Anthropic ha sellado el mayor acuerdo por derechos de autor de la historia con un desembolso de 1.500 millones de dólares. La jueza federal de San Francisco, Araceli Martinez-Olguin, aprobó ayer, lunes 20 de julio, el pacto extrajudicial que la compañía de IA alcanzó con autores y editoriales que la acusaron de utilizar más de 7 millones de libros sin permiso para entrenar a su modelo Claude. La cifra —unos 3.000 dólares por obra— pone fin al litigio más costoso hasta la fecha en el choque entre la inteligencia artificial y los derechos de propiedad intelectual.
Claves de la operación
- 1.500 millones de dólares, la mayor compensación por copyright. El acuerdo supera todos los precedentes en litigios creativos contra tecnológicas y evita que Anthropic se enfrentara a indemnizaciones que podían haberse disparado a cientos de miles de millones de dólares por la descarga ilegal de fondos bibliográficos.
- La descarga masiva que desencadenó el pleito. Anthropic reconoció haber extraído más de 7 millones de libros desde repositorios como LibGen y bibliotecas digitales sin autorización, además de escanear y destruir ejemplares físicos en el proyecto clandestino bautizado como “Panama”.
- El acuerdo no sienta jurisprudencia vinculante. Al tratarse de un pacto y no de una sentencia firme en apelación, la doctrina del “uso legítimo” que defendió el juez Alsup en 2025 queda sin validar por un tribunal superior, dejando a cada juez libertad para interpretar casos similares.
Un cheque de 3.000 dólares por libro, la factura de la piratería interna
Los documentos judiciales desvelaron que el proyecto Panama no fue un accidente. Empleados de Anthropic, incluido el cofundador Ben Mann, descargaron directamente libros de repositorios piratas como Library Genesis antes de que la empresa comprara y escaneara masivamente ejemplares en papel, cortando sus lomos y reciclándolos después. La base de datos resultante, una biblioteca digital paralela de 7 millones de títulos, nunca se usó para entrenar un modelo comercial, según la defensa de Anthropic, pero fue precisamente ese acopio ilegal el que la dejó al borde de un juicio con multas astronómicas.
El reparto, a razón de unos 3.000 dólares por obra sobre medio millón de títulos, ya ha sido reclamado por más del 91 % de los autores y editoriales afectados, según detalló la responsable jurídica adjunta de Anthropic, Aparna Sridhar. El bufete de los demandantes, liderado por Justin Nelson, ha calificado el acuerdo como “histórico”, aunque los honorarios de los abogados —101 millones de dólares, por debajo de los 187,5 millones que solicitaron— también han generado críticas entre algunos autores que consideran el montante insuficiente.
Un espejismo legal: el “uso legítimo” que nunca llegará a apelación
En junio de 2025, el juez William Alsup dictaminó que entrenar modelos de IA con libros protegidos por derechos de autor entra dentro de la doctrina del “uso legítimo” (fair use). Sin embargo, matizó que la descarga masiva desde fuentes no autorizadas sí infringía la ley. Al alcanzar un acuerdo extrajudicial, Anthropic evita que ese razonamiento sea revisado por un tribunal de apelación y, por tanto, no se convierte en jurisprudencia vinculante para otros casos abiertos contra Google, Meta, Midjourney u OpenAI.
De hecho, algunos autores y editoriales se desmarcaron del pacto y mantienen demandas propias que siguen su curso. La jueza Martinez-Olguin rechazó las objeciones de quienes consideraban la compensación baja, argumentando que no reflejaban “de forma realista los riesgos de haber ido a juicio”. La incertidumbre jurídica, por tanto, sigue intacta.
El desenlace deja una lección tan práctica como incómoda: pagar 1.500 millones de dólares sale más barato que arriesgarse a una condena que pudo haber multiplicado la factura por cien.
El espionaje no se mide por las redes que se desmantelan, sino por las que siguen vivas el tiempo suficiente como para que ya no importe.
La industria editorial española toma nota: un marco sancionador que aún no tiene dientes en Europa
En España, la noticia ha reavivado el debate sobre la ausencia de un régimen sancionador rotundo en la futura transposición de la AI Act europea. Mientras que el acuerdo estadounidense pone sobre la mesa cifras que igualan el PIB de algunas regiones, en la UE las multas por infracciones de propiedad intelectual relacionadas con IA todavía dependen de directivas fragmentadas y de la iniciativa de cada Estado miembro.
La industria editorial española, representada por la Federación de Gremios de Editores de España, lleva años reclamando compensaciones económicas proporcionales y un mecanismo de transparencia que obligue a los desarrolladores de modelos a declarar qué obras han utilizado. Hasta la fecha, ninguna empresa emergente de IA con sede en España ha sido demandada por entrenar modelos con textos protegidos, pero el precedente de Anthropic demuestra que el riesgo financiero es real.
Desde esta redacción entendemos que el pago de 1.500 millones no es un punto final, sino un punto de partida para un mercado de licencias que aún no existe. Los grandes grupos editoriales como Penguin Random House o Planeta ya negocian acuerdos individuales con tecnológicas, pero el pequeño autor o la editorial independiente siguen sin una vía clara para proteger sus obras. La pregunta que queda en el aire es si la UE optará por un modelo similar al canon digital que una vez aplicó a los soportes, pero adaptado a la ingesta masiva de datos. Si el legislador no actúa, las tecnológicas seguirán calculando cuánto cuesta pedir perdón en lugar de pedir permiso.
