Hasta el 87% del crudo importado por las refinerías europeas podría quedar bloqueado por la nueva regulación de metano de la Unión Europea. La advertencia, lanzada por Luis Cabra, director general de Transición Energética de Repsol, eleva la presión sobre Bruselas a menos de un año de la entrada en vigor de la normativa, prevista para 2027. En una entrevista concedida a elEconomista, Cabra ha cifrado en ese porcentaje el volumen de petróleo que podría no cumplir con los nuevos requisitos, un cálculo que la compañía considera verosímil y que amenaza con desencadenar un problema de abastecimiento superior al vivido durante la reciente crisis del estrecho de Ormuz.
Cabra ocupa el cargo de director general de Transición Energética, Tecnología, Institucional y adjunto al consejero delegado de Repsol. Desde esa posición, ha alertado de que la normativa europea sobre las emisiones de metano se aplicará con carácter extraterritorial a partir de 2027. Esto significa que los productores de petróleo de terceros países deberán demostrar que cumplen con los requisitos de medición, monitorización y control exigidos por Bruselas si quieren seguir exportando crudo al mercado comunitario. El problema, según el directivo, es que una parte muy importante de los países productores no dispone todavía de sistemas que permitan certificar ese cumplimiento, lo que podría dejar fuera una enorme cantidad de petróleo que actualmente abastece a las refinerías europeas.
La advertencia de Repsol: hasta el 87% del crudo podría quedar fuera
El dato más llamativo es que el alcance potencial del problema podría afectar hasta a un 87% del crudo que hoy importa la Unión Europea. “Si la regulación entra en vigor en los términos previstos, la crisis de Ormuz se va a quedar corta”, ha advertido Cabra, en alusión a las recientes tensiones en el estrecho que pusieron en jaque la llegada de petroleros a Europa y dispararon el precio del Brent. La comparación no es baladí: aquella crisis, aunque breve, demostró la fragilidad del sistema de suministro europeo, que depende en gran medida del petróleo procedente de Oriente Medio y otras regiones con sistemas regulatorios menos desarrollados.
El directivo de Repsol subraya que el objetivo de reducir las emisiones de metano es compartido por la industria, pero considera que el diseño actual de la normativa presenta dificultades prácticas insalvables. A su juicio, resulta extremadamente complejo exigir a productores situados fuera de la UE unos requisitos cuya verificación depende de las autoridades y de los sistemas regulatorios de sus respectivos países. Muchos de esos productores carecen de la capacidad técnica o institucional para acreditar el cumplimiento en el corto plazo, por lo que una entrada en vigor rígida en 2027 privaría al mercado europeo de una fuente masiva de crudo.
Riesgo de desabastecimiento: el precedente de Ormuz y la dependencia europea
La alarma de Cabra se produce en un contexto energético ya de por sí complicado. Europa afronta un escenario de menor disponibilidad de crudo tras las restricciones al petróleo ruso y la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio. La crisis del estrecho de Ormuz, que el verano pasado interrumpió parcialmente el tránsito de petroleros, elevó los precios del combustible y puso en evidencia la dependencia de las refinerías europeas de rutas marítimas que pueden verse interrumpidas por conflictos. Ahora, la regulación del metano añade una amenaza adicional de carácter administrativo, que podría tener un impacto aún más profundo y duradero.
Esa dependencia de los suministros externos deja a las refinerías en una posición especialmente vulnerable, tal y como ya se ha comprobado durante la la crisis de Ormuz. Si hasta el 87% del crudo importado queda fuera del mercado por razones regulatorias, las refinerías se enfrentarían a una drástica reducción de su actividad y a la necesidad de buscar suministros alternativos en un mercado global ya tensionado. La dificultad para reemplazar esos volúmenes en un plazo tan ajustado es uno de los principales motivos de la advertencia que lanza Repsol.
“Si la regulación entra en vigor en los términos previstos, la crisis de Ormuz se va a quedar corta”, ha advertido Luis Cabra.
La petición de Repsol es clara: Bruselas debe ajustar el reglamento antes de que entre plenamente en vigor. La propuesta de Cabra pasa por adaptar el calendario y establecer mecanismos de flexibilidad que permitan evitar un impacto inmediato sobre la seguridad del suministro, sin que eso suponga renunciar a los objetivos medioambientales. “Todavía existe margen para encontrar soluciones que compatibilicen la reducción de las emisiones de metano con el mantenimiento de un abastecimiento estable de petróleo para Europa”, ha manifestado el directivo. De no hacerse, advierte, el continente podría enfrentarse a una situación sin precedentes para sus refinerías.
Análisis: ¿puede la UE salvar el clima sin estrangular el suministro?
La posición de Repsol refleja una tensión cada vez más evidente entre los ambiciosos objetivos climáticos de la UE y la realidad de una industria que aún depende del petróleo. El Reglamento (UE) 2024/1787, que establece las nuevas obligaciones sobre el metano, fue aprobado en un momento de relativa estabilidad geopolítica, pero su aplicación llega en un periodo marcado por la desglobalización energética y la búsqueda de fuentes seguras. El problema no es el objetivo —reducir las emisiones de metano, un gas con un potencial de calentamiento global 80 veces superior al CO₂ en dos décadas—, sino el calendario y la falta de mecanismos de transición para los productores no comunitarios.
La UE importa más del 90% del petróleo que consume. Países como Arabia Saudí, Irak o Nigeria, que suministran una parte significativa de ese crudo, no disponen hoy de los sistemas de monitorización requeridos. Si Bruselas no ofrece alternativas —como un periodo de gracia, incentivos para la certificación o acuerdos bilaterales—, se arriesga a provocar una contracción artificial de la oferta que elevará los precios de los carburantes en un momento de inflación persistente. Para España, el impacto podría ser especialmente notable: las refinerías de Repsol, Cepsa y BP en la Península procesan una media de 1,2 millones de barriles diarios, y una interrupción parcial del suministro se traduciría en un alza inmediata del precio de la gasolina y el diésel.
No obstante, la advertencia de Cabra no es un ataque frontal a la regulación, sino una llamada al pragmatismo. La reducción de metano es una de las palancas más rápidas para mitigar el calentamiento global a corto plazo, y la industria del petróleo y el gas es un emisor importante. La cuestión es si la UE está dispuesta a revisar su normativa para evitar un shock de oferta que podría torpedear sus propios objetivos de transición energética, al erosionar la confianza de los mercados y disparar los costes para consumidores e industrias. La respuesta debería llegar en los próximos meses, antes de que la fecha límite de 2027 se convierta en una cuenta atrás irreversible.
La alternativa de no actuar, o de hacerlo tarde, es un escenario en el que las refinerías europeas trabajen a medio gas, los precios de los combustibles se disparen y la seguridad energética quede comprometida. La crisis de Ormuz fue un aviso; la regulación del metano, en su forma actual, podría ser el detonante de un desabastecimiento estructural. Como recuerda Cabra, aún hay margen para la corrección. Pero el reloj corre.
