La «obra de arte«, como define el líder de los taxistas en Barcelona al decreto ley antiCabify, se puede detener en los tribunales. Concretamente, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y no ante el Constitucional, como han señalado los expertos. Según han explicado fuentes jurídicas a MERCA2, el decreto ley, publicado este jueves, establece un período de tres días para elevarlo al Consell de Garantías Estatutarias del Parlament. Para ello, dos o más grupos, como PP, Ciudadanos y Vox, tendrán que ponerse de acuerdo para pedir este dictamen. Este informe será crucial para tratar de paralizar el reglamento más polémico, como la longitud de los vehículos VTCs impuesta por el PSC de Salvador Illa.
Alberto Álvarez, el líder de los taxistas de Barcelona, junto con sus expertos, han asegurado que solo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley catalana para paralizarla por completo. Además, también han indicado que podrían presentar el mismo recurso, pero sin la paralización, si lo presentan al menos 50 diputados del Congreso u otros 50 senadores.
Álvarez, junto al economista e investigador, Sergi Cutillas; y el abogado Marc Vilar no han desvelado más pistas sobre cómo se podría recurrir este decreto. El trío ha sostenido que será mucho más restrictiva la presentación del recurso. Además, ha advertido sobre la «inseguridad jurídica» de los inversores a la hora de depositar el dinero en las plataformas que ofrecen la intermediación del servicio de vehículos de alquiler con conductor.
PP Y CIUTADANS NEGOCIAN EL RECURSO CONTRA EL ‘DECRETO ANTICABIFY’
Sin embargo, el Gobierno poco tiene que decir al respecto sobre este decreto antiCabify. Y es que, tras la moratoria del decreto Ábalos, las Comunidades Autónomas tendrán la potestad de regular a las VTCs. Es decir, cedió esta competencia. Por tanto, la labor de poder recurrir corresponde a los partidos del Parlament y no al Gobierno, como se ha deslizado en la rueda de prensa en el Hotel Palace.
De hecho, con dos grupos parlamentarios sería suficiente en Cataluña para poder dar los pasos necesarios para paralizarla. Eso sí, se necesitaría una posterior denuncia expresa de uno de los afectados. La maniobra de ‘populares‘, Ciutadans y posiblemente de Vox -despreciado por los propios taxistas de Élite- consiste en elevar una cuestión de inconstitucional al Consell de Garantías. Para poder llevarlo a cabo, se necesita la unión de dos de estos tres partidos.
Nos opusimos en su día y nos volveremos a oponer con todas nuestras fuerzas
«Tienen tres días para poder hacerlo desde la publicación del decreto«, han sostenido las mismas fuentes. Es decir, el propio viernes, o los dos primeros días de la próxima semana. El tiempo, en este sentido, corre en contra de los intereses de Cabify.
«Nos opusimos en su día y nos volveremos a oponer con todas nuestras fuerzas«, han sostenido fuentes parlamentarias contrarias al decreto.
LA PETICIÓN DE CAUTELARES CONTRA LA NORMA ‘ANTICABIFY’ ANTE EL TJSC
Según sostienen fuentes de ambas formaciones, tanto ‘populares’ como Ciudadanos han negociado este paso para darlo «lo antes posible». No es la primera vez que se logra paralizar un decreto por esta vía y sobre el asunto de las VTCs.
En 2019, ambas formaciones pidieron el dictamen que después se utilizó en sede judicial para paralizar algunos de sus artículos y no sólo en Cataluña, sino también en el País Vasco. «Los jueces entendieron que parte de la normativa era inconstitucional y tuvieron que retirarla después«, han sostenido. La denuncia se deberá presentar ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), pero la principal cuestión es conocer si antes de su entrada en vigor, el 1 de octubre, o bien durante este verano.
Y es que, las flotas de estos vehículos deben solicitar las autorizaciones 30 días antes de que comience a funcionar esta maquinaria contra las VTCs y sus plataformas, como Cabify, Uber o Bolt. Las dos últimas empresas han entrado recientemente en Barcelona y se desconoce, por el momento, si han utilizado vehículos con autorización en Cataluña o éstos provienen de otras provincias. La diferencia es importante porque los últimos no tendrán dicho permiso y si circulan para prestar servicio podrían ser multados e inmovilizados.
