Las tres principales asociaciones del sector cripto en Estados Unidos –la Blockchain Association, el Crypto Council for Innovation (CCI) y la Digital Chamber– han enviado una carta conjunta al Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes para pedir la aprobación sin cambios de la H.R. 9175, la Ley de Claridad Fiscal para la Minería y el Staking. La misiva, fechada el 21 de junio de 2026, busca que los mineros y los validadores de redes como Bitcoin o Ethereum puedan diferir el pago de impuestos sobre sus recompensas hasta el momento en que las vendan, y no en el instante en que las generan.
Actualmente, el Servicio de Impuestos Internos estadounidense (IRS) considera que tanto los bitcoins minados como las recompensas de staking son ingresos brutos en el mismo momento de su creación, una doctrina que se remonta al Aviso 2014-21 y que se endureció en 2023 con la Resolución Fiscal 2023-14. Eso obliga a mineros y stakers a tributar por activos que quizá nunca conviertan en dólares, generando un problema de liquidez que, según el sector, desalienta la actividad de validación en suelo estadounidense.
¿Qué propone exactamente la H.R. 9175?
El proyecto de ley, presentado por el representante republicano Mike Carey, no elimina la obligación tributaria, pero ofrece una alternativa. Los mineros y los participantes en protocolos de prueba de participación podrían optar por tratar los nuevos activos digitales como propiedad autocreada, lo que les permitiría retrasar el reconocimiento fiscal hasta la venta. Además, la norma corrige un obstáculo técnico para los grantor trusts (fideicomisos otorgantes), que podrían recibir recompensas de staking sin perder su estatus fiscal, una mejora relevante para fondos e inversores institucionales.
La H.R. 9175 fue uno de los seis proyectos sobre fiscalidad digital que el Comité de Medios y Arbitrios analizó en una audiencia completa el pasado 9 de junio de 2026, la primera de este tipo en años. La carta firmada por los directores ejecutivos Summer Mersinger, Ji Hun Kim y Cody Carbone califica el texto de ‘compromiso duradero’ y urge a los legisladores a no introducir enmiendas que puedan diluir su alcance.
Por qué los mineros y stakers de EE.UU. necesitan esta ley
Las redes de prueba de trabajo y de participación protegen hoy más de 1,7 billones de dólares en activos digitales. Pero la normativa actual coloca a los operadores estadounidenses en una posición de desventaja frente a competidores extranjeros con tratamientos fiscales más favorables. Las asociaciones advierten de que la obligación de tributar por recompensas ilíquidas empuja la actividad de validación fuera del país, en detrimento de la seguridad de la red y de la soberanía tecnológica.
En paralelo, la senadora Cynthia Lummis —una de las voces más activas a favor de la industria— impulsa en el Senado una legislación con un espíritu similar, que también aplazaría la tributación del minado y el staking hasta la venta. La ventana legislativa, sin embargo, se estrecha: el Congreso entra en receso en agosto, y Lummis abandonará su escaño en enero de 2027. De no aprobarse la H.R. 9175 antes del parón estival, la oportunidad podría esfumarse durante meses.
La unidad mostrada por las tres asociaciones no es habitual. Hasta ahora, las voces del sector solían llegar fragmentadas al Capitolio. La carta conjunta ha sido enviada por las tres asociaciones en una muestra de unidad inédita en en el sector. Este frente común coincide con un momento de rara sintonía legislativa: varias iniciativas sobre activos digitales han avanzado en los últimos meses y los legisladores están más receptivos que nunca a revisar el marco fiscal.
La H.R. 9175 no es una varita mágica, pero sí la herramienta más concreta en una década para que mineros y stakers dejen de tributar por ingresos que aún no existen.
Una batalla fiscal que dura más de diez años
La raíz del conflicto se remonta a 2014, cuando el IRS publicó el Aviso 2014-21 y equiparó las recompensas de minería a un salario: tributable al recibirse, incluso si el minero nunca las vendía. La decisión sembró una inseguridad jurídica que se agravó nueve años después con la Resolución 2023-14, al extender el mismo criterio al staking. En la práctica, muchos validadores se han visto obligados a vender parte de sus recompensas solo para pagar al fisco, lo que reduce el capital que pueden reinvertir en asegurar la red.
Desde entonces, la industria ha intentado sin éxito cambiar las reglas. La H.R. 9175 representa ahora la mejor oportunidad de enmienda. A diferencia de otros intentos, esta ley no pide una exención total, sino un diferimiento que alinea el tratamiento fiscal de los criptoactivos con el que reciben otros bienes de creación propia, como las cosechas agrícolas o las patentes.
Si el Comité de Medios y Arbitrios decide llevar el proyecto al pleno sin modificaciones, la votación podría producirse antes del receso de agosto. De conseguirlo, Estados Unidos enviaría una señal contundente a los mercados: que la innovación en infraestructura digital no será penalizada por un código fiscal pensado para una era analógica. En caso contrario, el sector seguirá operando bajo unas reglas que muchos consideran un lastre para la competitividad estadounidense.
