El número de empleados en las grandes empresas se incrementó un 4,6% en agosto respecto al mismo mes de 2020, mientras que las ventas totales, deflactadas y corregidas de variaciones estacionales y de calendario, moderaron su crecimiento al 0,1%, según los últimos datos de Ventas, Empleo y Salarios en grandes empresas publicados por la Agencia Tributaria.

La tasa de variación sobre las ventas prolonga la moderación de meses anteriores después de las altas tasas de abril y mayo producto de la comparación con el periodo de confinamiento estricto del año pasado.

La comparación con 2019, en lugar de con 2020, da una idea más ajustada de la evolución que están siguiendo las ventas. Así, las ventas deflactadas y corregidas en agosto fueron un 4,8% inferiores a las del mismo mes de 2019, resultado mejor que el -5,3% que se promediaba hasta julio.

«En el dato del mes vuelven a influir poderosamente los problemas que se detectan en algunas actividades concretas, con tasas interanuales muy negativas, y la incertidumbre que generan en el proceso de deflación las considerables subidas de precios que se están registrando en los últimos meses», explica la Agencia Tributaria.

En cuanto al incremento del rendimiento bruto medio, su evolución sigue alterada por los drásticos cambios en la composición sectorial del empleo que hubo en 2020, especialmente en los meses del verano, y su paulatina normalización en este año.

LIGERO DESCENSO

En el caso de las ventas interiores, sus cifras se redujeron en agosto un 1,3%. Si se compara con 2019, el índice medio de las ventas interiores en el periodo enero-agosto continuó un 5% por debajo.

Por destinos, tanto en las ventas de bienes y servicios de consumo como las de capital experimentaron descensos. Dentro de esta últimas, el retroceso de las de construcción fue bastante más intenso que en el componente de equipo, y con gran influencia, como se ha señalado antes, por fuertes incrementos en los precios en la obra civil.

De su lado, las exportaciones experimentaron un incremento en agosto del 4,7%, con un notable avance de las destinadas a terceros (10,9%) que más que compensa el leve descenso de las dirigidas a la UE (-0,5%). En estas últimas continúan influyendo los problemas de suministros que, a nivel mundial, sufre la fabricación de material de transporte. En comparación con 2019, los niveles hasta agosto son todavía un 7% inferiores a los que se tenían en aquel momento.

El patrimonio de los fondos de inversión cayó en septiembre en 568 millones de euros y se situó en 306.536 millones de euros, un 11,7% más que a cierre de 2020, según datos publicados este lunes por la patronal Inverco.

Inverco ha destacado en un comunicado el «excelente comportamiento de los partícipes» en el mes de septiembre, que ha permitido amortiguar el efecto de las correcciones de mercado experimentadas en los mercados financieros, con lo que las pérdidas se han reducido a esos 568 millones.

En el tercer trimestre, el patrimonio de fondos de inversión subió en casi 7.000 millones de euros respecto al segundo trimestre, de los cuales el 14% proviene del efecto del mercado.

Por categorías, se registraron crecimientos en la mitad de las vocaciones de inversión: el patrimonio de los fondos globales creció un 2,2%, seguido de los de renta fija y renta fija mixta, con un 1,3% y un 0,8%, respectivamente.

Por el contrario, el de los fondos de retorno absoluto cayó un 15,7% y el de los garantizados, un 5%. Las categorías de gestión pasiva, garantizados y renta variable internacional fueron las que más retrocesos experimentaron en sus patrimonios, aunque fue únicamente en los de renta variable internacional donde se produjo el descenso, debido en exclusiva al efecto mercado, puesto que registraron flujos de entrada positivos.

El crecimiento registrado en el mes por los fondos globales, de 1.401 millones de euros, se debió principalmente a la reclasificación de una serie de fondos, provenientes de la vocación retorno absoluto, según ha explicado Inverco.

SUSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS

Los partícipes incrementaron sus suscripciones netas en septiembre respecto al mes anterior, que ascendieron a los 2.217 millones de euros.

Así, las suscripciones alcanzaban los 5.851 millones de euros registrados entre julio y octubre. La patronal ha señalado que hacía cinco años que los fondos no experimentaban suscripciones netas de esa magnitud en el conjunto del tercer trimestre.

Las mayores suscripciones se registraron en los fondos globales y los mixtos en su vertiente internacional, con 969 millones en su conjunto, y los de renta fija euro, con 573 millones tanto a corto como a largo plazo.

Los mayores reembolsos, sin embargo, correspondieron a los fondos de gestión pasiva, con salidas por valor de 229 millones de euros, en tanto que las de los garantizados fueron de 217 millones en su vertiente variable y de 76 millones en los de rendimiento fijo.

RENTABILIDADES

Los fondos de inversión registraron una rentabilidad neta negativa del 0,94%, con prácticamente todas las categorías en números rojos, a excepción de aquellos centrados en renta variable japonesa.

No obstante, en el conjunto del año estos vehículos acumulan una rentabilidad del 4,4%.

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a realizar dos contribuciones que suman 423.702,68 euros a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para participar en sendos programas internacionales relacionados con la agroalimentación que se consideran de interés para España.

