Cada verano tiene su relato político. Este, cuando parecía que la derecha mediática tenía el escenario perfecto para instalar la idea de un Gobierno de coalición en descomposición, con José Luis Rodríguez Zapatero como puntilla, ha terminado ofreciendo una fotografía mucho más compleja. El Partido Popular y Vox iniciaron la temporada convencidos de que el desgaste del Ejecutivo era irreversible, apoyados en encuestas que les dibujaban una mayoría absoluta holgada. Sin embargo, la experiencia reciente invita a la prudencia: en 2023 esas mismas expectativas acabaron chocando con las urnas.
La estrategia no era nueva. La acumulación de investigaciones judiciales y casos de presunta corrupción vinculados al entorno del PSOE parecía proporcionar a la oposición un terreno fértil para presentar al Gobierno como políticamente agotado. Durante semanas, buena parte del ecosistema mediático conservador alimentó esa narrativa, convencido de que la legislatura había entrado en su recta final.
Sin embargo, la política rara vez responde a un único factor. El Ejecutivo sigue conservando algunos activos que dificultan ese relato de derrumbe inminente. La evolución de los principales indicadores macroeconómicos, la valoración positiva que siguen obteniendo muchas de sus políticas sociales y un clima social menos crispado de lo esperado, en parte por el verano y por el reciente éxito deportivo de la selección española, han impedido que el desgaste se traduzca automáticamente en una sensación de cambio inevitable.
La derecha mediática ha vuelto a mostrar uno de sus problemas recurrentes: la precipitación. Lleva meses actuando como si las elecciones fueran inminentes, cuando la legislatura todavía dispone de margen. Esa ansiedad política ha provocado que numerosas campañas se hayan agotado antes incluso de consolidarse entre la opinión pública.
También pesa una determinada concepción patrimonialista del poder. En determinados sectores conservadores persiste la idea de que gobernar España constituye casi un estado natural y que cualquier periodo prolongado del PSOE en La Moncloa representa una anomalía que debe corregirse cuanto antes. Esa percepción explica, en parte, la intensidad con la que algunos medios impulsan cada conflicto político con la expectativa de precipitar un cambio de gobierno.
Pero el verano ha terminado complicándose para quienes daban por descontado ese cambio de ciclo.
Uno de los ejemplos más visibles ha sido la campaña contra la regularización extraordinaria de inmigrantes. El discurso impulsado desde sectores de la derecha y de la extrema derecha ha elevado el tono hasta situarse en parámetros claramente polarizadores, alimentando mensajes de confrontación que han incomodado a la Iglesia y el empresariado. Lejos de consolidar un consenso social, la cuestión ha vuelto a dividir profundamente el espacio político.
Tampoco acaba de convertirse en el terremoto político que algunos esperaban la crisis de Ceuta. La entrada masiva de alrededor de 50.000 personas desde Marruecos aparece como el episodio perfecto para alimentar un relato de descontrol migratorio y desgaste del Gobierno. La derecha mediática encuentra en estas imágenes una poderosa herramienta política: una frontera española desbordada y una crisis de soberanía en plena temporada política. Sin embargo, la evolución de la situación está siendo más rápida de lo que muchos anticipaban. La cooperación con Marruecos, la recuperación progresiva del control fronterizo y la gestión de los retornos están reduciendo la dimensión política del episodio antes de que pueda convertirse en la gran crisis de desgaste que algunos sectores de la oposición pronostican.
Algo parecido ha sucedido con la polémica sobre la conocida como ley de nietos. Algunos dirigentes populares han tratado de convertirla en un nuevo frente de confrontación pese a que Alberto Núñez Feijóo defendía planteamientos muy distintos durante su etapa como presidente de Galicia. Esa contradicción ha facilitado que el Gobierno explotara las incoherencias del principal partido de la oposición.
