La Comisión Interfederativa de Cofradías de Pescadores de la Comunitat Valenciana (Coincopesca) junto con el resto de asociaciones y comisiones pesqueras del Mediterráneo español valoran «muy negativamente» la reducción impuesta por la Comisión Europea del 7,5% del esfuerzo pesquero para la flota de arrastre el próximo año.

En un comunicado, tras la decisión alcanzada en el Consejo de Ministros de Pesca del 15 y 16 de diciembre, lamenta este acuerdo «nada favorable» para el sector pesquero mediterráneo.

Los pescadores advierten que el resultado de las negociaciones, por las que la reducción ha pasado del 15% propuesto por la Comisión Europea al 7,5%, «no es asumible y sitúa a la pesca en una posición insostenible a nivel económico y social».

A su juicio, no se debe olvidar que la flota valenciana ya realiza paradas biológicas voluntarias y cuenta con jornadas de trabajo reducidas en comparación a otras flotas, por lo que «una nueva reducción supone prácticamente el fin de la flota de arrastre».

Para las federaciones de pesca del Mediterráneo, no se trata de una cuestión que afecte únicamente a la pesca de arrastre, sino que las medidas propuestas, como el propio reglamento, tienen una «afectación directa y grave» sobre todo el modelo de la pesca de bajura mediterránea y para el resto de pesquerías, estructuras de servicio y comercialización, industria auxiliar, canal de comercialización…

Un cargo del Gobierno belga ha desvelado en la red social Twitter los precios de las vacunas que la Comisión Europea ha acordado con los seis grupos farmacéuticos con los que ha cerrado acuerdos en el marco de su estrategia de vacunación contra la Covid-19 y que la institución europea mantenía en secreto por razones de confiencialdad.

Aunque posteriormente borró el mensaje, la secretaria de Estado de Presupuesto y Protección de los Consumidores, Eva De Bleeker, anunció en esta plataforma que la UE ha comprado este año 33,5 millones de vacunas por 279 millones de euros y acompañó el texto con una imagen en el que se detalla el precio por unidad de cada candidato a vacuna.

Así, informaba de que se han adquirido 7,7 millones de dosis de la vacuna desarrollada por la Oxford y AstraZeneca a un precio por unidad de 1,78 euros y casi 5,2 millones del prototipo de Johnson & Johnson por un precio de 8,50 dólares cada uno (6,95 euros). Las 7,7 millones de dosis de la vacuna de Sanofi y GSK habrían costado a la UE un precio unitario de 7,56 euros.

Con respecto a la vacuna de BioNTech y Pfizer, que puede ser la primera que es autorizada en la UE si obtiene una recomendación favorable de la Agencia Europea del Medicament (EMA) el próximo lunes, el precio por dosis es de 12 euros y la UE ha adquirido un lote de 5 millones de unidades.

Por último, según la información desvelada por este cargo del Gobierno belga, la UE ha pagado 18 euros por cada una de las 2 millones de dosis de la vacuna de Moderna y 10 euros por unidad de la vacuna de CureVac, a quien ha comprado 5,8 millones de dosis.

La Comisión Europea se niega a desvelar esta información de forma oficial y aduce razones de confidencialidad. Según Bruselas, son los grupos farmacéuticos los que exigen incluir estas cláusulas en los contratos, pero además defiende que Bruselas está en mejor condición de negociar con las compañías si no se conocen los precios acordados con otros laboratorios.

El portavoz de Salud del Ejecutivo comunitario, Stefan de Keersmaecker, ha evitado detallar cuáles serán las consecuencias después de que se hayan incumplido estas cláusulas de confidencialidad y se ha limitado a afirmar que «hay buenas razones» para respetarlas, también para el «interés general».

El portavoz principal de la Comisión Europea, Eric Mamer, ha añadido que los Estados miembros disponen de la información sobre el precio pagado por cada candidato a vacuna. Además, ha subrayado que «no hubiera habido contratos si no hubieran existido estas cláusulas de confidencialidad».

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta del Ministerio de Hacienda, ha aprobado prorrogar un año, hasta el 31 de diciembre de 2021, el plazo de vigencia de los reales decretos que delimitan las zonas de promoción económica a los efectos de poder solicitar ayudas de incentivos regionales europeos.

La medida afecta a los 15 reales decretos que, conforme a lo establecido en el Reglamento de Incentivos Regionales, delimitaron las zonas de promoción económica de Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Castilla y León, Ceuta, Melilla, La Rioja y Baleares.

