El anuncio del nuevo gobierno alemán de tijeretazo a su sistema sanitario público ha corrido como la pólvora por la prensa española con un titular tan rotundo como engañoso: Berlín recorta 40.000 millones en gasto social para pagar el rearme. La realidad, sin embargo, exige varios matices. Y la lección de fondo, según Juan Ramón Rallo, no apunta a la defensa, sino al espejo en el que España debería mirarse: las pensiones.
Qué ha anunciado realmente el gobierno de Merz
En su último análisis publicado en YouTube, el economista Juan Ramón Rallo desmonta el relato dominante sobre el plan presentado por el ejecutivo de coalición de Friedrich Merz, formado por la unión entre los conservadores de la CDU y los socialdemócratas del SPD. El gobierno alemán ha remitido al Bundestag un proyecto de ley que contempla un ajuste anual de unos 38.300 millones de euros en el seguro social sanitario, el conocido GKV, una cifra que la prensa redondea al alza hasta los 40.000 millones.
Rallo subraya un primer detalle nada menor: la medida todavía no es ley. Es un proyecto remitido al Parlamento que, eso sí, cuenta con el respaldo de la coalición que lo impulsa. La pregunta de fondo es otra. ¿Se está realmente recortando sanidad para financiar el aumento del gasto militar? La respuesta del economista es un no rotundo, sostenido en tres argumentos.
Por qué no es un trasvase de sanidad a defensa
El primer argumento es de pura arquitectura institucional. El sistema sanitario alemán funciona como un seguro social obligatorio con presupuesto y patrimonio separados del resto del Estado, en una lógica parecida a la de la Seguridad Social española en materia de pensiones. Las cotizaciones que pagan los trabajadores alemanes para financiar la sanidad solo pueden gastarse en sanidad. No hay tubería legal, explica Rallo, que permita reconducir esos euros hacia tanques o cazas.
El segundo argumento tiene fecha. La constatación de que el GKV era estructuralmente deficitario es muy anterior a la guerra de Ucrania y al consenso europeo sobre el rearme. Ya tras la pandemia, en Alemania se discutía abiertamente que las cotizaciones no alcanzaban para cubrir las prestaciones y que la brecha solo iría a más con el envejecimiento. La justificación de los recortes, por tanto, antecede a la retórica bélica.
El tercer argumento es quizá el más demoledor para el titular dominante. Berlín ha logrado exceptuar el aumento del gasto militar del freno constitucional a la deuda, lo que significa que financiará el rearme emitiendo bonos, no recortando otras partidas. No hay restricción fiscal que obligue a tocar la sanidad para pagar la defensa. Una cosa va por endeudamiento; la otra, por sostenibilidad del propio seguro.
Los sistemas contributivos financieramente independientes terminan enfrentándose a recortes serios de las prestaciones y a subidas de las cotizaciones. Alemania ya lo está viendo en sanidad; España lo verá con mucha más dureza en pensiones.
— Juan Ramón Rallo
El truco contable: no se gasta menos, se gasta menos de lo previsto
Aquí llega, a juicio del propio Rallo, el matiz más importante y el peor explicado por los medios. Cuando uno lee «recorte de 40.000 millones» imagina que Alemania pasará a gastar menos en sanidad de lo que gasta hoy. Pues no. El gasto sanitario público alemán es actualmente de 352.000 millones de euros anuales y, sin reformas, las proyecciones lo situaban en 453.000 millones en 2030. Con el plan del gobierno, esa cifra se quedará en torno a 417.000 millones.
Es decir, el gasto seguirá creciendo, solo que a menor ritmo del proyectado. La diferencia con la senda original ronda los 36.000 millones, y los 2.000 millones restantes hasta los 38.300 oficiales se completan con un aumento de las cotizaciones sociales que pagarán los trabajadores. Recaudación que, recuerda el economista, tampoco podrá destinarse a defensa porque sigue atada al seguro sanitario. Traducido a román paladino: pagar más para recibir menos de lo que se prometía.
Contexto: un debate que viene de la pandemia
Conviene situar el movimiento alemán en su contexto. Desde 2022, con la invasión de Ucrania, Berlín ha activado un fondo especial para defensa y se comprometió a superar el umbral del 2% del PIB de la OTAN, objetivo que el nuevo gobierno aspira a sobrepasar con holgura en los próximos ejercicios. En paralelo, los informes del propio Bundesbank y del consejo de expertos económicos llevan años advirtiendo del agujero estructural del GKV, agravado por la inflación sanitaria y el envejecimiento. Las dos conversaciones coinciden en el tiempo, pero no son la misma conversación.
La lección que España debería leer en clave de pensiones
Y aquí entronca la advertencia editorial del vídeo. Si la lectura mayoritaria de la izquierda española —que Alemania demuestra que rearmarse exige recortar lo social— se sostiene en una causalidad que el propio diseño institucional alemán desmiente, la lectura útil es otra. Los sistemas de reparto financiados por cotizaciones funcionan mientras los ingresos cuadren con las prestaciones. Cuando el desequilibrio se vuelve estructural, solo hay tres salidas: subir cotizaciones, recortar prestaciones o ambas a la vez. Es exactamente lo que está sucediendo con el seguro sanitario alemán.
España, sostiene Rallo, lleva años aplazando ese diagnóstico para su sistema público de pensiones, también contributivo y también con un déficit estructural creciente. Las sucesivas reformas han ido por el camino de aumentar las cotizaciones —vía MEI, destope de bases máximas o cuota de solidaridad— mientras se posponen los ajustes por el lado del gasto. La aritmética, sin embargo, es inflexible. Si Berlín, con una demografía algo menos castigada que la española y una economía mayor, ya está poniendo las barbas a remojar, la pregunta es cuánto tiempo más podrá la Seguridad Social española sostener la promesa actual sin tocar de forma seria ni la edad efectiva de jubilación, ni la tasa de sustitución, ni el calendario de revalorización.
Una conclusión incómoda
El mensaje final del vídeo es claro y, conscientemente, incómodo. La noticia alemana no debería leerse como una pugna entre cañones y mantequilla, sino como un recordatorio de que las cuentas de los sistemas sociales contributivos siempre acaban cuadrando, aunque sea por la mala. La pregunta no es si España hará ajustes en pensiones, sino cuándo y a qué coste. ¿Llegaremos a tiempo de elegir cómo, o tendremos que aceptar lo que toque cuando la aritmética se imponga?
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