Cofides, sociedad público-privada que gestiona fondos del Estado para la internacionalización de las empresas españolas, ha otorgado un préstamo de coinversión a Sacyr para la construcción y puesta en marcha de la autopista Superstrada Pedemontana Veneta, en la región del Véneto (Italia).

Se trata de un préstamo de 25 millones de euros con cargo al Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX), que permite realizar participaciones temporales y minoritarias directas en el capital social de empresas españolas para su internacionalización o de empresas situadas en el exterior.

El presidente de Cofides, José Luis Curbelo, ha señalado que las empresas constructoras españolas «cuentan con gran prestigio internacional y su calidad técnica les permite competir en mercados exigentes aportando soluciones eficaces a problemas complejos».

«Con las inversiones en el exterior de las empresas de infraestructuras, han sabido adaptarse a las circunstancias de cada ciclo y resultar fortalecidas superando adversidades», ha añadido Curbelo.

Por su parte, el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, ha agregado que el apoyo de Cofides para el desarrollo de sus proyectos en Italia «es muy importante ya que les permite mantener empleos de calidad y seguir creciendo en un mercado que tiene muy buenas perspectivas para compañías concesionarias de infraestructuras como Sacyr».

Sacyr está presente en Italia desde 2003. La autopista Pedemontana-Veneta, que tiene ya un grado de avance del 95% y pretende reordenar y reorganizar toda la red de carreteras secundarias limítrofes, es la mayor concesión viaria del grupo y es uno de sus mayores contratos en cuanto a inversión.

Este proyecto contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 8 de ‘Trabajo decente y crecimiento económico’, con la creación de 1.026 empleos directos y el ODS 9, de ‘Industria, innovación e infraestructuras’, ya que impulsará la construcción de 162 kilómetros de infraestructuras.

La firma de capital privado Permira ha adquirido una participación mayoritaria de en torno al 60% de la plataforma de intermediación inmobiliaria Engel & Völkers, según han confirmado fuentes de mercado, con lo que la familia Völkers y parte del equipo directivo controlarán casi un 40% de las acciones de la compañía después de la operación.

Esta operación está sujeta a las condiciones habituales de cierre, que se espera para el cuarto trimestre.

La inversión en Engel & Völkers se alinea con la estrategia de los fondos Permira de invertir en compañías de plataforma líderes en el mercado, según explican en un comunicado, ya que «la empresa está bien posicionada en su mercado en virtud de su marca única y el acceso a mandatos de venta exclusivos y de alta calidad, al tiempo que presenta un importante potencial de crecimiento a través de una propuesta de valor muy atractiva».

Permira impulsará la digitalización del modelo de negocio y una mayor internacionalización, en tanto que se centrará en la mejora de la oferta digital para los agentes y la habilitación tecnológica de los procesos internos en materia de marketing, la captación de clientes potenciales y la contratación de agentes, entre otros aspectos.

«Junto con Permira, podemos fortalecer Engel & Völkers como pionero mundial del sector y posicionarnos como líder digital a nivel mundial, y podré implementar mi visión para la digitalización. Estamos seguros de que escribiremos el siguiente capítulo de una historia de éxito y confiamos en un gran futuro juntos», ha destacado el fundador de Engel & Völkers, Christian Völkers.

UGT ha pedido este lunes a las empresas que regulen por convenio el teletrabajo en segundas residencias ante el aumento del número de personas que trabajan a distancia fuera de su domicilio habitual.

El sindicato ha denunciado en un comunicado que las empresas no están negociando esta modalidad de teletrabajo y ha advertido de que ello dará lugar a conflictividad en términos de prevención de riesgos, dotación de medios y conectividad y derecho a la desconexión.

La organización sindical ha emplazado a las empresas a abandonar «la cultura única de la presencialidad» de los trabajadores, sobre todo ante el actual proceso de digitalización, y a que se comprometan a articular el teletrabajo en toda su extensión a través de la negociación colectiva.

«Se trata de ir enriqueciendo una ley pionera, que no puede permanecer enquistada y sin validez en la práctica», ha apuntado el sindicato, que ha criticado que el lema «machacón» de «el teletrabajo ha venido para quedarse» ha sido un «pretexto» que han usado la mayoría de las empresas para ganar tiempo.

UGT recuerda que la ley de trabajo a distancia garantiza que el trabajador tiene los mismos derechos tanto si está en su centro de trabajo como si teletrabaja, incluso si dicho teletrabajo se realiza fuera de su domicilio habitual.

El sindicato avisa de que teletrabajar en una segunda residencia presenta particularidades que la negociación colectiva debe abordar para evitar conflictos. Por ejemplo, en la aplicación de la prevención de riesgos laborales, y más específicamente, en el apartado de los accidentes de trabajo.

«La ley remarca que un accidente laboral es todo aquel que se produce durante el tiempo y lugar de trabajo. Y una segunda residencia, cuando se está teletrabajando, es un lugar de trabajo a todos los efectos. Sin embargo, muchas empresas están empezando a cuestionar esta realidad, lo que incurrirá en una innecesaria judicialización, que se evitaría si la negociación colectiva regulara esta particularidad», sostiene UGT.

Lo mismo es aplicable al derecho a la desconexión, al registro de jornada y al horario de trabajo. A juicio de UGT, las prácticas que están desplegando muchas empresas, «que permiten el teletrabajo en segundas residencias para soslayar la duración máxima de la jornada, son inaceptables y directamente ilegales».

