La factura eléctrica incluirá un nuevo concepto durante los próximos doce meses: el coste de reposición del sistema tras el apagón del 28 de abril de 2025. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha fijado ese coste en 38,7 millones de euros y ha establecido un reparto progresivo entre todos los consumidores, aplicando un criterio de proporcionalidad al consumo.
La resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), detalla cómo se saldará la factura de la emergencia que dejó a la península sin luz durante varias horas. De los 38,7 millones, 33,1 millones corresponden a la energía que centrales de ciclo combinado e hidráulicas generaron para reconstruir el sistema, mientras que 5,6 millones financian los intercambios de apoyo desde la frontera con Francia que no pudieron cubrirse con rentas de congestión.
La CNMC ha optado por no castigar a los consumidores que demandaban electricidad justo en el momento del incidente. En lugar de concentrar el pago en esas horas, ha decidido repartirlo entre toda la demanda futura de comercializadores y consumidores directos durante doce meses. El objetivo: evitar un “sobrecoste puntual” que castigara de forma desproporcionada a determinados usuarios.
Desglose de los 38,7 millones: generación, hidráulica y frontera francesa
El organismo presidido por Juan José Ganuza rechaza las propuestas iniciales que valoraban la energía de reposición según el mercado de restricciones técnicas, donde los precios podían alcanzar los 246 €/MWh para los ciclos combinados o 371 €/MWh para la hidráulica. La sala de supervisión regulatoria considera que esas valoraciones habrían “sobreestimado el coste real”. En su lugar, ha construido un precio objetivo basado en costes reales: para los ciclos combinados de gas se fija en 120,50 €/MWh, tras sumar el precio del gas en Mibgas (34 €/MWh), los derechos de emisión de CO2 (65 €/tonelada), los peajes, el IVPEE y otros gastos operativos. A ese precio se retribuyen los 215.483 MWh generados, lo que supone 26 millones de euros.
La hidráulica y el bombeo también reciben 120,50 €/MWh por la energía producida por encima de su programa previo, sumando 5,9 millones y 0,75 millones respectivamente. Las centrales de carbón, con 123,17 €/MWh para sus 3.861 MWh, aportan otros 0,47 millones. De forma paralela, la CNMC ha descontado los 9,1 millones ya liquidados de forma preliminar según el procedimiento de operación 3.9, de modo que el importe neto pendiente es de 29,6 millones de euros.
La CNMC rechaza un cargo puntual sobre las horas del apagón y extiende la factura a todo el consumo del próximo año, limitando el impacto a solo 0,12 euros por MWh.
Con una demanda peninsular anual de aproximadamente 241.595 GWh, la repercusión unitaria que asumirán los consumidores será de 0,12 euros por megavatio hora (0,16 €/MWh si se toma el coste bruto total). Para un hogar medio con un consumo de 3 MWh al año, el sobrecoste anual no llegaría a 40 céntimos.
El impacto real en el recibo: 0,12 euros por MWh
La medida entrará en vigor como máximo cuatro meses después de la publicación en el BOE, pero Red Eléctrica de España (REE) deberá publicar antes el coste mensual y el calendario detallado con dos meses de antelación. La CNMC ha querido dejar claro que no se trata de trasladar indemnizaciones por daños, sino de pagar la energía efectivamente producida y consumida durante la emergencia.
Durante el trámite de audiencia, 16 entidades –patronales eléctricas, asociaciones de consumidores y comercializadoras– reclamaron que el coste se financiara con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o mediante una modificación de los cargos regulados. El argumento de fondo era que el origen del apagón fue ajeno al control de los consumidores.
La CNMC rechazó esa vía. En su resolución alega que carece de competencias para canalizar financiación presupuestaria o para modificar el real decreto de cargos. La traslación a la demanda como componente del coste de la energía era, según su análisis, la única alternativa viable dentro de su marco competencial.
¿Debe el consumidor pagar un fallo del sistema?
La decisión de la CNMC deja un debate abierto que trasciende lo estrictamente técnico. El apagón de abril de 2025 evidenció vulnerabilidades del sistema eléctrico peninsular y, en paralelo, los operadores europeos cuestionaron por qué España no lo evitó. Ahora, doce meses después, se plantea si resulta razonable que quienes no tuvieron responsabilidad alguna en el incidente asuman, aunque sea de forma diluida, el coste de la reposición.
Varios agentes calificaron la medida de “práctica abusiva”, pero el regulador subraya que no se imputa ninguna indemnización, sino un coste real de generación. La metodología aprobada por la CNMC, basada en costes objetivos y no en las ofertas del mercado de restricciones, reduce significativamente la factura final: de haberse aceptado las propuestas iniciales basadas en precios de restricciones, el coste habría podido dispararse por encima de los 200 millones. En este sentido, la labor de contención del regulador es innegable.
Sin embargo, la pregunta sobre la equidad permanece. Mientras los grandes consumidores industriales apenas notarán el incremento, los pequeños hogares podrían percibir la medida como un nuevo recargo sobre un suministro esencial. La CNMC confía en que la transparencia y la información previa de REE basten para disipar las dudas. Pero la experiencia muestra que, en el mercado eléctrico español, la confianza del consumidor se construye lentamente y se pierde con rapidez.