A ello se ha sumado una sucesión de incendios forestales especialmente devastadores. Más allá del drama humano y medioambiental, el debate político se ha desplazado rápidamente hacia la gestión de la prevención, los servicios de extinción y los recortes acumulados durante años en distintas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Las imágenes de grandes superficies calcinadas han dificultado que la oposición pudiera monopolizar la agenda política con otros asuntos.
Tampoco ha resultado especialmente rentable la ofensiva de Feijóo sobre el absentismo laboral. La campaña apenas logró conectar con las preocupaciones mayoritarias de la ciudadanía y terminó situando al PP en una posición cercana al establishment, en vez de a la calle que dice pisar.
Algo similar ha ocurrido con la ley de amnistía. Durante meses, el Partido Popular convirtió la norma en el eje de una ofensiva política y judicial con la expectativa de que el conflicto con las instituciones europeas terminara siendo definitivo para el Gobierno. Pero el aval europeo a la aplicación de la ley dejó a la oposición sin uno de los escenarios que había planteado como inevitable: un choque frontal entre España y Bruselas. La amnistía continúa siendo una de las grandes líneas de fractura política, pero el desenlace europeo no confirmó el pronóstico más duro que había manejado el PP y sus socios.
Mientras tanto, Vox tampoco atraviesa su momento más sólido. El partido ultraderchista de Santiago Abascal, que durante años hizo de la ejemplaridad y la ética pública una de sus principales banderas discursivas, ha visto erosionado ese mensaje tras conocerse informaciones que afectan a su entorno personal. La revelación de que la editorial de Gabriel Ariza pagó más de 60.000 euros a la esposa de Santiago Abascalabrió un frente incómodo para una formación acostumbrada a denunciar las relaciones entre política, medios de comunicación y recursos económicos cuando afectan a sus adversarios.
Del viaje fallido por México al ático
El episodio que más daño ha causado al bloque conservador ha sido el que afecta a Isabel Díaz Ayuso. La polémica presidenta madrileña había construido durante años una imagen de dirigente prácticamente invulnerable desde el punto de vista mediático. Su capacidad para marcar la agenda, convertir cada polémica en un elemento de movilización de su electorado y salir reforzada de sucesivas controversias parecía convertirla en una excepción dentro de la política española.
Sin embargo, esa dinámica parece haberse debilitado.
Su viaje a México, concebido inicialmente como una operación de proyección internacional, terminó envuelto en polémicas que diluyeron el objetivo político inicial y finalizado antes de tiempo. A ello se suma una sucesión de episodios que han ido erosionando la imagen de control absoluto que caracterizaba a su equipo.
La compra de un ático por parte de la Comunidad de Madrid cerca del que reside junto a su pareja ha añadido un nuevo elemento de desgaste. La difusión de imágenes y vídeos del inmueble ha situado nuevamente el foco sobre la situación judicial de Alberto González Amador, investigado por presuntos delitos fiscales, y ha reabierto preguntas incómodas para el Gobierno madrileño.

Todo ello no significa que el Gobierno haya superado sus problemas ni que el Partido Popular haya dejado de ser la principal alternativa electoral. La corrupción sigue representando un serio problema para el Ejecutivo, la legislatura continúa siendo frágil y el escenario político permanece favoreciendo a la derecha y ultraderecha, en sintonía con el trumpismo que recorre la espina dorsal del mundo.
Lo que sí parece haber demostrado este verano es que las victorias políticas anticipadas suelen ser efímeras. Las encuestas siguen siendo fotografías del momento y no actas notariales del futuro. La experiencia de 2023 continúa recordando que una mayoría absoluta proyectada durante meses puede terminar evaporándose el día de las elecciones.
Quizá la principal lección de estas semanas sea precisamente esa. Mientras unos daban por amortizado al Gobierno y otros celebraban un cambio de ciclo que aún no ha llegado, la realidad política ha vuelto a imponerse sobre los relatos. Y, al menos por ahora, el verano que debía certificar el impulso definitivo del Partido Popular está dejando demasiados frentes abiertos para la oposición, que sigue ayuna de liderazgos que generen ilusión, y demasiadas certezas convertidas en ceniza.




