Fernando Romero, presidente de EiDF, fue detenido junto a su hermano, Óscar, por un presunto delito de extorsión a un empresario de Pontevedra. El caso nunca llegó a juicio, pese a que la acusación particular pedía penas de más de dos años de prisión. Los hechos ocurrieron en 2008, según ha podido conocer MERCA2. En aquel año, ambos estaban inmersos en levantar los primeros cimientos de EiDF, la empresa que daría el salto a BME Growth en verano de 2021 y que ahora está en el ojo del huracán por la negativa de PwC a firmar las cuentas correspondientes al ejercicio 2022.
Por aquel entonces, «Fernando contaba con 26 años», mientras su hermano tenía 33. «Eran jóvenes y tuvieron un desacuerdo con un miembro de su pandilla, un nutrido grupo de amigos», afirma la defensa de Romero a preguntas de MERCA2. Las diferencias entre los Romero y su «amigo» acabaron con un «bofetón», según afirma en una conversación telefónica con este medio.
«Todo ello se magnificó muchísimo, se llevó ante el juez y hubo la detención», ha asegurado. Tras el arresto, el asunto nunca llegó a juicio, pero en el pacto, consentido por la Fiscalía, se aceptó la condena por «delito de lesiones o maltrato de obra». «Se evitó el juicio», recalcan las mismas fuentes judiciales.
RELACIÓN CORDIAL TRAS UN BOFETÓN
De ir a la sala judicial, Romero podría haberse enfrentado a una acusación con petición de cárcel, que dejaría marcado su expediente personal. «Si vas a juicio, puedes ganar o perder; pero si hay un mal día o los testigos de la otra parte convencen mejor a su señoría pueden condenarte», han indicado. La Fiscalía en este caso fue más comedida, con una petición de cárcel inferior a los dos años; mientras que la acusación particular llegó a pedir un plazo mayor en su querella.
Ante esta situación y evitar males mayores, Romero no se la jugó, más cuando los antecedentes penales se borrarían tras un par de años. Según la propia defensa, quien recibió el golpe mantiene una «buena relación» con ambos hermanos. «Comen, cenan y salen juntos», ha asegurado.
Fuentes cercanas a la víctima, sin embargo, apuntan a una matización en el relato. «Es una relación cordial» y afirman que la denuncia contra los Romero fue por «extorsión», si bien confirman que todo se selló con un pacto, aunque se hizo «por miedo a represalias».
LA FISCALÍA BENDIJO EL PACTO DE LOS ROMERO
La propia defensa desliza este relato, pero como todo en temas judiciales, no se califica el delito hasta que un juez lo dictamine. «El escrito de acusación fue de conformidad», apunta. «La sentencia no fue por extorsión, sino de lesiones o maltrato de obra», con la condena de unos 1.000 euros y una pena inferior a los dos años. Al carecer de antecedentes penales, ninguno de ellos pisó la prisión, como suele ocurrir en casi todos los casos judiciales.
«No fue una entrada efectiva en prisión y más cuando la Fiscalía permitió dicho pacto», asegura la defensa de Romero. «Si hubiera sido una extorsión de verdad, con una persona chantajeando a otra, la Fiscalía se podría haber opuesto», defiende. De hecho, la conformidad fue de entre seis y doce meses de prisión, con el montante de cuatro cifras.
El propio letrado ha asegurado que el Ministerio Fiscal se podría haber opuesto en caso de ver una extorsión. «Esto pasa en todas las detenciones, incluso las de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros», donde la defensa lleva varios asuntos. La policía recoge el testimonio del denunciante y apunta directamente al denunciado, pero una cosa es detener y otra que en la instrucción se formalice dicha denuncia con una posible investigación judicial.
LOS CONSEJEROS DE EIDF
Pocos meses más tarde de la detención, el empresario agredido fue uno de los liquidadores solidarios de una sicav. Catorce años después, Romero daba el campanazo con EiDF y su explosión en Bolsa, más de un 2.100% en apenas año y medio, de los 1,05 a los 29,76 euros por acción, convirtiéndose en uno de los jóvenes empresarios más ricos de España. Romero controla EiDF a través de Prosol Energía SL, donde aparece como administrador único.
Alejandro Alorda, aparece como socio y miembro de la familia propietaria de Kettal, dedicada al mobiliario de jardín. El empresario ha rebajado su participación en EiDF del 8,32% al 7,61%, un paquete accionarial que controla a través de la sociedad Mass Investments Ark 2021 SL.
Dentro del consejo se encuentran Mercedes Rey, Bruno Díaz (Sigma Energy), Carmen Costas, Sergio Palmero y Juan Pablo Tusquets Trías de Bes y Joaquim Solà Soler, de la agencia de valores ACapital BB.
EIDF, TODO QUEDA EN MANOS DE DELOITTE
La cotizada lleva suspendida desde el pasado 14 de abril tras las diferencias con PwC. EiDF ha contratado a Deloitte, que tiene el encargo de realizar una auditoría forense, en profundidad. En este sentido, tendrá que dar a conocer la vinculación de clientes, socios y empresas.
En este sentido, se indagará sobre los contratos y contraste de validez de todos los documentos existentes firmados entre la sociedad y representantes/apoderados de sus socios, generando un inventario de los mismos.
Además, también se buscará información sobre los «clientes», a efectos de concluir respecto de la realidad económica y situación actual de los proyectos facturados por EiDF; y sobre «deudores, a efectos de concluir respecto de la causa raíz de la deuda registrada y su adecuado soporte documental».
Es decir, todo lo apuntado en el informe realizado por Mayday Reasearch el pasado viernes. En este sentido, apunta que el beneficio reportado de su negocio principal de proyectos llave en mano es «como mucho de entre el 20% y el 30% respecto al reportado», mientras la deuda alcanzaría los 108 millones de euros, un 96% más respecto a las cifras mostradas ante la CNMV.
