La guerra de los descuentos en el combustible ha dado un giro que pocos esperaban. Las gasolineras automáticas —esas mismas a las que los grandes operadores llevan años señalando como competencia desleal por sus precios bajos— han denunciado a Repsol ante la CNMC. El motivo: los agresivos descuentos con los que la petrolera española está arañando cuota de mercado. La pregunta del titular tiene respuesta rápida: no, Repsol no denuncia a nadie. Es la petrolera la que se sienta en el banquillo de los acusados.
La denuncia, presentada por varias asociaciones que agrupan a estaciones de servicio automáticas y de bajo coste, acusa a Repsol de prácticas anticompetitivas. El argumento central es sencillo pero explosivo: los descuentos que la compañía aplica a través de su aplicación Waylet y de sus programas de fidelización estarían operando, en la práctica, como precios predatorios que ninguna gasolinera independiente puede igualar sin entrar en pérdidas. Hablamos de reducciones que, en algunos momentos, han llegado a 20 céntimos por litro.
Los denunciantes sostienen que Repsol utiliza sus márgenes en otras áreas del negocio —el upstream, sobre todo— para subvencionar una política comercial que estrangula a los competidores en el surtidor. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tiene ahora sobre la mesa un expediente que puede marcar un antes y un después en la regulación del sector de los combustibles en España.
Los descuentos que escuecen en el margen
Para entender la dimensión del conflicto conviene poner algunas cifras sobre la mesa. Una gasolinera automática típica opera con márgenes brutos de entre 4 y 6 céntimos por litro. Son negocios de volumen, que compensan la rentabilidad baja con una estructura de costes mínima: sin personal en pista, sin tienda y, en muchos casos, con terrenos en ubicaciones secundarias. Cada céntimo cuenta.
Cuando Repsol lanza una promoción que descuenta 10, 15 o 20 céntimos durante semanas, el cálculo para una estación independiente es demoledor. Si iguala el descuento, vende por debajo de coste. Si no lo hace, el cliente se va al competidor con la app instalada. No hay término medio. De hecho, varios operadores independientes aseguran que han registrado caídas de ventas de hasta el 30% en los periodos promocionales más agresivos de la petrolera.
Repsol, por su parte, defiende que sus descuentos forman parte de una estrategia legítima de fidelización. La compañía invierte en digitalización, en mejorar la experiencia del cliente y en integrar servicios que van más allá del repostaje. Los céntimos descontados, argumentan, son la recompensa por la fidelidad del consumidor, no una herramienta para expulsar competidores del mercado. Pero la línea entre fidelización y práctica predatoria es, precisamente, lo que la CNMC debe ahora delimitar.
El consumidor atrapado en el fuego cruzado
En el corto plazo, el cliente de a pie solo ve ventajas. Llenar el depósito con un descuento de 15 céntimos supone un ahorro de entre 7 y 9 euros por repostaje, una cantidad nada despreciable en un contexto de inflación persistente. El problema, advierten los denunciantes, es lo que ocurre después.
El patrón es conocido en otros sectores: una empresa con músculo financiero aplica precios artificialmente bajos durante el tiempo suficiente para debilitar a sus competidores. Cuando estos cierran o reducen su presencia, la compañía dominante recupera el margen con subidas que ya no encuentran resistencia. Las gasolineras automáticas temen que eso sea exactamente lo que está en marcha. Y no les falta razón para preocuparse.
En los últimos tres años, más de 200 estaciones de servicio independientes han echado el cierre en España, según datos que manejan las asociaciones del sector. No todas las bajas pueden atribuirse a la política de descuentos de las grandes petroleras —la transición energética y la caída estructural de la demanda también pesan—, pero la correlación entre las campañas promocionales agresivas y el cierre de gasolineras pequeñas es difícil de ignorar por completo.
Un mercado en ebullición: lo que está realmente en juego
Creo que esta denuncia trasciende el caso concreto de Repsol. El sector de los combustibles en España arrastra una tensión estructural que tiene que ver con la propia configuración del mercado. Durante décadas, los tres grandes operadores —Repsol, Cepsa y BP— han controlado no solo la venta al por menor, sino también la logística, el almacenamiento y buena parte de la producción. Las gasolineras independientes, muchas de ellas abanderadas bajo marcas blancas, han ido ganando terreno a base de precio, pero su dependencia de las infraestructuras de los grandes sigue siendo notable.
La cuestión de fondo que la CNMC deberá resolver es si los descuentos que aplica Repsol constituyen una práctica de estrechamiento de márgenes. Es decir, si una empresa verticalmente integrada puede utilizar sus beneficios en la parte alta de la cadena de valor para vender por debajo de coste en el eslabón minorista y expulsar a los rivales que no tienen esa misma estructura. El precedente más cercano está en el sector de las telecomunicaciones, donde la CNMC ya ha intervenido en varias ocasiones para evitar que los operadores con red propia apliquen precios que hagan inviable la competencia de los operadores móviles virtuales.
En el caso de los combustibles, la variable adicional es la transición energética. Todas las petroleras saben que el negocio del surtidor tiene fecha de caducidad —más o menos lejana, según el ritmo de electrificación del parque móvil—, y la tentación de arañar toda la cuota posible antes del declive es comprensible desde una lógica empresarial. Pero una cosa es competir y otra muy distinta es utilizar la posición de dominio para acelerar la concentración del mercado.
Lo que está por ver es si la CNMC actuará con la misma contundencia que ha mostrado en otros expedientes recientes. El regulador no suele tener miedo a la hora de imponer sanciones —basta recordar las multas a las constructoras o a las eléctricas—, pero los casos de precios predatorios son notoriamente difíciles de probar. Hace falta demostrar no solo que los precios están por debajo de coste, sino que existe una estrategia deliberada para eliminar competencia y recuperar después las pérdidas. La carga de la prueba es alta.
Mientras tanto, el conductor que reposta hoy seguirá disfrutando de descuentos que, probablemente, no deberían existir en un mercado perfectamente competitivo. La ironía es evidente: las mismas gasolineras automáticas que durante años fueron acusadas de hundir los precios con prácticas agresivas son ahora las que piden al regulador que ponga coto a quien, según ellas, ha llevado esa misma estrategia demasiado lejos. El círculo se cierra de una forma casi poética.
Habrá que esperar a que la CNMC se pronuncie para saber si la denuncia prospera o queda en un intento desesperado por frenar una tendencia que, quizás, es ya imparable. Lo que es seguro es que el diésel y la gasolina seguirán siendo, por bastante tiempo, un campo de batalla donde los gigantes del sector y los pequeños operadores se disputan cada céntimo. Y en esa pelea, el consumidor gana hoy pero podría perder mañana.
