La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) denuncia por competencia desleal a las aseguradoras Sanitas y Generali por competencia desleal. Esta patronal considera «ilegal» el acuerdo firmado entre ambas compañías en 2022 y que entró en vigencia el 1 de enero de 2023, por presuntamente violar la Ley 3/1991 y la Ley 15/2007, y tomarán acciones contra estas empresas ante la Comisión Nacional del Mercado de Competencia (CNMC) y los tribunales.
ASPE ha remitido por separado a ambas compañías el pasado miércoles 3 de mayo un escrito exigiendo que «cesen en su conducta y cumplan los acuerdos de prestación de servicios suscritos con los hospitales en sus propios términos», dando un plazo de respuesta hasta ayer 17 de mayo antes de la interposición inmediata de acciones legales. El plazo ya se venció.
«Desde enero de 2023, Generali cede a Sanitas la gestión y fijación a los proveedores sanitarios de condiciones de remuneración no pactadas para atender a sus 150.000 pacientes en España, alterando los acuerdos previos entre Generali y los centros. Este acuerdo reduce unilateralmente un 20% las tarifas previamente pactadas, haciendo abuso de una posición de dominio por las aseguradoras», explica la ASPE.
La sanidad privada iniciará sendos procedimientos ante la CNMC y los Tribunales por estos hechos, sin perjuicio de otras acciones que puedan emprender los operadores sanitarios individualmente
«El dictamen jurídico encargado por la Alianza de la Sanidad Privada Española, desarrollado por el despacho Lener, considera que el acuerdo firmado en octubre de 2022 entre las compañías aseguradoras Sanitas y Generali vulnera la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, y la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, siendo, asimismo, contrario a la buena fe», añade la patronal.
GENERALI RECORTA SUS TARIFAS UN 20%
Mediante este acuerdo, ambas compañías aseguradoras pactaron que la gestión de los servicios asistenciales y el pago de estos, acordados previamente entre Generali y cada uno de los centros sanitarios privados para la atención de sus 150.000 asegurados en España, pasarían a ser gestionados por Sanitas resolviendo de forma unilateral los contratos suscritos.
Según aspe, CON ESTE CONVENIO los centros sanitarios se ven obligados a asistir a los pacientes de Generali aplicando las condiciones, tanto de gestión como económicas, suscritas para atender a los asegurados de Sanitas
«Entre otras consecuencias, el principal de los efectos de esta estrategia de imposición unilateral es que permite recortar a Generali un 20% las tarifas previamente pactadas con los centros al ser absorbidos en los acuerdos de Sanitas, que hace así abuso de una posición de dominio en la negociación, de la que carecería Generali», precisa la sanidad privada.
¿FALTA DE TRANSPARENCIA DE SANITAS Y GENERALI?
ASPE y los distintos proveedores sanitarios solicitaron a ambas aseguradoras ya en diciembre de 2022 las condiciones específicas del acuerdo, pero ambas compañías han ocultado las condiciones de gestión y comerciales, en una estrategia de silencio que busca enterrar los detalles de un acuerdo que afecta las relaciones de servicio que prestan los proveedores sanitarios a los asegurados de Generali, y que es considerada contraria a la buena fe.
A la falta de transparencia, se une una importante confusión en el mercado, no sólo a nivel de gestión de centros sanitarios, sino también de los propios pacientes de Generali, que desconocen las consecuencias del acuerdo sobre el cuadro médico y de servicios de los que ahora disponen
«Esta imposición unilateral, realizada además con ocultación del contenido del acuerdo, limita la libertad de los hospitales y les impide ejercitar sus derechos contractuales, ya que les obliga a aplicar una tarifa – la que tenían concertada con Sanitas- que no es la que se había acordado para los asegurados de Generali. Por este motivo, y tras haber intentado sin éxito establecer un diálogo con las otras partes interesadas, cabría plantear la oportuna demanda y/o denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, por infracción de las normas de competencia», señala el dictamen jurídico de Lener.
UN «AGRAVANTE UNILATERAL»
La patronal denuncia también como «agravante» en este caso el hecho de que «esta acción se ha llevado a cabo de forma unilateral e impositiva, sin tener en cuenta un necesario consenso con los centros sanitarios afectados, simplemente comunicándoles, tanto por Generali como por Sanitas, que el contrato anterior quedaba fuera de vigor, siendo sustituido por un nuevo contrato que establece nuevas condiciones no pactadas».
El informe jurídico de Lener señala que la actuación de Generali podría vulnerar también lo dispuesto en la LCD, por imponer unilateralmente a los hospitales la aplicación de unas condiciones económicas para los asegurados de Generali (las vigentes con Sanitas) distinta de las pactadas.
En reiteradas ocasiones, ASPE ha solicitado a Sanitas y Generali información sobre el acuerdo firmado por ambas para poder conocer y valorar las consecuencias que el mismo tendrá sobre los centros médicos afectados y poder abordar una posible negociación.
Asimismo, ha dado traslado a la organización UNESPA de unas prácticas inapropiadas y contrarias a la normativa vigente
El secretario general de ASPE, Luis Mendicuti, ha resaltado que «la falta de respuesta de ambas aseguradoras a todos sus requerimientos y a los de los hospitales para conocer los detalles del acuerdo reafirma que este acuerdo vulnera potencialmente los derechos de los operadores sanitarios en la aplicación de preceptos normativos vigentes».
«No es admisible que nuestros asociados se vean obligados a asistir a los pacientes de Generali aplicándoles las condiciones económicas concertadas con Sanitas, es contrario a Ley ya que les impide ejercitar sus derechos contractuales y limita su libertad», acota Mendicuti.
