El Grupo Parlamentario Popular llevará este mismo miércoles al Pleno del Congreso una proposición no de ley que insta al Gobierno a cumplir de una vez el capítulo ferroviario de la Ley de Movilidad Sostenible y, muy en particular, a restaurar las indemnizaciones por retraso que Renfe aplicaba antes de la liberalización del sector. La iniciativa, registrada en un clima de creciente malestar por las incidencias en la red, aprieta al Ministerio de Transportes para que reactive el compromiso de puntualidad que la norma le exige desde diciembre de 2025.
El recorte que trajo la liberalización: qué pasó con las indemnizaciones de Renfe
Antes de que Ouigo e Iryo pisaran la alta velocidad española, Renfe operaba con una política de compensaciones sencilla y generosa: el viajero recuperaba el 50% del precio del billete si el retraso superaba los quince minutos, y el 100% si pasaba de media hora. Aquel sistema cayó con la llegada de la competencia, en 2021, cuando las operadoras privadas empezaron a comercializar sus propios esquemas de devolución –normalmente menos favorables– y Renfe, para no perder músculo, rebajó sus umbrales de compensación.
La Ley de Movilidad Sostenible, publicada en el BOE a finales de 2025, pretendía dar marcha atrás y recuperar, para todos los operadores, las indemnizaciones del 50% y el 100% por retrasos de quince y treinta minutos. Pero ese mandato no se ha traducido aún en una instrucción efectiva. Ni Renfe ni las privadas han modificado sus condiciones y el Gobierno, según denuncia el PP, guarda silencio desde hace seis meses.
La proposición no de ley recuerda que la obligación no es opcional: está recogida en la disposición adicional cuarta de la ley. El texto que defenderá el portavoz popular en la Comisión de Transportes señala como un incumplimiento ‘antidemocrático’ la omisión del Ejecutivo y reclama que se restablezcan ‘de manera inmediata’ los compromisos de puntualidad anteriores a la liberalización.
Qué exige exactamente el PP más allá de los retrasos
La iniciativa parlamentaria va bastante más lejos de las indemnizaciones tarifarias. Entre los puntos más sensibles está la puesta en marcha ‘de manera inmediata’ de la primera fase del plan de choque ferroviario, que debía estar identificada antes del 5 de febrero de 2026. Ese plan, diseñado para atajar las cientos de limitaciones temporales de velocidad que lastran la red –muchas de ellas con años de antigüedad– sigue sin ver la luz, agravando los tiempos de viaje y la impuntualidad.
El PP también reclama un plan de atención urgente a los pasajeros en caso de incidencias extraordinarias, tanto en estaciones como a bordo de los trenes, así como un protocolo de análisis obligatorio para todos los incidentes de infraestructura que provoquen más de veinte minutos de retraso. La formación considera que la ausencia de estos mecanismos deja al viajero desprotegido justo cuando la red sufre más averías y cortes.
Recuperar el 50% y el 100% de indemnización no es un capricho del PP: es un mandato legal que el Gobierno tiene dormido desde que entró en vigor la Ley de Movilidad Sostenible.
Otros apartados de la PNL tocan el mapa concesional del transporte por carretera –el PP exige garantizar las paradas, horarios y frecuencias actuales mientras se reforma el sistema– y un plan nacional de renovación del parque automovilístico hacia vehículos más seguros y con norma Euro6d, medida que dependería de un esquema de ayudas que el Ejecutivo no ha articulado.
Hoja de Ruta: Claves del Viaje
La proposición del PP llega en un momento de tensión ferroviaria creciente. Las incidencias en la red convencional y de alta velocidad se han disparado en el último año, y la puntualidad media de Renfe –según los últimos datos de Adif que maneja el sector– ha caído por debajo del 85% en varios corredores. Ese deterioro explica la urgencia política, pero también revela un pulso más profundo: la liberalización, que trajo más frecuencias y precios bajos, se hizo a costa de rebajar los estándares de protección al viajero.
El Gobierno no ha desvelado si piensa cumplir la disposición adicional cuarta mediante una instrucción a Renfe o a través de una modificación del reglamento sectorial. Fuentes del Grupo Popular consultadas por MERCA2.ES insisten en que la ley es taxativa y que, seis meses después de su entrada en vigor, no hay excusa administrativa. La pelota está ahora en el tejado de Óscar Puente, que mantiene el argumento de que las operadoras privadas se resistirían a un esquema de compensaciones tan gravoso.
El impacto sobre el bolsillo del viajero es directo: cada día, miles de pasajeros pierden el derecho a un reembolso parcial o total porque los umbrales actuales son más laxos. La legislatura ha entrado en su tramo final y el calendario parlamentario aprieta. El PP quiere que la votación se produzca esta misma semana, antes de que el Pleno se disuelva para el verano. Si la PNL sale adelante –y tiene visos de contar con apoyos de otros grupos–, el Gobierno se vería forzado a mover ficha en un asunto que no le resulta cómodo.
Mientras tanto, la red ferroviaria acumula limitaciones de velocidad sin corregir, y el plan de choque que prometía solucionarlas duerme en un cajón del Ministerio. La contradicción es evidente: se exige puntualidad a las operadoras mientras la infraestructura, responsabilidad de Adif y del propio Mitma, sigue sin acondicionarse. Ese es, probablemente, el nudo real del conflicto.
