Las multas CNMC energéticas se encaminan a un récord histórico. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tramita en estos momentos 158 expedientes sancionadores que, si acaban en sanción máxima, superarían los 1.000 millones de euros. Esa cifra flota como una espada de Damocles sobre las eléctricas, en especial sobre Iberdrola y Endesa, que concentran la mayoría de los casos.
El organismo regulador acumula, según datos internos recabados por EXPANSIÓN, un total de 753 procedimientos vivos, de los cuales esos 158 son sancionadores por conductas indebidas. La cifra se ha disparado a raíz del apagón del 28 de abril de 2025, que por sí solo ha generado más de 60 expedientes, la mayor parte catalogados como graves o muy graves. No es solo un desafío jurídico: la inminente salida de la presidenta Cani Fernández, el próximo 16 de junio, añade presión para resolver los casos antes de que se judicialicen en masa.
Un récord de expedientes impulsado por el apagón de 2025
El apagón masivo que afectó a casi 10 millones de hogares y paralizó infraestructuras críticas hace un año sigue coleando en los despachos de la CNMC. La investigación técnica derivó en una cascada de expedientes: más de 60 aperturas, la mayoría calificadas como muy graves o graves. Según la ley eléctrica, una infracción muy grave puede conllevar sanciones de hasta 60 millones de euros; en hidrocarburos, el tope es de 30 millones.
La distribución interna de los 158 expedientes muestra que el 13% son muy graves, el 80% graves y el resto leves. Aplicando esos baremos máximos, las multas potenciales se mueven en una horquilla de entre 1.000 y 1.200 millones de euros. Una factura que pondría a prueba la capacidad de resistencia de cualquier utility, sobre todo porque varias de las grandes ya han anunciado que recurrirán cada multa que se les imponga.
La mayoría de los procedimientos afectan al sector eléctrico, aunque también hay casos en el gas y los carburantes. Pero es el apagón lo que ha inflado el volumen: la CNMC tuvo que desdoblar el caso principal en decenas de piezas separadas para atribuir responsabilidades individuales a distribuidoras, generadoras y transportistas.
La CNMC se enfrenta a la mayor oleada sancionadora de su historia, con unas eléctricas dispuestas a llevar cada multa hasta los tribunales y un relevo en la presidencia que amenaza con ralentizar las decisiones.
Las eléctricas ya están preparando sus equipos jurídicos. Fuentes del sector reconocen que la batalla legal será larga y que varias compañías han provisionado cantidades millonarias para hacer frente a las contingencias. Sin embargo, la cuantía final dependerá de la capacidad de la CNMC para probar negligencia o dolo, algo que las empresas negarán con vehemencia.
Iberdrola, Endesa y Naturgy: los gigantes bajo la lupa
Los datos internos del regulador muestran que Iberdrola encabeza la lista con 25 expedientes. Endesa le sigue con 19 y Naturgy con 12. Detrás aparecen Repsol, Cox, Alpiq, BP, Gesternova, Holaluz, Contour Global, TotalEnergies y Vitol, entre otras. El mapa refleja la estructura del oligopolio eléctrico nacional y apunta a que la mayoría de los expedientes se concentran en las actividades de distribución y generación.
Iberdrola y Endesa no solo son las más expedientadas: son también las que más recursos pueden movilizar. Esta asimetría es uno de los principales quebraderos de cabeza para el regulador. Los servicios jurídicos de ambas ya han presentado alegaciones en varios procedimientos y no descartan elevar los casos al Tribunal Supremo. De hecho, algunos expedientes están ya judicializados, lo que complica la foto final.
Naturgy, aunque con menos procedimientos, tampoco sale indemne. Sus expedientes están relacionados en su mayoría con su papel como distribuidora y comercializadora en zonas donde la competencia es limitada. La CNMC lleva meses afinando la metodología para deslindar responsabilidades entre las filiales y la matriz, una cuestión que no es menor.
El incierto relevo de Cani Fernández y la judicialización masiva
La salida de Cani Fernández, cuyo mandato expira el 16 de junio, coincide con el momento de mayor intensidad sancionadora de la historia de la Comisión. Si el Gobierno no nombra sustituto antes de esa fecha, los consejeros afectados —Fernández, Carlos Aguilar y Josep María Salas— deberán seguir en funciones de forma interina. La situación no es nueva: anteriores presidentes han permanecido meses, incluso años, en esa condición a la espera de un relevo que nunca llega por el bloqueo político.
Durante sus seis años al frente, Cani Fernández ha tramitado 589 expedientes sancionadores, de los que 379 son en energía. Es el doble que en los seis ejercicios anteriores y supone dos tercios de todos los expedientes energéticos abiertos en la historia de la CNMC. Su legado es innegable: ha puesto al sector bajo una lupa que nunca había conocido. Pero la salida genera incertidumbre sobre el ritmo y la orientación de las resoluciones pendientes.
En paralelo, el proyecto de crear una Comisión Nacional de Energía (CNE) independiente —defendido por la exministra Teresa Ribera— languidece en los cajones del Ministerio de Transición Ecológica. La falta de consenso político ha ido apagando la iniciativa, algo que, según algunos expertos, refuerza la posición de la actual CNMC. Aunque el nacimiento de una CNE podría haber aliviado la carga de trabajo, la parálisis legislativa consolida de facto el poder sancionador del regulador único.
Desde esta redacción creemos que la conjunción de un volumen récord de expedientes, la resistencia judicial de las grandes eléctricas y un relevo mal gestionado puede erosionar la efectividad de la política sancionadora. No es solo cuestión de imponer multas: el verdadero desafío es que las resoluciones sean firmes y disuadan comportamientos. Si el proceso se eterniza en los juzgados, el efecto final puede ser más modesto de lo que sugieren las cifras. La CNMC tiene las herramientas para actuar, pero el reloj y la política juegan en su contra. La próxima cita relevante será, sin duda, el momento en que se conozcan las primeras sanciones firmes —probablemente a finales de verano— y si el nuevo presidente, sea quien sea, es capaz de mantener el pulso.
