El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llevan años amenazando con “armonizar” el Impuesto de Patrimonio en España. Y cuando el socialismo y populismo hablan de “armonizar” quieren decir “incrementar” porque nunca los igualan a la baja sino al alza.
LA LIBERTAD
Una medida más para restringir la libertad de las comunidades autónomas cuya autonomía financiera está recogida en la Constitución, ¿de todas? No, de las del gobernadas por el Partido Popular y especialmente de Madrid.
Unas comunidades que llevan años demostrando que se pueden bajar impuestos, aumentar la recaudación y seguir ofreciendo a los ciudadanos más y mejores servicios públicos.
POLÍTICAS CADUCAS
Unas comunidades que llevan años poniendo en evidencia las caducas políticas socialistas y las mentiras de gobiernos como el valenciano o el castellano-manchego que ahora “malas encuestas mediante” han anunciado importantes rebajas fiscales obligados por las malas perspectivas electorales mientras otros insignes barones socialistas (Chivite en Navarra, Lambán en Aragón, …) están valorando realizar estas rebajas.
UNA BAJADA DE IMPUESTOS NO PONE EN PELIGRO LOS SERVICIOS SOCIALES
Aunque obligados, desde esta tribuna, les doy la bienvenida a la sensatez porque deberán admitir que una bajada de impuestos, si se gestionan de manera eficaz los recursos públicos y se elimina gasto superfluo -una materia en la que los dirigentes socialistas no son muy competentes, todo hay que decirlo-, no pone en peligro ni la sanidad ni los servicios sociales.
No pone en peligro los servicios públicos, pero sí permite a las rentas medias y bajas hacer frente a la espiral inflacionista que nos sacude sin renunciar a incluir en una cesta de la compra que ha subido un 15% productos y servicios básicos.
Y aunque algunos socialistas, obligados por las malas encuestas y presionados por el calendario electoral, hayan recapacitado, el Gobierno de España sigue firme en sus convicciones liberticidas y en la no defensa, cuando no en el ataque directo, a las clases medias y bajas que “dice” defender, aunque siempre deja en la estacada.
Así, se ha sacado de la manga un “impuesto a la riqueza” que, por un lado, restringe las libertades y competencias de las comunidades autónomas y armoniza (léase, “sube”) el impuesto de patrimonio por la puerta de atrás, ya que mantiene todos los aspectos sustanciales del actual impuesto e impide a las comunidades autónomas establecer bonificaciones, y, por otro, ahuyenta la riqueza y las inversiones.
El gobierno piensa que controlando el lenguaje se controla a los ciudadanos
Un “impuesto de solidaridad” según nomenclatura del Ejecutivo, que piensa, al más puro estilo totalitario, que controlando el lenguaje se controla a los ciudadanos, que no puede ocultar que nada cambia porque nuestro sistema fiscal es progresivo desde su origen y que el impuesto al patrimonio o la riqueza es arcaico y como señaló Zapatero, “crea desigualdad, recae sobre las clases medias y penaliza el ahorro”.
LA CLASE MEDIA-ALTA
Además de esta rimbombante “nada con sifón”, el Gobierno también ha anunciado que baja el IRPF a las rentas bajas, pero no explica que esa bajada se aplica a los que no están obligados a declarar, mientras que mantiene intactos los tipos para las clases media y media-alta que son las que aportan casi el 60% de la recaudación de este impuesto.
Clases media y media-alta a las que no se les deflacta la tarifa del impuesto ni se les baja el IVA de los alimentos básicos como ha propuesto el principal partido de la oposición.
Así que, el nuevo progresismo inventado por Sánchez y sus socios se reduce a exprimir a las clases medias para pagar su campaña electoral que les permita revalidar el cargo o encontrar acomodo en alguna empresa privada que haya sido agraciada con la benevolencia del Gobierno.
Antonio González Terol, diputado del Partido Popular (PP)