Agricultura ha recordado que realiza regularmente contribuciones voluntarias a diversas organizaciones, programas y fondos internacionales dedicadas al desarrollo de recursos agrícolas, ganaderos, pesqueros y de la industria agroalimentaria y de la alimentación.

Estas contribuciones se justifican por su conveniencia y oportunidad para apoyar la actividad de estas organizaciones que son de interés para España porque constituyen herramientas para el impulso de las prioridades del ministerio en el exterior y de su posición en las mismas.

Según la Ley de Tratados y Otros Acuerdos Internacionales, las contribuciones o aportaciones voluntarias que realice la Administración General del Estado que no estén previstas en éstos, como sucede con estas aportaciones voluntarias, deberán ser autorizadas por el Consejo de Ministros.

De esta forma, la contribución a la FAO, que asciende a 323.702,68 euros, se corresponde con la participación en el programa de profesionales asociados, uno de los más antiguos e importantes de este organismo internacional.

Los países participantes en él pueden cubrir temporalmente puestos vacantes en la FAO, lo que ofrece la oportunidad a jóvenes titulados de tener una interesante experiencia de aprendizaje y participar en actividades de cooperación internacional en un entorno altamente especializado. Normalmente los contratos se realizan por un año y pueden ser prorrogables.

La segunda contribución autorizada por el Consejo de Ministros es de 100.000 euros a la OCDE para el programa de seguimiento y evaluación de las políticas agrarias.

El programa de trabajo para el bienio 2021-22 acordado por el Comité de Agricultura de este organismo prevé mantener la elaboración de los ‘country review’ (revisión de país) con el objetivo de analizar que las políticas nacionales en la materia estén enfocadas hacia una agricultura productiva, sostenible y resiliente.

La Comisión Europea ha considerado oportuno llevar a cabo una revisión de la política agroalimentaria de la Unión a través de estos instrumentos para identificar que políticas son más adecuadas para conseguir los objetivos de biodiversidad y de la Política Agraria Común (PAC). Para que el estudio tenga más valor y permita una evaluación más completa, cada país miembro puede pedir que se amplíe en su territorio.

En el caso de España, el estudio se enfocará de manera horizontal y abarcará los aspectos de sostenibilidad y digitalización del sector agrario. El estudio permitirá al Ministerio de Agricultura detectar puntos débiles y fortalezas de la actividad agroalimentaria e identificar aquello que deba mejorarse y reforzarse para conseguir los objetivos de sostenibilidad.

Los establecimientos de hostelería y otros servicios alimentarios tendrán que ofrecer a sus clientes la posibilidad de que se lleven, sin coste adicional, lo que no han consumido y tendrán que informar de ello de forma visible, preferentemente en la carta o menú.

Para ello, deberán disponer de envases aptos reutilizables, según recoge el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, normativa concebida para producir una drástica reducción del desecho de alimentos sin consumir que acaba en la basura y fomentar un mejor aprovechamiento de los mismos.

Asimismo, la norma prevé que las empresas distribuidoras de alimentos deberán incentivar, junto con las administraciones, la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima.

En concreto, los establecimientos de venta al por menor con una superficie que fijarán las comunidades autónomas (nunca inferior a 400 metros cuadrados), deberán fomentar líneas de venta de productos considerados feos, imperfectos o poco estéticos que estén en condiciones óptimas de consumo.

Asimismo deberán incentivar la venta de alimentos de temporada, de proximidad, ecológicos y ambientalmente sostenibles y a granel, y mejorar la información sobre el aprovechamiento de los mismos.

La ley estipula que el Gobierno adoptará políticas públicas y medidas para fomentar la adecuación de las fechas de consumo preferente a la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, y, en su caso, la posibilidad de poner en el mercado los productos con fecha de consumo preferente sobrepasada, para lo que se tendrán en cuenta los criterios establecidos por la Unión Europea en las propuestas legislativas en la materia.

«La intención del Gobierno con esta Ley es llamar a un debate social sobre la alimentación, la adquisición de alimentos, el tener una alimentación sana, segura y sostenible y que sea a buen precio. No hay producto alimentario más caro que aquel que acaba en la basura y se despilfarra», ha recalcado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la presentación del anteproyecto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley para combatir el desperdicio alimentario que obligará a las tiendas a fomentar la venta de productos «feos, imperfectos o poco estéticos» que estén en condiciones óptimas de consumo, así como a incentivar la venta de alimentos de proximidad, ecológicos y a granel.

Así lo ha explicado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha celebrado la aprobación de la norma que busca evitar la pérdida de alimentos en toda la cadena alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo.

El proyecto de ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario consta de 15 artículos, cuatro disposiciones finales y una adicional, según ha insistido Planas, que añade que la norma busca producir una drástica reducción del desecho de alimentos sin consumir que acaba en la basura y fomentar un mejor aprovechamiento de los mismos.

Según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca, en 2020 los hogares españoles tiraron a la basura más de 1.300 millones de kilos de alimentos sin consumir, 31 kilogramos por litro per cápita. Con la ley, el Gobierno ratifica su compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que recogen expresamente (objetivo número 12.3) la aspiración de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita en el mundo, tanto en la venta al por menor y entre los consumidores, como en la cadena de producción y suministro.

