La Justicia argentina ha dado un paso clave en la investigación del token LIBRA de Solana: el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi congeló 25 carteras vinculadas al activo en seis grandes plataformas de intercambio y reclamó los datos de identidad, las IP y los registros bancarios de sus titulares. La orden afecta a Binance, Bybit, OKX CoinEx, FixedFloat y Bitfinex, y supone la primera vez que se bloquean activos en la causa, un año y medio después del colapso que dejó pérdidas de al menos 4.400 millones de dólares para más de 40.000 inversores minoristas.
El 14 de febrero de 2025, el presidente Javier Milei publicó un tuit promocionando LIBRA, una memecoin lanzada sobre Solana. El precio se multiplicó por 500 en horas y luego se desplomó. La querella apunta a que unas wallets retiraron 100 millones de dólares mientras 40.000 compradores minoristas perdían su dinero.
El juez apreció la verosimilitud de la imputación y el peligro en la demora, y ordenó el congelamiento para preservar los activos antes de un posible decomiso. La Policía Federal reconstruyó una cadena de transacciones on-chain desde los wallets del Team Libra a través de Jup.ag, FixedFloat y deBridge Finance hacia los exchanges, con una estrategia de smurfing: el fraccionamiento de sumas en decenas de envíos pequeños para dificultar el rastreo.
Las pruebas que exigen los exchanges
La resolución detalla que cada plataforma debe entregar los archivos de apertura de cuenta, registros de IP, historial de transacciones, cuentas bancarias vinculadas y comunicaciones internas. La ciberpolicía argentina tramitará las peticiones, con Interpol de apoyo si el domicilio del exchange no está en el país. La orden cubre al menos 25 cuentas, aunque la resolución habla de decenas de wallets.
Una pieza central del informe técnico es el patrón de lavado: transferencias diarias fragmentadas a decenas de carteras secundarias que luego centralizaban los fondos en los exchanges para convertirlos a fiat. “Se desplegó una estrategia de smurfing o estructuración digital —dice la resolución—, consistente en la distribución diaria de cantidades fragmentadas a múltiples wallets vinculadas a casas de cambio centralizadas… con el propósito de liquidar los activos en fiat o dificultar su trazabilidad”.
La trazabilidad de Solana permite reconstruir el flujo de fondos de un rug pull con nitidez, pero si los exchanges no colaboran con los datos de identidad, la cadena de bloques se queda en un mapa sin dueños.
La tensión política y el vacío de damnificados
El avance judicial llega con la causa en un punto débil. El 2 de julio, el juez retiró a los cinco querellantes particulares a pedido de la defensa de Mauricio Novelli, dejando al fiscal Eduardo Taiano como único impulsor. La oposición denuncia que, sin víctimas, el caso puede archivarse. La decisión llega tras la aprobación en el Senado de la designación de la esposa del juez para un cargo federal impulsada por Milei.
Aun así, el fiscal Taiano solicitó la medida de congelamiento y el juez la concedió. Los exchanges deberán revelar quiénes están detrás de las wallets congeladas. Los nombres de Novelli, Manuel Terrones Godoy y Hayden Davis —el creador del token— figuran en la investigación. Milei ha negado haber cobrado los 5 millones de dólares que, según filtraciones, habría recibido por promocionarlo.
Qué significa esto para Solana y sus inversores
El caso LIBRA añade otra mancha a la reputación de las memecoins en Solana, después del token TRUMP que costó 3.810 millones a casi un millón de carteras en enero de 2025. La facilidad para lanzar tokens —con Pump.fun y los contratos de token-2022— atrae liquidez pero también estafas. Sin embargo, la misma transparencia que permite seguir cada transacción hace posible que las autoridades tracen los fondos con precisión: la ciberpolicía argentina usó exploradores públicos como Solscan para reconstruir la ruta.
El congelamiento judicial de carteras en exchanges regulados es un gesto de que la aplicación de la ley puede alcanzar a las memecoins, siempre que los exchanges entreguen los datos KYC. Para los holders de SOL, el impacto en precio es marginal —el activo no se ha movido por la noticia—, pero el daño reputacional se acumula cada vez que un escándalo de estas dimensiones salpica al ecosistema.
La gran incógnita es si la justicia argentina podrá recuperar los 100 millones de dólares escurridos. La respuesta está, en buena medida, en los formularios de know your customer que ahora duermen en los servidores de Binance, Bybit y el resto. Con el fiscal Taiano como único motor, la velocidad de la colaboración de las plataformas decidirá si el caso se salda con nombres y apellidos o, como tantos otros en el mundo cripto, con un mapa de transacciones sin culpables visibles.
