El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha imputado al vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, por su presunta implicación en el rescate público de Air Europa. La decisión supone un nuevo foco de presión sobre la credibilidad del proceso de recapitalización de la aerolínea y escala el riesgo reputacional para el holding público.
Qué investiga el juez
El magistrado ha admitido a trámite la querella presentada por PP y Vox y aprecia indicios de presunto delito de prevaricación administrativa. El auto abre diligencias para esclarecer cómo se tramitó y aprobó una operación que, en su día, ya estuvo envuelta en polémica por la deuda que Air Europa mantenía con Hacienda y que, en principio, impedía el acceso a las ayudas.
Lora, número dos de la SEPI, ha sido citado como investigado y deberá declarar ante el juez el próximo 3 de julio. La citación se produce en un momento delicado para la entidad pública, que gestiona la cartera de participaciones industriales del Estado y que ya había defendido la legalidad de todo el procedimiento.
El foco en el Consejo Rector del FASEE
Dentro de las diligencias, el instructor ha requerido a la SEPI y al Consejo Rector del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) que identifiquen a todas las personas que participaron en las reuniones relacionadas con el rescate. La petición incluye al secretario, los vocales con derecho a voz y voto y los invitados que asistieron a las sesiones en las que se abordó el expediente de Air Europa.
El auto judicial ha ha detallado que también se persigue identificar a los técnicos encargados de instruir el expediente de la compañía aérea y a la persona responsable del informe elaborado por la Abogacía del Estado. Fuentes jurídicas consultadas señalan que el objetivo es reconstruir el proceso de toma de decisiones para determinar si existió un desvío de poder o una vulneración deliberada de los requisitos legales.
La imputación del vicepresidente de la SEPI añade un factor de incertidumbre regulatoria a las participaciones industriales del Estado que el mercado aún no ha descontado.
Un rescate bajo la lupa judicial desde 2021
La ayuda a Air Europa, articulada a través del FASEE con un préstamo participativo de 475 millones de euros y otros 36 millones en préstamo ordinario, ha estado en el centro de la controversia desde su aprobación en 2021. En aquel momento, la aerolínea acumulaba una deuda tributaria que, según los criterios del propio fondo, debería haber bloqueado la operación. Sin embargo, la SEPI defendió que la empresa cumplía los requisitos de estratégica y viable.
Ahora, la investigación judicial se suma a otros expedientes abiertos sobre el rescate. El caso va más allá de Air Europa porque cuestiona la gobernanza del mecanismo de apoyo a empresas estratégicas gestionado por la SEPI. Si se acredita la prevaricación, el impacto reputacional para el holding público y para el Gobierno sería notable, y podría abrir la puerta a reclamaciones de responsabilidad contable o, incluso, a la anulación de algunos actos administrativos.
En la práctica, el mercado de deuda de Air Europa apenas ha reaccionado a corto plazo, ya que la aerolínea opera bajo el paraguas del grupo IAG tras su adquisición parcial. No obstante, analistas de Bloomberg Intelligence apuntan que cualquier sombra sobre la legalidad del rescate podría complicar futuras operaciones de financiación pública para el sector aéreo o para la propia SEPI en sus planes de inversión en sectores como el energético o el de defensa.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: La declaración de Bartolomé Lora el 3 de julio y la posible ampliación de la investigación a otros miembros del consejo rector.
- Reacción del valor: Air Europa no cotiza de forma independiente, pero la incertidumbre puede afectar la percepción de IAG y de otras empresas participadas por la SEPI.
- Precedente sectorial: El caso recuerda la anulación del rescate de Alestis por parte del Tribunal de Cuentas, que terminó con reintegros millonarios.