Para el Gobierno, combatir el despilfarro es un imperativo ético que debe implicar al conjunto de la sociedad en el que se enmarca esta normativa ya que perjudica al conjunto de la sociedad porque encarece el acceso a bienes de primera necesidad, malgasta recursos naturales escasos, aumenta los residuos y el impacto ambiental, y lastra la eficiencia del sector productivo y su competitividad.

La iniciativa legislativa pretende establecer un modelo de buenas prácticas para evitar el desperdicio de alimentos con actuaciones en toda la cadena alimentaria, desde el origen en el propio proceso de cosecha, hasta los hábitos de consumo en los hogares y en la restauración.

Así, establece que «todos» los agentes de la cadena alimentaria deben contar con un plan de prevención para evitar el desperdicio, y fija una jerarquía de prioridades de obligado cumplimiento (artículo 5), la primera de las cuales es la utilización para la alimentación humana, a través de donaciones a empresas sin ánimo de lucro o bancos de alimentos.

DONAR ALIMENTOS

Para la donación de alimentos, las industrias alimentarias, establecimientos comerciales y de hostelería y restauración deberán suscribir convenios con las organizaciones receptoras en los que se debe recoger específicamente las condiciones de recogida, almacenamiento y transporte y la selección de alimentos, entre otros aspectos.

Los alimentos que se donen deberán tener suficiente vida útil de almacenamiento para hacer posible su distribución y uso seguro a sus destinatarios finales.

Tanto las empresas agroalimentarias donantes como las organizaciones receptoras están obligadas a garantizar la trazabilidad de los productos donados mediante un sistema de registro de entrada y salida de los mismos (artículo 7). En el segundo orden de jerarquía, los alimentos no vendidos pero que estén en condiciones óptimas de consumo deberán ser transformados (zumos, mermelada, etc.).

Cuando no sean aptos para el consumo humano, los alimentos deberán ser utilizados como subproductos para la alimentación animal o fabricación de piensos, para la industria, para la obtención de compost de calidad para uso agrario, o para la obtención de biogás u otro tipo de combustible.

Otra de las nuevas obligaciones para los agentes de la cadena agroalimentaria pasa porque estos tendrán que impedir el desecho de alimentos en la basura. Para ello, los agentes que operan en la cadena alimentaria tendrán que disponer de instalaciones adecuadas y formación de personal para que los procesos de manipulación, almacenamiento y transporte se lleven a cabo en condiciones adecuadas que minimicen las pérdidas, así como de sistemas que garanticen el mantenimiento de la cadena de frío.

Por otro lado, los productos con fecha de consumo preferente vencida deberán presentarse al consumidor de forma separada y claramente diferenciados del resto, con precios inferiores, o destinarse a la donación.

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y RESTAURACIÓN

Los establecimientos de hostelería y otros servicios alimentarios tendrán que ofrecer a sus clientes la posibilidad de que se lleven, sin coste adicional, lo que no han consumido y tendrán que informar de ello de forma visible, preferentemente en la carta o menú. Pare ello, deberán disponer de envases aptos reutilizables.

Las instituciones como centros sanitarios y educativos o residencias que ofrezcan catering o servicio de comedor, sea con medios propios o ajenos, deberán contar también con programas de prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario que cumplan igualmente la jerarquía de prioridades establecida en la ley.

Todos los agentes de la cadena alimentaria deberán informar anualmente de las pérdidas alimentarias, así como del cumplimiento de sus planes de prevención.

Del mismo modo, las empresas distribuidoras de alimentos deberán incentivar, junto con las administraciones, la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima. Las tiendas de 400 metros de superficie o más tendrán que fomentar la venta de productos considerados «feos, imperfectos o poco estéticos» que estén en condiciones óptimas de consumo.

En esa línea tendrán que incentivar la venta de alimentos de temporada, de proximidad, ecológicos y ambientalmente sostenibles y a granel, y mejorar la información sobre el aprovechamiento de los mismos.

Por otro lado, el proyecto de ley estipula que el Gobierno adoptará políticas públicas y medidas para fomentar la adecuación de las fechas de consumo preferente a la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, y, en su caso, la posibilidad de poner en el mercado los productos con fecha de consumo preferente sobrepasada (artículo 9), para lo que se tendrán en cuenta los criterios establecidos por la Unión Europea en las propuestas legislativas en la materia.

Otra de las novedades es que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación deberá elaborar un Plan Nacional de control de las pérdidas y el desperdicio alimentario que contendrá los objetivos generales y prioridades a seguir y que se integrará en el Plan Estratégico.

Igualmente, las administraciones públicas estarán obligadas a realizar campañas divulgativas y de promoción para fomentar el consumo responsable de alimentos y promover la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, así como elaborar de guías de buenas prácticas encaminadas a mejorar la gestión alimentaria.

La ley contempla cuatro tipos de sanciones en materia de donación e alimentos que pueden ser penadas con multas que van de 6.001 euros a 150.000 euros.