La industria europea y más concretamente la española está sufriendo un problema de competitividad debido a los altos precios de la energía. Una realidad representada en el ultimo estudio de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española en colaboración con EY en la sede de la CEOE. Un evento al que Merca2 ha asistido y que no solo ha hecho una descripción cuantitativa del problema de competitividad generado por los sobrecostes energéticos; sino que también ha apuntado a soluciones realistas con un impacto medible en la economía española.
La industria en el ojo de la tormenta
El informe ha dibujado un escenario especialmente preocupante para la industria europea en un momento en el que Estados Unidos y China avanzan con políticas energéticas mucho más competitivas. Según los datos expuestos durante la presentación, el PIB de la Unión Europea apenas ha crecido un 25% desde 2009, mientras que Estados Unidos ha aumentado un 91% y China un 252%. En paralelo, Europa ha perdido peso en la economía mundial, pasando de representar el 24% del PIB global al 17% en apenas quince años.
En ese contexto, la energía ha aparecido como uno de los principales factores que explican la pérdida de competitividad industrial europea. Aunque la crisis energética de 2022 moderó parcialmente sus efectos en los últimos ejercicios, las empresas europeas continúan soportando costes eléctricos muy superiores a los de sus competidores internacionales. El estudio señala que, tras la pandemia y la crisis del gas, los precios eléctricos industriales europeos se mantienen aproximadamente un 50% por encima de China y hasta un 140% por encima de determinadas regiones industriales de Estados Unidos.
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España ha representado además uno de los casos más sensibles dentro de Europa. El informe presentado ha advertido de que la industria manufacturera española ha ido perdiendo peso económico de manera continuada durante las dos últimas décadas. Si en el año 2000 suponía cerca del 18% del PIB nacional, actualmente apenas supera el 12%. El empleo industrial también refleja ese deterioro: hace veinte años representaba alrededor del 17% del empleo total y hoy apenas alcanza el 10%.
La pérdida de músculo industrial no solo ha tenido impacto sobre la producción, sino también sobre la calidad del empleo y la productividad. Durante la presentación se ha destacado que España ha perdido más de 21.000 empresas manufactureras desde 2010, mientras otras grandes economías europeas han conseguido estabilizar o incluso aumentar su tejido industrial.
Uno de los elementos centrales del informe ha sido la comparación de los costes eléctricos industriales entre España, Francia y Alemania. Los datos han resultado especialmente contundentes para los sectores electrointensivos, ya que mientras una gran industria francesa soporta un coste eléctrico de 22 euros por megavatio hora, en Alemania la cifra ronda los 43 euros; pero en España el dato es más grave: el coste asciende hasta casi 59 euros por megavatio hora. Es decir, este sector en España paga un 136% más que la alemana y hasta un 267% más que la francesa en determinados segmentos.
La explicación, según sostiene el informe, no ha residido únicamente en el precio de generación eléctrica. El problema se ha concentrado en los costes añadidos al sistema: impuestos, peajes, cargos regulatorios y especialmente los llamados “servicios de ajuste”. Este último componente ha aumentado un 324% desde 2019, multiplicando su peso dentro de la factura eléctrica y convirtiéndose en uno de los principales factores diferenciales respecto a otros países europeos.
El informe también ha puesto el foco sobre la elevada fiscalidad energética. Según los datos expuestos, los impuestos y cargos representan alrededor del 34% de la factura eléctrica industrial europea. En el caso español, determinadas figuras como el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) o el Impuesto Especial Eléctrico continúan penalizando a las industrias con mayor consumo energético, precisamente las más expuestas a la competencia internacional.
Frente a este escenario, el estudio ha planteado cinco grandes medidas para reducir los costes eléctricos y reforzar la competitividad industrial española. Entre ellas ha destacado la eliminación progresiva del IVPEE hasta 2030, una medida que podría generar un ahorro de hasta 437 millones de euros anuales. También se ha propuesto ampliar la bonificación del 85% del Impuesto Especial Eléctrico a toda la industria manufacturera vinculada a compromisos de eficiencia energética.
Otra de las propuestas más relevantes ha sido establecer una reducción estructural del 80% en los peajes eléctricos para consumidores electrointensivos, así como aumentar las compensaciones por costes indirectos de CO2 hasta el máximo permitido por Bruselas. Según las estimaciones presentadas, el conjunto de medidas permitiría reducir entre un 10% y un 30% el coste final de la electricidad industrial en España.
La opinión de los principales representantes industriales
Ante la presentación de este informe, se reunieron en una mesa redonda los representantes de la diferentes industrias españolas: Elena Mateos (AICE), José López-Tafall (ANFAC), Manuel Domínguez (ASPAPEL), Juan Antonio Labat (FEIQUE), Elena Guede (OFICEMEN), José Portilla (SERNAUTO) y Carola Hermoso (UNESID). En este sentido, el sentir general de los ponentes ha sido el reclamo de unas soluciones estructurales y no coyunturales, ya que los elevados precios de la energía suponen perdidas en los volúmenes de exportación en sectores donde la proyección internacional es tan clave como como el papel, el cemento o el químico. Sumado a lo sensible que es la industria alimentaria por la subida de los costes de la energía debido al alto peso que tiene en sus cuentas la refrigeración.
En definitiva, los representantes industriales apuntan a lo necesario de que estas medidas no deben interpretarse únicamente como ayudas sectoriales, sino como una auténtica política industrial. En este sentido, el informe enfatiza que España cuenta actualmente con una de las mayores capacidades renovables de Europa y podría aprovechar esa ventaja para atraer inversiones ligadas a la electrificación y la descarbonización. Sin embargo, han advertido de que si no se acometen reformas estructurales en la fiscalidad y en los costes regulados del sistema eléctrico, esa oportunidad podría terminar aprovechándose en otros países europeos con marcos más competitivos.
