EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado una línea de 50 millones de euros en avales públicos para cubrir hasta el 10% del precio anticipado de la vivienda de obra nueva durante su construcción.
- ¿Quién está detrás? La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo articulará el sistema a través de las sociedades de garantía recíproca (SGR); el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García Martín, lo confirmó en rueda de prensa.
- ¿Qué impacto tiene? El comprador deja de adelantar ese 10% durante la obra y, una vez terminada, puede solicitar Mi Primera Vivienda, que financia al menos el 90% del valor de tasación.
La Comunidad de Madrid ha activado una línea de 50 millones de euros en avales públicos para comprar vivienda de obra nueva sin tener que adelantar hasta el 10% del precio durante la construcción. El Consejo de Gobierno dio luz verde a las condiciones del sistema en su última reunión y la medida se aplicará tanto a vivienda libre como protegida.
El mecanismo responde a un problema clásico del ladrillo español: quien compra sobre plano entrega una cantidad inicial al promotor o a la cooperativa antes de que la obra esté acabada. Ese anticipo suele rondar el 10% del precio y, en promociones a tres o cuatro años, deja al comprador sin liquidez. La línea de avales traslada el coste financiero a las SGR y al erario autonómico.
Qué cubre exactamente el aval y qué sigue pagando el comprador
El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso cubrirá sin coste hasta el 70% de cada garantía, mientras que las sociedades de garantía recíproca asumirán al menos el 30% restante. Las SGR interesadas deben tener sede en la Comunidad de Madrid, cumplir los requisitos económicos establecidos y firmar un acuerdo con la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.
Hay dos operaciones distintas. El aval cubre los pagos a cuenta al promotor durante la construcción y no sustituye a la hipoteca. La letra pequeña importa: no es una subvención ni un préstamo al comprador.
La segunda pata llega al final de la obra. Los compradores que asuman la hipoteca del promotor podrán solicitar su incorporación a Mi Primera Vivienda, el programa autonómico que permite financiar al menos el 90% del valor de tasación del inmueble, siempre que se cumplan los requisitos y se formalice el préstamo con una entidad bancaria adherida. Es ahí donde el aval se convierte, de verdad, en menos entrada para acceder a la vivienda.
El aval reduce el colchón de efectivo que el comprador necesita durante la obra, pero no abarata el metro cuadrado ni el precio de la promoción.
Requisitos, plazos y letra pequeña para el comprador
El acuerdo surtirá efecto desde desde su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Pero las solicitudes no podrán formalizarse hasta que las SGR se sumen efectivamente a la iniciativa. La pelota está, de momento, en el tejado de las sociedades de garantía recíproca.
El Gobierno regional no ha fijado cuántas viviendas podrán acogerse al programa ni qué promociones concretas lo aplicarán primero. Según fuentes del sector consultadas por MERCA2.ES, el interés de las grandes promotoras cotizadas con stock en la región es alto, aunque no existe calendario oficial. Los detalles quedan pendientes de los primeros convenios.
La Ficha del Inversor
La métrica clave es el ahorro de caja en la firma. Para una vivienda tipo de 320.000 euros en la periferia madrileña, el 10% anticipado equivale a 32.000 euros: ese es el colchón que el sistema pretende aliviar, no regalar. La tendencia a seis meses apunta a que las promotoras con más stock —Aedas, Metrovacesa, Neinor, Vía Célere y Habitat— buscarán convenios con las SGR para captar demanda que hoy no puede ahorrar. El perfil recomendado es el comprador joven de primera vivienda sin ahorro previo suficiente.
La patronal madrileña ASPRIMA lleva años reclamando medidas así para desatascar el acceso a la primera vivienda. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana todavía no ha valorado la iniciativa: al ser competencia autonómica, Madrid puede ir por libre, como ya ocurrió con Mi Primera Vivienda antes que otras comunidades. El riesgo inmediato es que la línea se agote si la demanda supera los 50 millones, un límite que, a razón de unos 30.000 euros de aval medio, cubriría en torno a 1.500 o 1.600 garantías. Ahí es nada.
La próxima ventana crítica es el BOCM. Ahí se conocerá el plazo exacto de solicitudes y las condiciones finales de los convenios. Hasta entonces, el comprador tiene un dato firme: hay 50 millones públicos para que no tener el 10% guardado deje de ser un impedimento para comprar sobre plano.