El Gobierno destaca que adopta esta decisión en línea con las medidas de la Comisión Europea. De hecho, el 8 de julio de 2020 el Diario Oficial de la UE publicó la prórroga y modificación hasta el 31 de diciembre de 2021 de las directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para el periodo 2014-2020.

Asimismo, por Decisión de la Comisión Europea de 4 de septiembre de 2020 se autorizó la prórroga del mapa español de ayudas regionales hasta el 31 de diciembre de 2021.

Por tanto, el plazo para solicitar estas ayudas, que según consta en los reales decretos finalizaba el 31 de diciembre de 2020, se amplía un año más, hasta el 31 de diciembre de 2021.

En consecuencia, ya ha sido comunicada a las comunidades autónomas afectadas la propuesta de prorrogar el plazo de vigencia de sus respectivos reales decretos de delimitación de zona para presentar solicitudes y se ha aprobado por el Consejo Rector de Incentivos Regionales en su reunión del día 26 de noviembre de 2020.

El Gobierno considera que, dada la situación socioeconómica provocada por la pandemia, es necesario continuar aplicando la política de incentivación regional, con el objeto de favorecer su desarrollo y fomentar la actividad económica.

La secretaria de Estado para la Agenda 2030 y dirigente de Podemos, Ione Belarra, ha reivindicado que la actualización del salario mínimo interprofesional (SMI) al menos al IPC (+0,9%) es «lo mínimo» que debe hacer el Gobierno y ha enfatizado que una congelación «no se entendería».

En declaraciones a TVE , ha recordado que el Gobierno ya ha incrementado, de acuerdo con el IPC, el salario de los empleados públicos y esa subida también debe desplegarse para los trabajadores que perciben el SMI, que «todo el mundo sabe quienes son», como las trabajadoras del hogar o empleados en precario.

De hecho, Belarra ha subrayado que precisamente parte de esos colectivos han sido considerados trabajadores esenciales durante la pandemia, recalcando que precisamente esos empleos de «baja consideración social» son los que han permitido «mantener a flote» al país.

Por tanto, ha destacado que el Ministerio de Trabajo continúa trabajando para incrementar el salario mínimo, pues desde Unidas Podemos entienden que es «lo más sensato».

Precisamente hoy la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha asegurado que ella no subiría ahora el salario mínimo porque ya ha aumentado un 29% en los últimos dos años y debe existir un equilibrio entre proteger a los trabajadores y a la economía y sus empresas en una crisis.

Los expertos del banco de Bank of America calculan que las empresas europeas podrían emitir entre 75.000 millones y 100.000 millones de euros en bonos corporativos sostenibles el año que viene, lo que supone hasta dos veces más que los 50.000 millones emitidos hasta noviembre de este año.

En los últimos dos años se ha producido un auge en la asignación de activos hacia los fondos de crédito con criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG, por sus siglas en inglés), que han captado entradas a un ritmo acelerado.

Los activos bajo gestión de dichos fondos aumentaron en un 20% en 2018, se incrementaron en un 65% el año pasado y han registrado un crecimiento del 50% a nivel anual en 2020.

Para 2021, prevén que los sectores de bienes de consumo, salud y telecomunicaciones contribuyan más en este mercado de bonos, cuya mayor participación hasta ahora ha estado dominado en gran medida por los servicios públicos y los bancos.

En 2020, ha aumentado la emisión de empresas alemanas frente a la reducción de las emisiones de compañías de Italia. Los nuevos bonos etiquetados de empresas francesas, españolas y holandesas se han mantenido bastante en línea entre 2019 y 2020.

Según el análisis del banco, la volatilidad es menor para los bonos etiquetados como ‘verdes’ o ‘sociales’ en comparación con sus pares y los inversores son menos propensos a vender sus bonos etiquetados en un mercado desafiante.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha iniciado el trámite de audiencia e información pública sobre el proyecto de real decreto que traspone la directiva europea sobre la gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias.

La nueva directiva amplía el ámbito de aplicación de los procedimientos de gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias, extendiéndolo de forma limitada más allá de la red transeuropea, y alcanzando a las autopistas y a las autovías.

La directiva también introduce un nuevo procedimiento de evaluación de la seguridad de las carreteras para determinar los tramos que deben ser objeto de inspecciones más detalladas de seguridad vial y dar prioridad a las inversiones en función de su potencial para generar mejoras de la seguridad en toda la red, que permitirá clasificar los tramos de carretera en categorías según su nivel de seguridad.

