Disa Corporación Petrolífera ha presentado una demanda contra el Estado español ante la Comisión Europea por el impuesto extraordinario a las energéticas, el conocido como ‘impuestazo’. El drástico movimiento de Disa añade aún más presión sobre el controvertido tributo, sobre el que Bruselas ya manifestó su oposición en el pasado.
Según una información publicada por El Confidencial, la petrolera motiva su acción en el hecho de que el ‘impuestazo’ «no respeta los principios de proporcionalidad ni de no discriminación», lo que implica «una vulneración de las reglas de contribución solidaria» presentes en la normativa comunitaria.
Según la publicación de este medio, el impacto del gravamen en los resultados 2022 de Disa asciende a 38 millones de euros. En el Estado de Información No Financiera de la compañía del ejercicio, consultado por MERCA2, se menciona el «impacto negativo sobre la demanda de posibles incrementos de los impuestos especiales sobre los combustibles fósiles y los impuestos indirectos al consumo (IVA e IGIC y otros). Al gravamen especial a las energéticas se le califica como un «caso aparte» que «no se traslada al precio de venta» y al que se estaba sometiendo a un «estudio de reclamación judicial».
DISA CORPORACIÓN PETROLÍFERA, QUE DESARROLLA LA MAYOR PARTE DE SU ACTIVIDAD EN LAS ISLAS CANARIAS, PERTENECE A LA FAMILIA CARCELLER, TAMBIÉN PROPIETARIA DE SACYR Y CERVEZAS DAMM
Disa, que pertenece a la familia Carceller (dueños también de Sacyr y Cervezas Damm), desarrolla gran parte de su actividad en las Islas Canarias, si bien cuenta también con una gran presencia en el mercado español peninsular, en las Islas Baleares, en Ceuta y en Melilla, en Portugal, Uruguay y en Chile.
Disa centra su negocio en la comercialización de combustibles a estaciones de servicio, además de disponer de una red de ventas de gasoil, fuelóleos, lubricantes y asfaltos a clientes directos a nivel nacional. Actualmente, cuenta con más de 600 estaciones de servicio, de las cuales más de 200 se encuentran en el archipiélago canario. Las casi 400 restantes están en Península, Ceuta y Melilla, principalmente bajo la imagen de marca de Shell.
LA UE NO TRANSIGE CON EL DISCURSO OFICIAL EN TORNO AL ‘IMPUESTAZO’
Teniendo en cuenta los antecedentes, la petrolera de los Carceller juega con ventaja acudiendo a las instancias comunitarias. El pasado diciembre, la propia Comisión Europea emitió un informe de balance en el que exponía que los ‘beneficios caídos del cielo’ que habían motivado la imposición de medidas fiscales extraordinarias ya no existen.
A través de este documento, el Ejecutivo Comunitario manifiesta que la situación actual «es muy diferente» de la que existía en octubre de 2022, cuando entró en vigor el Reglamento del Consejo que actuó como base jurídica para el gravamen extraordinario a las energéticas.
El descenso de los precios de la energía a lo largo de 2023, las sacudidas geopolíticas y la subida de los tipos de interés, explica el informe, «han llevado a las empresas de los sectores del petróleo, el gas y el carbón a registrar una disminución de sus beneficios en comparación con los los beneficios excedentarios de 2022». Unas ganancias extraordinarias que han sido el principal argumento esgrimido por el Gobierno para perpetuar la tasa.
DISA SE SUMA A LA IRA DE LAS ENERGÉTICAS
El ‘impuestazo’ ha generado una tensión entre el Gobierno y las energéticas que no ha hecho sino crecer en los últimos meses. Este gravamen, pese a no llegar a las expectativas iniciales, le ha reportado a las arcas públicas un montante total de 1644,4 millones de euros, diferido en dos pagos, uno en febrero y otro en septiembre.
Ya en los inicios de la disposición, Repsol la recurrió en los tribunales, pero la Audiencia Nacional rechazó tomar medidas cautelares contra el impuesto, que ha estado drenando los balances de las compañías desde entonces.
Precisamente hoy, 22 de febrero, termina el plazo del ultimátum lanzado por Repsol al Gobierno central sobre el tributo. La compañía, a través de su CEO, Josu Jon Imaz, había advertido que de seguir vigente el gravamen en esa fecha -coincidente con la presentación del plan estratégico de la petrolera- peligrarían un total de 1.500 millones en inversiones de la empresa dentro del territorio nacional.
Un ultimátum en toda regla vociferado por un iracundo Imaz durante la última presentación de resultados de Repsol, y que fue justificado por el vasco en la necesidad de «proteger, ante todo, a nuestros accionistas, a nuestros empleados» frente a los efectos de un tributo «ilegal e inconstitucional».
