El decreto de la Generalitat contra las VTCs tan sólo persigue el objetivo de alcanzar la «paz social» con el taxi. Las empresas y grandes flotas de estas licencias de alquiler de vehículos con conductor, no obstante, iniciarán su guerra judicial, como hicieron con los 60 minutos de precontración que pretendía instaurar el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) hace tres años y que finalmente tuvo que eliminar.
El nuevo decreto, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de octubre, establece una serie de requisitos y duras sanciones a las VTCs. Entre ellos, la exigencia de utilizar vehículos de al menos 4,9 metros de longitud y la prohibición de poder operar con licencias de otras Comunidades Autónomas. las sanciones serán muy elevadas para evitar que les salga a cuenta a estas empresas.
La normativa, además, produce una paradoja en Barcelona. La Ciudad Condal, conocida por ser un ‘hub’ internacional de la tecnología, impone barreras al progreso, y precisamente desde la Generalitat con el inestimable apoyo de los socialistas de Salvador Illa. El decreto se aprueba en plena vuelta de Uber y la entrada de Bolt a Barcelona. La plataforma más perjudicada es Cabify.
EL DECRETO CERCENA A LAS VTCs
La Generalitat mantiene los 15 minutos de precontratación, pero ha impuesto la domiciliación obligatoria en Cataluña de la autorización de VTC, con un vehículo que esté registrado en el último año.
Además, se impone el seguro obligatorio para cubrir responsabilidades civiles en caso de accidente. Hasta ahora, los pasajeros tienen que costearse los gastos derivados de los accidentes de una VTC, una exigencia que firman en el contrato. La Generalitat obliga a disponer de un seguro que cubra una garantía de hasta 50 millones de euros por los daños a pasajeros.
Esta es el mismo seguro requerido a los taxistas. Además, los conductores tendrán que disponer del permiso de conducción con al menos dos años de antigüedad. Por otro lado, los Ayuntamientos podrán realizar las pruebas que estimen oportunas a los conductores relacionadas con el territorio. En el caso de los vehículos nuevos sólo se admitirán aquellos con etiqueta ECO o Cero Emisiones.
En el mercado existen numerosos modelos que cumplan estos requisitos, desde furgonetas a coches de lujo. Mercedes, Volkswagen, Toyota, Audi, Tesla y Porsche, entre otras marcas, cumplen con estos requisitos. Los precios oscilan según el modelo y los extras que se incluyan, pero lo hay inferiores a los 40.000 y superiores a los 100.000 euros. La Generalitat, al contrario que en el taxi, no ha impuesto modelo alguno.
SANCIONES A LAS VTCS: DE LOS 201 A LOS 6.000 €
La Generalitat, por otro lado, ha endurecido las sanciones a las VTCs. Las multas van desde los 201 a los 6.000 euros dependiendo de la infracción y su gravedad. Para los llegados de otras Comunidades Autónomas, se les impondrá una multa de 2.000 euros e inmovilización del vehículo. Recientemente, las grandes operadoras han traído de otros territorios a las VTCs para cubrir la alta de demanda, una maniobra ahora prohibida. El mismo importe se destinará para aquellos que incumplan los 15 minutos de precontratación y prestación del servicio.
La sanción se duplica, hasta los 4.000 euros e inmovilización del vehículo, para las VTCs que recojan clientes por las calles sin precontratación, así como en estaciones de bus, tren o aeropuerto. Si no se tiene la autorización, la sanción alcanza los 6.000 euros.
La Generalitat ha endurecido, además, las sanciones por reincidencia, con multas de entre 2.000 y 6.000 euros, que incluso pueden conllevar la retirada de la autorización.
ATAQUE FRONTAL A AUTÓNOMOS Y PYMES
A juicio de las principales patronales de las VTCs, Unauto y Feneval, estos requisitos, entre otros, van contra las directrices de la Comisión Europea, que aún no ha legislado al respecto, pero sí ha dado su punto de vista. «No existe una legislación de la UE al respecto«, señalan fuentes europeas al respecto. Sin embargo, sí consideran que este servicio es esencial para poder dar respuesta a los graves problemas de movilidad que registran ciudades como Barcelona y otras zonas turísticas de Cataluña. De hecho, «el negocio de las VTCs prosigue porque así lo demandan los clientes».
«Esta normativa va en contra de los autónomos y pymes«, afirman fuentes consultadas por MERCA2. «Las grandes flotas sobrevivirán», señalan.
