Indra intentó incrementar un 30% el precio del contrato de 12 millones de euros firmado con la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia para condicionar su finalización, según un informe del Ayuntamiento de Valencia. La maniobra, rechazada por el consistorio, ha desencadenado un conflicto contractual que se dirige al juzgado y amenaza con sanciones diarias de 100.000 euros.
El contrato de 12 millones y la pretensión de sobrecoste
El contrato, suscrito en 2023, contemplaba el desarrollo de una plataforma tecnológica de gestión de datos de movilidad financiada con fondos Next Generation EU. Indra resultó adjudicataria por 12 millones de euros dentro del proyecto Ciudades Conectadas, que agrupa a Valencia, Valladolid, Gijón, Fuenlabrada, Vitoria‑Gasteiz y Logroño. La fecha original de entrega, octubre de 2024, fue incumplida sin penalización alguna; la EMT concedió una prórroga de un año que tampoco se cumplió. A principios de 2025, según el informe del responsable de tecnologías de la información de la EMT, la compañía presidida por Ángel Simón vinculó la finalización del sistema a un aumento presupuestario que superaba el 30% del precio inicial.
El Ayuntamiento califica la pretensión de jurídicamente inviable y contraria a los principios de contratación pública, especialmente en un proyecto con fondos europeos. “El adjudicatario era plenamente conocedor de la criticidad de los plazos y de las consecuencias que un incumplimiento podría generar para la entidad beneficiaria”, detalla el documento. La respuesta municipal fue contundente: se negó cualquier incremento y se mantuvo la exigencia de entrega, que expiró el 25 de octubre sin que el sistema estuviera operativo en producción.
Sanciones diarias, una reclamación de nueve millones y posible multa europea
La EMT ya ha iniciado el procedimiento para contratar al bufete Andersen Tax & Legal y emprender acciones judiciales contra Indra por incumplimiento contractual. La reclamación económica podría ascender a nueve millones de euros, cantidad que incluye los perjuicios derivados del retraso y la pérdida de funcionalidades prometidas. Además, el pliego de condiciones administrativas establece penalizaciones diarias de 100.000 euros, con un tope legal de diez días, es decir, hasta un millón de euros por jornada de demora, según fuentes municipales.
El informe técnico subraya que “no consta la existencia de acta de recepción ni validación técnica que acredite la correcta puesta en marcha del sistema” y que “el incumplimiento se mantiene con posterioridad a la fecha comprometida”. Por si fuera poco, la financiación con cargo a los fondos Next Generation introduce un riesgo adicional: la Comisión Europea podría sancionar a la EMT por uso indebido de ayudas si se acredita que el proyecto no se ejecutó, un escenario que eleva la tensión sobre la entidad municipal y, de rebote, sobre la cotizada.
El impacto sobre Indra: reputación, litigios y la sombra de la CNMC
Indra ha negado cualquier incumplimiento. En su versión, “ha cumplido en todo momento con el contrato, entregando sus trabajos en tiempo y forma”, y achaca los retrasos a cambios relevantes solicitados por la EMT que hubieran requerido un incremento de precio que el Ayuntamiento finalmente no aceptó. Sin embargo, el relato del técnico municipal desmonta esos argumentos: el proyecto pasó de un horizonte de 18 meses a 36 meses sin ejecutarse, y la empresa condicionó la entrega a una subida del 30% que la normativa no permite.
El sobrecoste del 30% exigido por Indra para cerrar el contrato choca de lleno con los principios de contratación pública y con las reglas de los fondos europeos.
Más allá del litigio concreto, la situación pone en entredicho la capacidad de Indra para gestionar proyectos públicos de gran calado y abre un flanco reputacional ante otras administraciones que contratan con la compañía. En el plano bursátil, la noticia no ha provocado un castigo inmediato porque el mercado aún no descuenta el impacto de una posible sentencia adversa, pero los analistas consultados señalan que un agujero de hasta 9 millones más el riesgo de multa europea podría reflejarse en la cotización si las acciones judiciales prosperan.
A la espera de que el consejo de administración de la EMT formalice la contratación del despacho Andersen –la decisión se ha pospuesto para recabar más documentación–, lo cierto es que Indra se enfrenta a un frente judicial que podría arrastrar penalizaciones millonarias y, lo que es estratégicamente más delicado, a una pérdida de confianza en un segmento de negocio clave para la firma.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: la decisión del consejo de la EMT sobre la contratación de Andersen y el inicio formal de acciones judiciales, previsiblemente en las próximas semanas.
- Reacción del valor: por ahora el mercado no ha penalizado las acciones de Indra, pero un fallo adverso que cifre la indemnización en los 9 millones reclamados podría generar volatilidad.
- Precedente sectorial: otras compañías tecnológicas con contratos públicos bajo fondos europeos están expuestas a riesgos similares si no cierran los proyectos en plazo; el caso valenciano marca un estándar de tolerancia cero.
