Los ETF de Solana que tanto espera el mercado podrían quedarse sin la ley que les daría seguridad jurídica. La razón: si los demócratas consiguen la mayoría en la Cámara de Representantes en las midterms de noviembre, su primer objetivo será investigar a fondo los negocios cripto del presidente Donald Trump y de su familia, relegando la CLARITY Act —el proyecto que definirá si Solana es una materia prima (commodity) o un valor (security)— a un segundo plano.
Así lo adelanta un análisis de Cryptopolitan, que dibuja un escenario en el que la pugna política por las criptofortunas del mandatario deja sin marco legal a uno de los ecosistemas más dinámicos del sector. Y el dato que condensa todo: los mercados de predicción apenas dan un 20% de probabilidades a que la CLARITY Act se apruebe en 2026.
La lupa demócrata sobre las criptofinanzas de Trump
El representante Jamie Raskin, de Maryland, el demócrata de más alto rango en el Comité Judicial de la Cámara, no ha ocultado sus intenciones. Si su partido recupera el control en noviembre, tomará el mazo y convertirá en prioridad lo que él mismo denomina “una emergencia cívica” en torno a la corrupción presidencial. Su lista de objetivos incluye a la fiscal general Pam Bondi, por el manejo de los archivos de Jeffrey Epstein, y al propio Trump, por sus movimientos en el universo cripto.
Los números que maneja el Congreso son elocuentes. La declaración financiera más reciente del presidente —927 páginas— revela más de 1.000 millones de dólares en ingresos vinculados a las criptomonedas en 2025. De ellos, unos 635 millones proceden de regalías de los Celebration Coins, una línea de negocio ligada a su memecoin $TRUMP. Otros 500 millones corresponden a ventas de World Liberty Financial, la empresa cripto cofundada por su hijo Barron, cuyas tenencias personales rondan los 150 millones de dólares.
La congresista Yassamin Ansari, demócrata por Arizona, ya ha pedido citar a declarar a Barron Trump —un chico de 20 años— por sus vínculos con los influencers encarcelados Andrew y Tristan Tate. Mientras los republicanos mantengan el control del mazo en la Cámara esa solicitud está congelada, pero una mayoría demócrata la desbloquearía de inmediato.
La caza política al presidente está poniendo en pausa la única ley que podría dar a Solana el billete al ETF. Y el reloj corre en contra.
La CLARITY Act, empantanada en el Senado
La CLARITY Act es la pieza legislativa que las empresas cripto llevan todo 2026 empujando. Su objetivo: establecer por fin una línea divisoria entre commodities y securities digitales, ofreciendo un marco claro para que reguladores como la SEC y la CFTC sepan a qué atenerse con activos como Solana. Sin embargo, el proyecto lleva semanas atascado en el Senado.
El líder de la mayoría, el republicano John Thune, confirmó que la cámara no la votará antes del receso de agosto, lo que retrasa cualquier decisión hasta, como mínimo, el 14 de septiembre. Aunque los republicanos controlan 53 escaños, necesitan 60 para superar el filibuster (la maniobra de bloqueo que impide avanzar sin un amplio consenso). Eso obliga a sumar apoyos demócratas, y estos se niegan a respaldar la ley mientras no incluya una cláusula de ética que impida a Trump seguir lucrándose de sus negocios cripto.
Una docena de senadores demócratas ha mostrado cierta apertura, pero solo a cambio de una provisión que obligue al presidente a desprenderse de sus activos digitales. La enmienda Tillis-Gallego, que añadía ese requisito, está ahora sobre la mesa, sin que la Casa Blanca o los republicanos hayan confirmado si la aceptarán. Mientras, las senadoras Elizabeth Warren y Richard Blumenthal han pedido a la SEC que investigue si el token $TRUMP constituyó una “estafa ilegal” y un posible “rug pull”, al constatar que casi un millón de inversores perdieron 3.800 millones de dólares mientras el presidente ingresaba 636 millones.
Análisis: una ventana que se cierra para los ETF de Solana
Para Solana, la parálisis de la CLARITY Act no es un contratiempo cualquiera. La clasificación del token como commodity es el pasaporte que permitiría a los gestores de activos —VanEck, 21Shares y otros— lanzar un ETF al contado, similar al camino que recorrieron bitcoin y ether. Si la ley se retrasa y el vacío legal persiste, la SEC tendrá argumentos para tratar a SOL como un valor, lo que enfriaría cualquier solicitud de ETF durante meses, tal vez años.
El precedente más cercano es ether, cuyo ETF al contado llegó solo después de que la CFTC y los tribunales consolidaran la idea de que la red funcionaba como una commodity. Solana aún no tiene esa certeza. La concentración de los validadores, la gobernanza del ecosistema y la presencia de una fundación (Solana Foundation) que a menudo actúa como coordinadora central siguen siendo puntos débiles que la SEC podría explotar en una revisión estilo Howey. De hecho, en alguna ocasión la agencia ya ha calificado a SOL de security en escritos judiciales.
El riesgo, por tanto, es que la ventana de oportunidad abierta por los ETF de bitcoin y ether se cierre antes de que Solana consiga su propio vehículo cotizado. Si la CLARITY Act no sale adelante en 2026, el calendario legislativo de 2027 será aún más cuesta arriba, con una posible nueva administración y otras prioridades en la agenda. Y mientras Washington se enreda en citaciones y comparecencias, los capitales institucionales que ya han empezado a mirar a Solana con seriedad —los datos de Data for Progress cifran en 294 millones de dólares el gasto conjunto de las tecnológicas y criptoempresas en este ciclo electoral— podrían acabar desviándose hacia otros activos con menos incertidumbre jurídica.
La próxima gran fecha, el 14 de septiembre, marcará el pulso. Si para entonces no hay humo blanco en el Senado, el reloj empezará a correr más deprisa para los ETF de Solana. La política, una vez más, decide el destino de una tecnología.