«Tenemos ya al equipo legal preparado para actuar en cuanto se publique el decreto», han afirmado fuentes de las VTCs a este medio. En concreto, se estudiarán las limitaciones a la libertad de movimiento de una Comunidad a otra, así como la exigencia de vehículos más grandes para poder operar, cuando al taxi no se les exige.
En este sentido, hacen referencia a las disposiciones de Bruselas, como regresar a una base tras finalizar un servicio; la prohibición de estacionar en espacios públicos; y las limitaciones de viaje desde fuera de las áreas autorizadas. Además, exigirán la eliminación de barreras para prestar servicio, los tiempos de espera, la limitación de licencias, entre otras. Las mismas fuentes señalan que el recurso contra el decreto de la Generalitat tendría que contar con el apoyo del Gobierno o bien de los partidos políticos. Por ahora, ninguno de ellos se ha movilizado o posicionado en favor de las VTCs.
LAS VTCs Y UN RECURSO DE DIFÍCIL VICTORIA
El decreto de la Generalitat, que se hará público esta misma semana, estrangula al sector y deja en el aire cientos de puestos de trabajo en el sector privado de las VTC. En las negociaciones, el PSC llevó la voz cantante para ganarse a los taxistas. En concreto, fueron los socialistas de Salvador Illa quienes defendieron la inclusión de los 4,9 metros para los vehículos nuevos. «Quisieron sobrepasar a los ‘comunes’«, han indicado fuentes de la Generalitat.
Según han señalado a MERCA2, se estudió la posibilidad de eliminar los taxímetros para poder competir de tú a tú con el modelo de las VTCs. «Desregularizar al taxi» estuvo sobre la mesa, indican las fuentes consultadas. En este sentido, otras fuentes apuntan que los taxistas con licencia propia hicieron de ésta su plan de jubilación, pese a que fueron concedidas de forma gratuita en un primer momento. Otras fuentes externas señalan que debió dialogar más porque las VTCs son «muy necesarias» en Barcelona. Por el momento, ninguna de las operadoras del sector ha hecho las maletas y por el momento, hasta la entrada en vigor del decreto, no existe esta posibilidad.
Nadie respalda el modelo de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid
Así, una licencia pasó de cero a los 120.000 euros actuales a lo largo de más de medio siglo. «Luchan por su jubilación», según explica una fuente municipal. «Y van con todo y a por todo por ello«, han sostenido. Eso sí, nadie respalda el modelo de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, donde taxistas y VTCs, conviven en la denominada «jungla».
LOS APOYOS AL TAXI RECHAZAN LA JUNGLA DE AYUSO
La normativa, que se ha hecho únicamente para ganar tiempo al taxi, sólo favorece a una parte del negocio. A su vez, los VTC se sienten discriminados por una normativa «obsoleta«. Para los taxistas, especialmente para Alberto Álvarez, coordinador de Élite Taxi, es una victoria que devuelve la antigua relación entre las VTCs y el sector regulado.
Y es que, hace años, el alquiler de los vehículos con conductor tenía que hacerse con un mínimo de 24 horas de antelación. Eran utilizados únicamente por los más pudientes debido a su precio, eso sí, eran coches de lujo. Ahora, la democratización con la llegada de las plataformas se ponen palos en las ruedas del progreso tecnológico.
El decreto, además, abre la puerta a duplicar las licencias de VTCs, hasta un total de 8.000. Sin embargo, de las 4.000 existentes tan sólo el 75% tiene autorización para poder circular y sólo unas 1.400 dan servicio. Y es que, la Generalitat denegará los permisos a las licencias que no han operado durante los últimos cuatro años. Eso sí, habría excepciones.
LOS TAXISTAS AMENAZARON CON MOVILIZACIONES
Antes del acuerdo entre ERC, JxCat, PSC y los ‘comunes’, Álvarez ya amenazó con movilizaciones en la Gran Vía a partir de la próxima semana si no se incluían sus exigencias. Asimismo, pidió una mayor contundencia en las sanciones tras registrar más de 3.700 multas, «el 95% a Cabify», por incumplir con el requisito de los 15 minutos, captar clientes en la calle o estacionar en la vía pública.
Así, la Generalitat sólo podía escoger entre plegarse al taxi o soportar una nueva «guerra», dando por bueno el lema: ‘El taxi dicta y la Generalitat obedece’. Y es que, en la retina aún están las movilizaciones de 2019, semanas antes del Mobile World Congress, que bloqueó la Gran Vía y las arterias principales de Barcelona durante seis días. De las multas impuestas a Álvarez, ni rastro, porque la propia Generalitat las dejó morir.
