Esta semana, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) anunció el inicio de un proceso de negociación con el sector nuclear sobre la tributación de los residuos de las centrales. Con esta medida, el Gobierno pone en suspenso el proyectado aumento del 40% en la ‘Tasa Enresa’, el impuesto que grava a las compañías por el tratamiento de los mismos. Casi de forma simultánea, las organizaciones empresariales y civiles vinculadas a la energía atómica han lanzado un grito unívoco contra el cierre de las plantas.
El incremento en la ‘Tasa Enresa’ había provocado el rechazo generalizado de las compañías gestoras de las centrales. Esta oposición cristalizó en las alegaciones presentadas el pasado lunes por la patronal de la energía atómica, Foro Nuclear, exigiendo la eliminación del sobrecoste. El presidente del Foro, Ignacio Araluce, había avisado en declaraciones a MERCA2 que el aumento de la ‘Tasa Enresa’ «es el resultado de una falta de consenso social que a nosotros no nos corresponde pagar».
EL MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA HA PARALIZADO SUS PLANES DE AUMENTAR UN 40% LA ‘TASA ENRESA’, ABRIENDO UNA RONDA DE DIÁLOGO CON LAS EMPRESAS DEL SECTOR A FIN DE CONSENSUAR UNA SOLUCIÓN A LA FISCALIDAD DE LOS RESIDUOS NUCLEARES
Foro Nuclear considera la carga fiscal de las centrales «excesiva, discriminatoria e incluso en algunos casos redundante», y defiende que cualquier incremento adicional de impuestos y tasas comprometería su viabilidad económica. Por todo ello, acompañó sus alegaciones a la ‘Tasa Enresa’ con la propuesta de una mesa de diálogo con el Gobierno que permita alcanzar un marco estable para las centrales nucleares en el ámbito del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
El Ministerio de Transición Ecológica ha respondido con la apertura de una consulta pública dirigida a sentar las bases de un consenso en torno al impuesto a los residuos. Una pequeña victoria para una industria condenada a la desaparición por el Gobierno de coalición, que se ha comprometido a extinguir por completo la generación atómica española en los próximos años.
ESPAÑA VA «A CONTRACORRIENTE» CON EL CIERRE NUCLEAR
Este clima ha sacado de su letargo a la Sociedad Nuclear Española (SNE), que, precisamente el pasado jueves, celebró la jornada ‘Las centrales nucleares en 2023. Experiencias y perspectivas’ donde presentó los resultados operativos de las centrales en 2023 y el posicionamiento de los profesionales del sector en defensa de las mismas como fuente de energía estratégica en España.
Durante el evento, la SNE puso en valor la producción de los siete reactores que están funcionando en nuestro país: Almaraz I y Almaraz II, Ascó I y Ascó II, Cofrentes, Trillo y Vandellós II, que han aportado al sistema 54.275,01 gigavatios hora (GW/h). Esta cifra representa el 20,34% del total de la producción eléctrica neta.
Estos datos, que ya habían sido hechos públicos hace semanas por Foro Nuclear, sirvieron a Emilio Mínguez, presidente de la SNE, para sostener que la nuclear «es una energía segura, estable y que asegura el suministro de electricidad», haciendo suyas las palabras de su homólogo del Foro.
Mínguez, asimismo, recordó que «la energía nuclear fue incluida el pasado año en el texto negociado de la COP28 como una de las tecnologías necesarias para conseguir los objetivos del Acuerdo de París». En este aspecto, España, a su juicio, «va a contracorriente», por lo que considera necesario que el plan de cierre nuclear contenido en el PNIEC se reevalúe con criterios técnicos y realistas, ajustados a las necesidades actuales.
JÓVENES Y MUNICIPIOS POR LA NUCLEAR
También esta semana ha tenido lugar en Madrid el encuentro entre la agrupación sectorial Jóvenes Nucleares (JJNN) con los representantes de otras agrupaciones análogas a nivel europeo (ENS-YGN) y global (IYNC). La reunión fue el marco elegido por JJNN para lanzar la campaña ‘Salvemos Almaraz’.
La plataforma ‘Salvemos Almaraz’ se presenta como un altavoz común dentro del sector para oponerse al cierre de la unidad I de la central nuclear de Almaraz, que, según el calendario gubernativo de clausura atómica, tendrá lugar en 2027. La iniciativa forma parte de un proyecto de mayor amplitud dirigido a ejercer presión para que el Gobierno de coalición se replantee el cese de actividad de las plantas nucleares españolas.
Por último, la sociedad civil también eligió el jueves 7 de marzo para unirse a la defensa de esta fuente energética. La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares y Almacenamiento de Residuos Nucleares (AMAC) emitió un manifiesto en el que defiende la extensión de la vida de las centrales nucleares, en contra de su cierre acordado por el Gobierno y las empresas eléctricas. AMAC argumenta que se trata de una energía «que no emite CO2 a la atmósfera, ayudando a la lucha contra el cambio climático; además de ser un motor de desarrollo, generando cerca de 30.000 empleos en España».