Por otra parte, establece la realización inspecciones conjuntas de seguridad vial de los tramos de la red de carreteras limítrofes con los túneles de carretera, siguiendo los requisitos mínimos de seguridad para túneles.

Asimismo, pone un mayor énfasis en las necesidades y protección de los usuarios vulnerables de la vía. La nueva norma persigue contribuir a la mejora de la seguridad de las carreteras, en la línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido el Ministerio.

El texto permanecerá disponible para su consulta y realización de alegaciones en el apartado de consulta pública de audiencia e información pública de ‘Proyectos Normativos’ de la página web de Ministerio de Transportes.

España ha recibido 17 recomendaciones de la Comisión Europea para la elaboración del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC), según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En concreto, tres de ellas son de carácter económico; siete, ambientales y climáticas; dos, sobre medio rural; tres, relativas a demandas de la sociedad; y dos hacen referencia al objetivo transversal de la nueva PAC como son la modernización del sector agrario a través del conocimiento, la innovación y la digitalización en las zonas rurales.

De todas ellas, 16 se corresponden con las necesidades identificadas por el Departamento que lider Luis Planas en la fase de análisis y diagnóstico del sector agroalimentario previa a la elaboración del PEPAC, lo que indica, según Agricultura, el «acierto y el rigor» de este trabajo, que fue realizado en colaboración con las comunidades autónomas y los agentes del sector.

El Departamento precias que se trata de prescripciones no vinculantes jurídicamente, la Comisión sí tendrá en consideración la forma en que se integran en los planes estratégicos nacionales a la hora de aprobar estos o no de una manera definitiva.

RECOMENDACIONES ECONÓMICAS

La primera de las recomendaciones económicas es impulsar la competitividad de las explotaciones agrícolas y la consolidación de explotaciones agrícolas viables orientadas al mercado. Para ello, la CE propone estimular inversiones especialmente en nuevas tecnologías y prácticas agrícolas más respetuosas con el medio ambiente.

También recomienda buscar una mayor integración de los productores primarios fomentando una mayor dimensión de las organizaciones de productores (OP), además de aconsejar mejorar la eficacia, orientación y distribución de las ayudas directas.

RECOMENDACIONES MEDIOAMBIENTALES Y CLIMÁTICAS

En este caso, se trata de siete apuntes que empiezan con la contribución al objetivo del Pacto Verde de la Unión Europea sobre la agricultura ecológica.

Así, la CE realiza dos peticiones relacionadas con el cambio climático: mitigarlo mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), con especial atención a los procedentes de la fermentación entérica; y mejorar la adaptación al cambio con sistemas para reducir los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos, la adopción de cultivos de menor consumo de agua y de variedades resistentes a la sequía o la conservación de pastizales existentes, entre otras medidas.

La cuarta y quinta recomendaciones son contribuir al objetivo del Pacto Verde sobre las pérdidas de nutrientes y continuar con la modernización de las infraestructuras hidráulicas y los sistemas de irrigación existentes. En este caso, la Comisión pretende que se aborde el problema de la elevada erosión del suelo y la desertificación de las tierras cultivables.

Sostiene, por otra parte, que España debe «frenar e invertir» el proceso de pérdida de biodiversidad mediante el fomento de la conectividad del paisaje y una mayor diversidad de sus elementos. Y anima a reforzar la gestión sostenible de los bosques impulsando su multifuncionalidad, protección y restauración.

RECOMENDACIONES SOCIALES Y RURALES

La primera de estas cinco prescripciones es reducir el uso de antimicrobianos y mejorar la gestión del ganado, la bioseguridad y la prevención y el control de las infecciones. A ella se une la de avanzar en el bienestar de los animales.

También propone reducir el uso y los riesgos de los productos fitosanitarios e incrementar la utilización de prácticas agrícolas sostenibles como la gestión integrada de plagas.

Respecto a las zonas rurales, considera que se debe hacer frente al reto de la renovación generacional en la agricultura y reducir la brecha entre el empleo masculino y femenino. A lo que añade la necesidad de promover la inclusión social con especial atención a los grupos vulnerables, como son los trabajadores temporales.

AMPLIACIÓN DE LA BANDA ANCHA

Las últimas dos propuestas de la CE tienen un carácter transversal y se centran, por un lado, en la ampliación de la banda ancha en las zonas rurales y remotas, con el fin de acelerar la transición digital del sector.

Por otro, en el acceso al conocimiento y la innovación, para lo que indica que se debe fomentar la integración de asesores en los AKIS y orientar más los proyectos de investigación hacia las necesidades de agricultores y ganaderos.

