El nuevo presidente de Colombia, Adelardo de la Espriella, asume el cargo con un lastre económico formidable: un déficit fiscal que alcanzó el 6,4% del PIB en 2025, uno de los más altos de la historia reciente del país. En su análisis, Juan Ramón Rallo desmenuza las cifras del ajuste prometido y advierte sobre las contradicciones que esconden las promesas del equipo económico.
La herencia fiscal de Gustavo Petro
Según expone Juan Ramón Rallo, el gobierno de Gustavo Petro deja unas cuentas públicas profundamente desequilibradas. El déficit de 2025, equivalente a 117 billones de pesos colombianos, no se justifica por una recesión. La economía colombiana no estaba en contracción, sino que se trataba de un desajuste estructural provocado por un aumento del gasto público consolidado equivalente a 6,4 puntos del PIB. Rallo enfatiza que no se trata de un déficit coyuntural para estabilizar la economía, sino de un problema de fondo. El Estado colombiano es demasiado grande respecto a los ingresos que recauda, y solo existen dos alternativas: subir impuestos o recortar gastos de forma significativa para garantizar la sostenibilidad a medio plazo.
Un ambicioso programa de desregulación
El equipo económico de De la Espriella, encabezado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, ha presentado un plan de desregulación que Rallo considera uno de los más ambiciosos de la historia colombiana. Abarca desde la flexibilización del mercado laboral hasta la liberalización del sector energético, muy castigado durante la etapa anterior. Aunque no lo califica como un programa liberal libertario coherente, el analista admite que la dirección es correcta para impulsar el crecimiento. Pero el verdadero desafío, subraya, está en el ajuste fiscal.
El plan de ajuste: números que no encajan
Rallo detalla que la promesa del nuevo gobierno es equilibrar las cuentas mediante un ahorro de 70 billones de pesos por el lado del gasto y 350 billones adicionales por mayores ingresos. La partida de gasto se basaría en la descentralización de competencias hacia los departamentos, lo que en realidad traslada el gasto del gobierno central a las regiones sin reducirlo en términos consolidados. Por el lado de los ingresos, se apunta a eliminar exenciones fiscales (150 billones), formalizar la economía sumergida (100 billones) y reducir la corrupción (100 billones). Estas cifras, sin embargo, se antojan optimistas cuando se contrastan con la realidad de la gestión pública colombiana. Además, el equipo confía en que el crecimiento económico acelerado —proyectado entre un 3% y un 7% anual— incrementará todavía más la recaudación. Sin embargo, estas cifras chocan frontalmente con las proyecciones oficiales: el déficit bajaría solo al 4,8% del PIB en 2026, apenas 30 billones menos que en 2025.
Si existe la capacidad de ajustar hasta 420 billones, ¿por qué el nuevo gobierno estima que solo podrá reducir el déficit en unos 50 billones de pesos a lo largo de todo el mandato? Rallo señala que para 2030 la meta es un déficit del 3,5% del PIB, lo que significa que el ajuste real sería muy inferior al potencial declarado. O bien las cifras están cogidas con muchos alfileres, o el equipo económico oculta un plan más doloroso.
O bien todas estas cifras están cogidas con muchísimos alfileres, o bien el equipo económico sí posee un plan de ajuste que no hayan querido revelar a la población.
— Juan Ramón Rallo
¿Ajuste real o ilusión estadística?
Juan Ramón Rallo plantea dos escenarios. Si las proyecciones de ahorro e ingresos adicionales son meras estimaciones sin base sólida, el equipo de De la Espriella tendrá que elaborar un plan de ajuste real y no solo titulares vagos. Pero si ya existe un plan concreto que se ha ocultado por su impopularidad, la aplicación de medidas drásticas podría desencadenar una fuerte contestación social. En un país con un historial de protestas que pueden paralizar reformas, la falta de transparencia es una bomba de relojería. El ejemplo de Javier Milei en Argentina, recuerda Rallo, muestra que un ajuste profundo fue aceptado porque se había anunciado claramente durante la campaña; en Colombia, la ausencia de un debate claro podría hacer que los ciudadanos se sientan traicionados y se movilicen contra el gobierno.
Riesgos para la estabilidad política y social
El analista advierte que si la población se siente engañada, los sectores de extrema izquierda podrían instrumentalizar el malestar para generar inestabilidad política que tumbe los recortes. En ese caso, la reconstrucción económica se complicaría gravemente. Por tanto, De la Espriella se enfrenta a un dilema: ser honesto sobre la dureza del ajuste necesario y arriesgarse a un desgaste inmediato, o aplicar medidas de forma opaca y exponerse a una crisis de legitimidad mas adelante. La experiencia argentina demuestra que un ajuste anunciado con transparencia puede ser viable; el hermetismo, en cambio, siembra dudas y alimenta a la oposición más radical.
En definitiva, el mayor reto de Adelardo de la Espriella no será haber ganado las elecciones, sino tapar el gigantesco agujero presupuestario que los años de desgobierno de Gustavo Petro dejan tras de sí. Y ese ajuste, que tarde o temprano llegará, definirá el éxito o el fracaso de su presidencia.
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