El Banco de Pagos Internacionales, la institución que ejerce como banco central de los bancos centrales, ha lanzado una advertencia que merece atención: las principales plataformas donde se compran y venden criptomonedas están funcionando como bancos, pero sin estar reguladas como tales. La alerta, publicada en su último informe, apunta a un riesgo que puede acabar afectando al sistema financiero tradicional si nadie interviene a tiempo.
Dicho en términos sencillos, los grandes exchanges (las plataformas tipo Binance, Coinbase o Kraken donde los usuarios compran y guardan sus criptomonedas) ya no solo intercambian monedas. También prestan, custodian, dan rendimientos y mueven capital a escala global. Hacen lo que hace un banco. Pero sin el colchón de supervisión que se exige a un banco.
Qué dice exactamente el BIS y por qué preocupa
El informe del BIS describe a los exchanges cripto como shadow banks, un término que se acuñó tras la crisis de 2008 para referirse a entidades que realizan funciones bancarias (conceder crédito, transformar plazos, ofrecer liquidez) sin entrar en el perímetro regulatorio de la banca tradicional. Son, dicho de otro modo, bancos en la sombra: mueven dinero como un banco, pero no responden ante el mismo supervisor.
Según el documento, los grandes exchanges han acumulado funciones que históricamente correspondían a la banca: custodia de activos de clientes por valor de cientos de miles de millones de dólares, préstamos con garantía cripto, productos de rendimiento que se parecen a depósitos remunerados y servicios de pagos. El BIS estima que el volumen agregado de activos bajo custodia en los principales exchanges supera los 250.000 millones de dólares, según los datos recopilados por la institución.
El problema, apunta el informe, no es que ofrezcan esos servicios. Es que los ofrecen sin los requisitos de capital, sin los controles de liquidez, sin los seguros de depósito y, en muchos casos, sin auditorías públicas comparables a las que debe cumplir cualquier entidad bancaria regulada. Si uno de estos actores quiebra, el usuario medio descubre que su dinero no estaba protegido como creía.
A quién afecta esto y por qué no es un problema solo para el sector cripto
Aquí está el matiz que preocupa al regulador. Hace cinco años, la caída de un exchange cripto apenas tocaba al sistema financiero tradicional. Hoy la conexión es distinta. Fondos de pensiones, gestoras como BlackRock o Fidelity, tesorerías corporativas y bancos de inversión tienen exposición directa o indirecta a estas plataformas a través de los ETFs de bitcoin y ethereum, de productos de custodia institucional y de acuerdos de préstamo.
Por ponerlo en contexto, los ETFs al contado de bitcoin aprobados en Estados Unidos en enero de 2024 acumulan ya más de 140.000 millones de dólares en activos bajo gestión, según los agregadores del sector. Una parte relevante de esos activos depende operativamente de la infraestructura de los grandes exchanges. Si una de esas plataformas entra en problemas, el impacto ya no se queda en el nicho cripto: salpica a productos que millones de inversores tradicionales tienen en sus carteras sin saberlo del todo.
El BIS recuerda un precedente que conviene no olvidar. En noviembre de 2022 cayó FTX, entonces el segundo mayor exchange del mundo, dejando un agujero de unos 8.000 millones de dólares en fondos de clientes. Aquello se contuvo porque la penetración institucional era todavía limitada. Hoy no lo es.
Un riesgo que se parece demasiado a 2008
La pregunta incómoda es si estamos repitiendo el patrón que llevó a la crisis financiera de hace casi dos décadas. Entonces, vehículos fuera del balance bancario acumularon riesgo sin supervisión hasta que el sistema entero tuvo que rescatarlos. El paralelismo no es exacto, conviene decirlo. Los exchanges cripto no tienen el tamaño agregado de la banca en la sombra que estalló en 2008, y sus interconexiones con el crédito real son todavía modestas. Pero la dirección del viaje sí se parece.
Lo que cambia respecto a intentos anteriores de regulación es el tono. El BIS no pide prohibir ni frenar, pide aplicar el principio de misma actividad, misma regulación. Si una plataforma custodia dinero de clientes, que cumpla las normas de custodia. Si presta, que cumpla las de crédito. Si ofrece productos de rendimiento parecidos a depósitos, que los registre como tales. Parece sensato, y sin embargo la industria lleva años resistiéndose a ese marco porque, en el fondo, parte de su margen depende de operar fuera de él.
En Europa, el reglamento MiCA ya ha empezado a cerrar algunas de estas grietas desde su aplicación plena en 2024, obligando a los exchanges que operan en la UE a registrarse, separar los fondos de clientes y publicar reservas. Estados Unidos va más rezagado, con un mapa regulatorio fragmentado entre la SEC, la CFTC y los reguladores estatales. El informe del BIS llega en un momento en que varios supervisores nacionales, entre ellos, el Banco de Inglaterra, están revisando su enfoque.
El riesgo, si nadie mueve ficha, no es que un exchange quiebre mañana. Es que la próxima vez que ocurra algo parecido a FTX, la onda expansiva llegue a lugares donde antes no llegaba. Las próximas reuniones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, previstas para la segunda mitad de 2026, serán una buena pista de hasta dónde piensan llevar los reguladores esta conversación.
