La economía española depende de la inmigración: Gobierno alerta que sin ella cerrarían bares y servicios

El Ejecutivo de Sánchez eleva el tono contra los planes antiinmigración de la oposición con un argumento de impacto: miles de negocios de hostelería no sobrevivirían. La realidad del mercado laboral respalda el aviso, con los trabajadores extranjeros copando sectores esenciales d

La dependencia extrema de la hostelería y los servicios

Tres de cada diez camareros en España han nacido fuera del país. El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto una cifra demoledora sobre la mesa: sin la inmigración, la hostelería y los servicios colapsarían. El Ejecutivo socialista eleva así el tono de su batalla contra los partidos de la oposición que buscan recortar las políticas migratorias. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, las personas de nacionalidad extranjera representan el 15% de la población activa en España. En sectores como el servicio de comidas y bebidas, sin embargo, la proporción se dispara hasta superar el 30% en muchas comunidades autónomas. La alerta del Ejecutivo, recogida por Bloomberg, apunta directamente a la hostelería: sin brazos migrantes, los bares cierran.

No es una hipérbole. Los propios empresarios llevan tiempo señalando que hay puestos de cocina, sala y limpieza que simplemente no se cubren con trabajadores nacionales. En la práctica, más de 1,2 millones de ocupados extranjeros sostienen cada día el pulso de los restaurantes, los hoteles y los servicios de proximidad. Echar el freno a la inmigración no solo reduciría plantillas: eliminaría negocios enteros. Cifras que hablan por sí solas.

Publicidad

El choque político y el ultimátum del Gobierno

El mensaje del Ejecutivo, según adelantó Bloomberg, es un contraataque directo al programa de la derecha. Partidos como Vox y el ala más dura del PP llevan meses pidiendo un endurecimiento de las condiciones para el reagrupamiento familiar, el cierre de la frontera a la inmigración irregular o incluso la expulsión de extranjeros en situación administrativa irregular. Para el Gobierno de Sánchez, esa agenda pondría en riesgo el funcionamiento diario de las ciudades españolas. “Las fuerzas que intentan cerrar nuestras políticas de acogida ponen en peligro pilares de la vida española”, señalan fuentes del Ejecutivo citadas por la agencia.

Basta con darse una vuelta por cualquier calle de Madrid o Barcelona para verlo. La patronal hostelera ya ha advertido en privado que la aplicación de medidas restrictivas supondría el cierre de miles de locales y la pérdida de decenas de miles de empleos, no solo entre los extranjeros sino también entre los nacionales que dependen de esa cadena de valor. La inmigración se ha convertido en el eje de una batalla electoral que mezcla identidad, seguridad y economía de una forma especialmente volátil.

bares sin inmigrantes

Más allá del discurso: el mercado laboral no entiende de ideología

El debate sobre la inmigración suele quedarse en los titulares, pero los datos de fondo son tozudos. España, con una de las tasas de fecundidad más bajas de Europa, necesita incorporar unos 250.000 trabajadores netos al año para mantener su ratio de cotizantes por pensionista, según proyecciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). La inmigración ha sido durante la última década el único motor de crecimiento de la población activa. Si se corta ese flujo, la presión sobre las cuentas públicas será insoportable. No se trata solo de bares: sin nuevos cotizantes, el sistema público de pensiones se vuelve inviable y la recaudación fiscal se resiente.

Reducir la discusión a un dilema entre cierre de fronteras o colapso de la hostelería es simplista, pero el núcleo del mensaje gubernamental tiene un anclaje irrefutable: la economía española no puede prescindir de los trabajadores extranjeros. El mercado laboral ya no entiende de ideologías. La propia Comisión Europea, en su último informe de envejecimiento, sitúa a España entre los países que más necesitarán atraer talento exterior en los próximos veinte años.

Este redactor opina que el debate debería centrarse en cómo gestionar de forma ordenada esta realidad, en lugar de negarla. La alternativa a una inmigración regulada no es una economía sin inmigrantes —eso no es realista— sino una economía sumergida, con más precariedad y menos capacidad recaudatoria. El partido que ignore este mapa de riesgos se encontrará, más pronto que tarde, con los fogones apagados y las persianas bajadas. Punto.


Publicidad