas ayudas se concentra en tres comunidades autónomas: Canarias, Comunidad Valenciana y Galicia.

El siguiente país que menos ha invertido en ayudas directas al sector ha sido Rumanía, que ha destinado 2.000 millones de euros y cuyo sector representa 6,5% de su PIB, frente al 12,5% de España.

El tercer país por la cola es Italia, con 5.000 millones de euros y cuyo sector turístico no llega al 6%. Sin embargo, otros países como Alemania, Países Bajos o Dinamarca superan los 10.000 millones de euros cada uno en estos últimos tres meses.

Con todo ello, el estudio señala que la cantidad destinada por los países europeos a ayudas directas a las empresas afectadas en el turismo y hostelería asciende a casi 60.000 millones de euros, mientras que España solo representa el 0,75% del total.

SITUACIÓN CRÍTICA DEL TURISMO

Además, el conjunto del sector turístico en España convocó la Mesa del Turismo el pasado 21 de enero, al que también asistió la Alianza, para advertir sobre la «crítica situación» que atraviesa el turismo en España y la «difícil situación» a la que se enfrentan empresas y negocios en el país.

Entre las reivindicaciones del sector, está la aprobación de ayudas directas para evitar un mayor desplome de las cifras, un plan de ayudas directas que alcance la cifra de 8.500 millones de euros.

De lo contrario, Competur ha afirmado que supondría la pérdida de un millón de empleos entre directos e indirectos, y el cierre de 100.000 establecimientos.

Las organizaciones del sector comercial españolas han advertido de que la limitación de pagos en efectivo a 1.000 euros puede dañar «seriamente» la recuperación económica en España, según han señalado en un comunicado.

En concreto, la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (Anged), la Confederación Española de Comercio (CEC), la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos (Acotex), la Federación española de comerciantes de electrodomésticos (FECE) y la de servicios de seguridad Aproser han mostrado su «preocupación» por el impacto que tendrá sobre la actividad comercial esta limitación, como se ha propuesto en diversas enmiendas al Proyecto de Ley de lucha contra el fraude fiscal.

Como ya ha señalado el propio Banco Central Europeo, los sectores del comercio explican que se trata de una «medida desproporcionada», que puede poner en cuestión el propio concepto de curso legal del dinero.

Además, consideran que es una medida «totalmente inoportuna», ya que puede afectar directamente a la recuperación del consumo y la actividad de los sectores más golpeados por la crisis del coronavirus, como son el comercio y el turismo.

En un dictamen de febrero de 2019, el Banco Central Europeo ya advertía a España de que imponer un límite de 1.000 euros al pago en efectivo, como medida de lucha contra el fraude, podía ser desproporcionado.

De esta forma, el supervisor bancario señalaba que «la posibilidad de pagar en efectivo sigue siendo muy importante para ciertos sectores sociales que, por diversas y legítimas razones, prefieren usar el efectivo en lugar de otros medios de pago».

También indicaba que «el efectivo también se aprecia en general como medio de pago porque es ampliamente aceptado y rápido y porque permite al pagador controlar sus gastos», además de ser el «único medio de pago en dinero del banco central y a su valor nominal que no conlleva la posibilidad legal de cargar una comisión por su uso».

Las organizaciones del sector comercial recuerdan que la «inmensa mayoría» de países europeos no ha establecido límites al pago en efectivo y, de los que lo han hecho, solamente Francia lo ha fijado en 1.000 euros.

Queremos llamar la atención sobre esta experiencia europea, porque los límites para pagos en efectivo en Francia no han logrado reducir la economía sumergida de forma significativa, mientras que países que carecen de límites para los pagos en efectivo como Alemania, Finlandia, o Austria, cuentan con niveles de economía sumergida muy reducidos», han precisado.

De esta forma, las organizaciones subrayan que, en un momento de «gran incertidumbre» para la economía española y con el desplome de la demanda, no parece «razonable» establecer barreras al consumo y costes adicionales de transacción, como los ocasionados por las comisiones del pago y posesión de tarjeta.

«Creemos que cualquier regulación que vaya en esa línea debería adecuarse lo máximo posible a la realidad actual de nuestra estructura comercial y de distribución, en la que una inmensa mayoría de los consumidores continúa haciendo sus compras en metálico», afirman.

FRAUDE Y ECONOMÍA SUMERGIDA

De esta forma, las organizaciones empresariales reiteran que comparten el objetivo de la lucha contra el fraude fiscal en España. «Sin embargo, parece desproporcionado implantar un límite tan bajo para las operaciones en efectivo, que limita la libertad de elección de medio de pago por parte del consumidor, y que prácticamente pone bajo sospecha a cualquier cliente que realice compras en el comercio», han subrayado.

Así, creen que convendría actuar directamente sobre las fuentes del fraude y la economía sumergida, que son reconocibles, en lugar de presionar a los hogares y empresas con nuevos impuestos y trabas a su actividad.