Con estas recomendaciones, Agricultura y las comunidades autónomas pueden afrontar la fase final de redacción del plan estratégico nacional, del que en la próxima primavera habrá un borrador consolidado para enviar a Bruselas.

El creciente uso de los pagos digitales ha venido acompañado de un incremento de los fraudes, en tanto que un 88% de los ciberdelitos denunciados en 2019 correspondía a estafas informáticas vinculadas a pagos digitales, que se elevaron hasta superar las 192.000 denuncias. Según los expertos, aún es necesaria una mayor concienciación social sobre la importancia de denunciar dichas infracciones, tal y como pusieron de maniesto en el seminario ‘Tendencias en los métodos de pago y riesgos en los pagos digitales’, organizado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.

En el evento participaron Daniel Lacalle, doctor en Economía, profesor de economía global y finanzas y gestor de fondos de inversión; Alberto Redondo Sánchez, jefe del grupo de delitos tecnológicos de la Guardia Civil, y Lourdes Cremades, de la división de vigilancia y supervisión de pagos del Banco de España.

Por parte del Instituto Coordenadas han intervenido su director análisis, Carlos Díaz Güell, y su presidente, Jesús Sánchez Lambás, que actuó de moderador. Durante el encuentro se puso de maniesto que, a pesar de tener ventajas, los pagos digitales cuentan con graves brechas de seguridad. «Hay una evidencia empírica que demuestra que el avance tecnológico y de seguridad de las instituciones va muy por detrás de quienes intentan delinquir», armó Daniel Lacalle.

Alberto Redondo Sánchez aseguró que el ciudadano y las pequeñas empresas están sufriendo estafas a diario, lo que supone unas pérdidas enormes. «El gran negocio de los ciberdelincuentes es el robo de datos vinculados a los medios de pago», explicó.

Para ello, se llevan a cabo estafas de múltiples modalidades y cada vez más perfeccionadas, como, por ejemplo, la creación de falsas páginas web de ‘e-commerce’ o de suplantación de entidades nancieras. Ante ello, Redondo hizo hincapié en la importancia de que los usuarios estén alerta y de que denuncien cualquier tipo de estafa, a pesar de que no suponga una pérdida elevada de dinero.

«El fraude recibe cada vez más denuncias por parte del ciudadano, lo que nos permite luchar contra la sensación de impunidad que tiene el ciberdelincuente», destacó el jefe del grupo de delitos tecnológicos de la Guardia Civil. Según el ‘VII Informe sobre Cibercriminalidad’ de la Secretaría de Estado de Seguridad, el año pasado se registraron en España 192.375 estafas informáticas, lo que supone el 88% de todos los ciberdelitos conocidos. Los ciberdelitos han aumentado su peso proporcional dentro del conjunto de la criminalidad, alcanzando el año pasado el 10% y siguen incrementando año tras año, con un crecimiento del 135% entre 2016 y 2019.

En este sentido, Lourdes Cremades hizo hincapié en que es necesario reforzar las medidas para garantizar la seguridad y que la economía uya. «Todos tenemos un papel importante, desde las entidades nancieras a las empresas, que organizan formaciones sobre ciberseguridad, pasando por los propios ciudadanos», aseguró la representante del Banco de España.

PAGOS DIGITALES Y ECONOMÍA SUMERGIDA

Por otra parte, Lacalle quiso desmitificar la idea cada vez más extendida de que la digitalización de métodos de pago conlleva una reducción de la economía sumergida. Aseguró que en países como Noruega, donde hay una mayor popularización del uso de pagos digitales, existe un grado de economía sumergida similar al que se registra en España.

«Es importante no utilizar la introducción de medios de pago haciendo referencia a que los ciudadanos recurren o no a ellos para ser opacos», armó el economista, quien reinvindicó que la inmensa mayoría de las transacciones que se realizan actualmente siguen siendo en dinero en efectivo por razones como la inclusión social.

«No podemos negar la desigualdad que genera la digitalización de medios de pago y mucho menos hacerlo bajo una pretensión equivocada de que van a eliminar una economía sumergida que en realidad no eliminan», aseguró Lacalle.

En esta misma línea, Cremades destacó que el efectivo sigue siendo el método de pago más utilizado y apostó por la importancia de la variedad de opciones y no demonizar ninguna de ellas. «Todos los instrumentos de pago deben tener cabida en las sociedad para que cada usuario pueda escoger el que mejor le convenga dadas sus propias circunstancias», zanjó.