UGT insiste en que todos estos derechos, así como el derecho a la formación, al horario flexible, la intimidad y protección de los datos o a la obligación de formalizar un contrato de teletrabajo que contenga todas las condiciones para trabajar a distancia, «son de plena aplicación tanto en el domicilio habitual como en una segunda residencia».

El Gobierno italiano ha dado ‘luz verde’ a la venta de toda la participación de Atlantia en la filial de autopistas Autostrade per l’Italia (ASPI) a un consorcio formado por el propio Estado italiano y los fondos de inversión Blackstone y Macquarie por 9.100 millones de euros.

Esta decisión del Ejecutivo de Mario Draghi se produce apenas dos meses después de que la dirección de la compañía, socio de ACS en Abertis, aprobase la transacción, con el 86,86% de los accionistas a favor y un quórum del 70,39%.

Por esta empresa que gestiona casi 3.000 kilómetros de autopistas en el país transalpino también se interesó la constructora española ACS, que llegó a trasladar una expresión de interés por unos 10.000 millones de euros pero nunca llegó a presentar una oferta vinculante.

Esta desinversión de Atlantia se enmarca dentro del acuerdo alcanzado durante el verano pasado con el Gobierno del país, que pretendía que todos los activos pasasen al control del Estado como consecuencia del desplome del puente de una autopista en Génova en el verano de 2018, que causó la muerte a 43 personas.

La última oferta presentada por el consorcio que lidera el Gobierno encabezado por Mario Draghi cifra en 9.100 millones de euros el total de la filial de autopistas tras varios meses de negociación. En caso de que se cumplan ciertas condiciones, la valoración podría elevarse hasta 9.300 millones de euros.

Tras el visto bueno del Gobierno, Atlantia resume en ocho puntos el resto de condiciones que se tendrán que cumplir para el cierre satisfactorio de la operación. Entre ellos figura la participación clave del Ministerio de Transportes del país o la aprobación de las autoridades de Competencia.

Todas las condiciones para ejecutar la venta deben ser cumplidas antes del 31 de marzo de 2022 o en cualquier otra fecha acordada entre ambas partes. En cualquier caso, no se demorará más del 30 de junio de 2022 y nunca antes del próximo 30 de noviembre.

Adif ha licitado un contrato para el desarrollo de una solución abierta de analítica avanzada de ayuda a la toma de decisiones que permita la optimización económica del mantenimiento de infraestructura, con un presupuesto de licitación de 4,1 millones de euros y un plazo de ejecución de diez meses.

Esta herramienta posibilitará al gestor ferroviario optimizar tanto la planificación del mantenimiento preventivo como las renovaciones de activos, mediante el uso de inteligencia artificial (algoritmos de optimización y modelos predictivos de aprendizaje de máquina) aplicada a sus bases de datos.

Este proyecto comprende la optimización del mantenimiento de la infraestructura, vía, instalaciones de señalización, energía (línea aérea de contacto, subestaciones y líneas de alta tensión), instalaciones de protección y seguridad y telecomunicaciones.

Su desarrollo contará con 6 fases: determinación de la estrategia básica de mantenimiento de activos a modelar, desarrollo de modelos de fiabilidad e impacto económico, ayuda a la toma de decisiones de mantenimiento mediante una priorización por rentabilidad, la herramienta de visualización, su despliegue y la gestión de datos y la transferencias.

Adif explica en un comunicado que la solución contratada permitirá incorporar algunos de los resultados obtenidos a la estrategia de modernización y digitalización del mantenimiento en la que ya está trabajando.

Asimismo, esta solución se alinea con el proyecto transversal de Adif de incorporar una plataforma de datos y analítica avanzada, flexible y escalable, para poder dar respuesta a los casos de uso de negocio, de manera que se optimicen los procesos de negocio y las tomas de decisiones.

Cabify integrará en su oferta de servicios los vehículos de Movo, marca que desaparecerá próximamente, por lo que a partir de ahora sus más de 2.100 vehículos, motos y patinetes, operarán solo bajo la marca de Cabify.

La integración de los servicios de micromovilidad eléctrica de Movo en la app de Cabify lleva funcionando 2 años, en los que los usuarios de Cabify han ido ganando peso respecto a los de Movo, según informa la compañía. De hecho, actualmente más de un tercio del total de viajes en motos y patinetes de Movo se solicitan desde la app de Cabify, un porcentaje que ha llegado a alcanzar el 40% durante algunas semanas.

Los usuarios de Movo podrán seguir utilizando la aplicación como hasta ahora durante las próximas semanas, pero la compañía fomentará que utilicen sus vehículos desde la app de Cabify, ya que la aplicación de Movo desaparecerá próximamente.

Para impulsar esta transición, Movo ofrecerá descuentos que comienzan en el 50% y estarán presentes durante los meses de agosto y septiembre, con el objetivo de incrementar la visibilidad de este cambio entre sus más de 200.000 usuarios.

El servicio de alquiler por minutos de motos y patinetes eléctricos que se presta en Madrid y Barcelona continuará funcionando de la misma manera que hasta ahora, con la única diferencia de que el acceso a estos vehículos se realizará exclusivamente a través de la app de Cabify.

En total, Movo cuenta con más de 2.100 vehículos de alquiler por minutos en Madrid, Barcelona y Málaga, sumando motos y patinetes eléctricos, que seguirán estando operativos de la misma forma que hasta ahora, pero únicamente disponibles a través de la app de Cabify.