La IA amenaza con destruir 2,3 millones de empleos en España en la próxima década, según el primer gran estudio sectorial publicado esta semana. La cifra equivale al 11% de la población ocupada actual y reabre el debate sobre productividad, salarios y reconversión laboral en un mercado que sigue sin digerir las heridas de la última crisis.
Claves de la operación
- Impacto laboral sin precedentes recientes. 2,3 millones de empleos en riesgo de automatización en una década, una cifra que duplica las pérdidas netas registradas durante la pandemia.
- Sectores administrativos y financieros, en primera línea. Banca, seguros, atención al cliente y back-office concentran el grueso de las posiciones expuestas, con efecto directo sobre cotizadas del IBEX 35.
- España afronta el reto sin red regulatoria propia. El país aún no ha desarrollado un marco específico de transición laboral por automatización más allá de lo que exige el Reglamento europeo de IA.
El golpe llega antes de que España haya cerrado la herida del paro estructural
El informe, adelantado por El Mundo, dibuja un escenario en el que el 11% de los empleos españoles podría desaparecer por automatización hacia 2036. La magnitud no es menor: hablamos de un volumen comparable al de toda la población activa de Andalucía. Y llega en un país que apenas ha logrado bajar la tasa de paro estructural por debajo del 10%.
El dato asusta. Conviene mirarlo despacio.
No todos los puestos identificados desaparecerán de forma neta. La literatura económica, desde los trabajos de Daron Acemoglu hasta los informes de la OCDE, distingue entre tareas automatizables y empleos efectivamente destruidos. Una cosa es que una herramienta de IA generativa sustituya el 40% de las tareas de un analista junior. Otra muy distinta es que ese puesto se elimine. La historia económica reciente apunta más a la transformación del puesto que a la liquidación.
Eso sí, la velocidad sí es nueva. Lo que en revoluciones tecnológicas anteriores ocurría en treinta o cuarenta años, ahora se comprime en menos de diez. Y ese diferencial temporal es lo que vuelve políticamente explosivo el informe.
La banca española y el efecto dominó sobre el IBEX 35
El sector más expuesto, según los datos manejados por la consultora autora del informe, es el financiero. Santander, BBVA y CaixaBank ya han recortado más de 25.000 empleos netos en España desde 2020, una tendencia que la IA generativa puede acelerar. Los tres grandes bancos cotizados llevan dos ejercicios anunciando inversiones millonarias en automatización de procesos, modelos de scoring crediticio y asistentes conversacionales.
BBVA cerró un acuerdo con OpenAI en 2024 que amplió en 2025 a más de 11.000 licencias internas. La propia entidad reconoce que el objetivo es elevar la productividad por empleado, no necesariamente reducir plantilla. Pero el mercado lee entre líneas. Cuando un banco anuncia mejoras de eficiencia del 15% sostenidas en el tiempo, los analistas lo traducen en menos oficinas y menos personal de soporte.
Observamos que el debate ya no es si la IA reducirá empleo en España, sino quién pagará la factura de la transición: empresa, Estado o trabajador.
Telefónica, otro pilar del IBEX, ha recortado plantilla en España de forma reiterada en los últimos cinco años bajo distintos ERE. Indra ha optado por la ruta contraria, contratando perfiles de IA aplicada a defensa y administración pública. La fotografía no es uniforme. Pero el saldo neto en los servicios profesionales tradicionales — banca, telco, consultoría — apunta a contracción.
¿Tiene España margen de maniobra frente al choque?
Aquí está el matiz que el informe no resuelve. España llega tarde a la conversación regulatoria. El Reglamento europeo de IA entró parcialmente en vigor en 2024 y completará su aplicación durante 2026, pero su foco es el riesgo del sistema, no la transición laboral. Bruselas no ha legislado sobre indemnizaciones por desplazamiento tecnológico, ni sobre fondos europeos de recualificación específicos para automatización.
El Gobierno español, a través de la AESIA con sede en A Coruña, ha priorizado la supervisión técnica de modelos. La parte laboral sigue dependiendo del SEPE y de los convenios sectoriales, instrumentos diseñados para crisis cíclicas, no para choques tecnológicos.
Analizamos esto como un punto ciego serio. La comparación con economías similares es ilustrativa: Francia ha lanzado un fondo específico de 2.500 millones para reconversión digital, Alemania ha integrado cláusulas de IA en los convenios del metal y la química. España, por ahora, confía en que el crecimiento del empleo en sectores nuevos compense las pérdidas. Es una apuesta razonable, pero no es una política.
Cabe recordar el antecedente más cercano: la digitalización bancaria de la década pasada destruyó alrededor de 100.000 empleos netos en el sector financiero español entre 2008 y 2020, según los datos de la AEB y la antigua CECA. Aquella transición, mucho menos disruptiva que la que se anuncia, dejó comarcas enteras sin oficina y un coste reputacional alto para la banca cotizada. Si el informe acierta en el orden de magnitud, lo que viene es entre veinte y veintitrés veces mayor, y en menos tiempo.
El próximo hito a vigilar es la presentación de la Estrategia Nacional de IA actualizada, prevista para el segundo semestre de 2026, y los resultados del primer trimestre de la gran banca, que dirán si la productividad por empleado sigue marcando récords. Ahí veremos si el ajuste se hace por la vía suave de la no reposición o por la dura del expediente.