LA LONGITUD DE LOS 4,9 METROS, EN DISCUSIÓN ENTRE LOS ABOGADOS
Las mismas fuentes jurídicas han sostenido que «ningún juez querrá verse envuelto en la petición de una millonaria indemnización«, que, según fuentes de las plataformas afectadas, podría alcanzar los 1.000 millones de euros. Para ello, el denunciante tendrá que pedir medidas cautelarísimas o cautelares urgentes para tratar de paralizar los artículos recurridos.
El más polémico de todos ellos es el que han exigido desde el PSC, liderados por Salvador Illa. Los socialistas han incluido la «línea roja» de una longitud mínima para los nuevos vehículos que podrían solicitar la autorización para realizar el transporte de viajeros en zona urbana.
En concreto, Illa ha pedido los 4,9 metros de longitud mínima, una medida que dista y mucho de los baremos y criterios para la movilidad sostenible, donde impera el vehículo eléctrico más pequeño y eficiente frente a los grandes coches. La medida equipara así a las VTCs que prestarán servicio a partir del 1 de octubre con las tradicionales y lujosas berlinas que utilizan las empresas tradicionales. Esta normativa es única en el mundo y se muestra contraria a las directrices de la Comisión Europea sobre la movilidad urbana.
OTROS POLÉMICOS ARTÍCULOS DE LA LEY ‘ANTICABIFY’
Los otros artículos polémicos están ahora bajo estudio del gabinete jurídico de las formaciones contrarias al decreto, incluido el régimen sancionador, «más complicado de tumbar debido a las fuertes multas e imposiciones que se exigen también a los taxistas«. Sin embargo, el decreto ley ‘antiCabify’ pretende mostrar claras diferencias entre taxistas y conductores de VTC. «Se analizará cada uno de los puntos», han sostenido las mismas fuentes.
La situación, sin embargo, es muy propicia para los negociadores de este decreto tan favorable al taxi. «Quedarán muy pocas VTCs» y las que presten servicio tendrán que asumir un mayor coste. Asimismo, las plataformas intermediarias, como Cabify, verían mermados sus beneficios y su rentabilidad. «Este decreto hará que las cosas se hagan bien», ha sostenido Cutillas, Vidal y Álvarez antes de una sonora ovación en el hotel Palace.
No obstante, Álvarez ha perdido aliados durante las negociaciones iniciadas desde hace un año. Entre ellos, la pérdida de apoyo de las empresas tradicionales de VTCs. El líder de los taxistas ha asegurado que ha recogido sus peticiones para poder sacar adelante la nueva normativa.
FREENOW, UBER Y BOLT, LA PRÓXIMA GUERRA DEL TAXI
Entre otros puntos conflictivos del decreto antiCabify, Álvarez ha arrancado el compromiso de imponer dos días de descanso a la semana a las VTCs, como en el taxi. Uno de lunes a viernes, y otro un día del fin de semana. Asimismo, se exige a estas licencias un seguro de responsabilidad civil que cubra 50 millones de euros en daños.
La aplicación de esta normativa marca un antes y un después en la lucha del taxi contra las VTCs. Sin embargo, la próxima guerra abierta se centra en Freenow, Uber y Bolt en Cataluña. Según ha afirmado Álvarez, «hay que echar a las ratas del sector«. Especialmente, a quienes no ofrecen la tarifa 3 cerrada. Estas plataformas utilizan los servicios de taxistas para poder operar y prestar el servicio en Barcelona.
Por ello, ha emplazado a las Administraciones públicas -Área Metropolitana de Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona y a la propia Generalitat- para dotarse de las herramientas necesarias para acabar con la tecnología disruptiva en este negocio regulado y público. También se ha propuesto iniciar una serie de cambios para ofrecer el mejor servicio de taxi de todo el mundo. Para ello, luchará por la geolocalización del 100% de los vehículos en una única aplicación móvil. «Si nos lo creemos, seremos imparables«, ha zanjado.
