La movilidad durante el Mobile World Congress de este 2023 (MWC23) esta en serio peligro ante una posible movilización masiva de los taxistas de Barcelona, liderados por Élite Taxi. Los motivos de esta nueva amenaza se debe a una autorización extraordinaria de la Generalitat, gobernada por ERC, a las plataformas VTC, como Cabify, Uber y Bolt; así como un expediente de 122.000 euros contra Taxi Project, liderada por Alberto Álvarez, representante de Élite Taxi por boicotear presuntamente la operatividad de los vehículos de alquiler con conductor.
Los organizadores de la feria tecnológica más importante de Europa habían alertado del caos circulatorio ante la aprobación del ‘decreto 4,90’ o ‘decreto Anticabify’ el pasado mes de julio. Los taxistas y el Área Metropolitana de Barcelona aseguraron que no habría problema de movilidad, más cuando se daría libertad de horario a los conductores regulados, como se ha venido haciendo hasta ahora. No obstante, John Hoffmann, el jefe del MWC23, pidió que se permitiera circular a los vehículos con licencia VTC para asegurar la movilidad en un congreso en el que se espera que participen más de 100.000 congresistas, que dejarían un impacto de casi 400 millones de euros.
Los taxistas decidirán esta misma semana si pararán durante el MWC23 por un supuesto permiso otorgado por la Dirección General de Transportes y Movilidad de la Generalitat para que las VTC «domiciliadas en otras comunidades autónomas puedan prestar, durante el 24 de febrero y el 7 de marzo, servicios con origen en Cataluña, incluidos los de carácter urbano en el ámbito territorial del Área Metropolitana de Barcelona». Así lo asegura un escrito firmado supuestamente por Jordi Mallol i Sangrà al que ha tenido acceso MERCA2.
LA GENERALITAT PERMITE CIRCULAR A LAS VTC PARA EL MWC23
Cabe destacar que el decreto antiCabify prohíbe expresamente este tipo de servicio en Cataluña, con una durísima sanción para el infractor. De hecho, ninguna VTC podría operar si no había realizado al menos 100 viajes en Cataluña y que tenga el permiso para realizar transportes urbanos, que lo otorgan los Ayuntamientos y la AMB en el caso de Barcelona.
Echa más gasolina al fuego
«Estas determinaciones relativas al régimen de prestación de servicios en el ámbito urbano, de movilidad durante la celebración del Mobile World Congress, se establece sin perjuicio de que el Área Metropolitana de Barcelona, como administración competente de los servicios VTC en su ámbito territorial, determine otros diferentes», según recoge la respuesta con la rúbrica de Mallol.
«Echa más gasolina al fuego», ha asegurado Álvarez en respuesta a las preguntas de este medio. Y es que, no es la única razón por la que se movilizarán los taxistas en caso de acordarlo en la próxima asamblea y coincidiendo con la guerra del sector en Madrid.
LAS VTC SE EXTIENDEN POR EL AMB SIN CONTROL
Y es que, los taxistas de Barcelona están a punto de elevar su nivel de hartazgo. Por un lado, denuncian la inacción de la Guardia Urbana de Barcelona y de los Mossos d’Esquadra para inspeccionar a las VTC que circulan por las calles de la Ciudad Condal, al mismo tiempo que se está registrando un aumento de los servicios en los municipios del extrarradio, especialmente en el sur y en el oeste, hacia la zona del Vallés Occidental, según ha podido corroborar este medio de fuentes de taxistas que realizan su operativa en el Vallés Occidental.
A todo ello, Taxi Project y Élite Taxi se enfrentan a un durísimo expediente sancionador por parte de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) tras una denuncia de Uber. El organismo independiente de la Generalitat ha acusado a estos taxistas de «conducta anticompetitiva», «prácticas agresivas», «boicot» y «actos de denigración». La propuesta de sanción es de 122.000 euros, muy inferior a la cantidad exigida inicialmente que rondaba los dos millones de euros.
EL LÍDER DEL TAXI SE ENFRENTA A UNA POSIBLE SANCIÓN
Álvarez ha acusado a la ACCO de actuar en favor de Uber, como ya hizo con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de cientos de políticos del Parlamento Europeo, tal y como se denunció en el caso de ‘Uber Files’, que no dejan de ser documentos de hace una década.
«Las estrategias mafiosas de esta empresa que se dedica a provocar la violencia para utilizarla después en su favor, han conseguido que la directora general de la ACCO, dicte una resolución que va contra todos los derechos fundamentales que se llevan por bandera en Cataluña», ha criticado Élite Taxi en un comunicado.
El sindicato mayoritario del sector en Barcelona aseguró que sólo se defendía de «una multinacional que ha provocado comisiones de investigación en diferentes países de la unión europea y en el mismo parlamento europeo, por los Uber Files».
Así, ha convocado a una nueva asamblea al sector para el próximo 22 de febrero, a dos días del inicio del MWC23, y que podría generar un auténtico caos en la Ciudad Condal. En este sentido, el líder de Élite Taxi busca una masiva movilización, más dura que la de 2019, con paradas y marchas lentas.
EL TAXI VOTA POR UNA MOVILIZACIÓN MÁS MASIVA
La seria reacción del taxi ha llegado también al Parlament, a través de En Comú Podem. En una pregunta parlamentaria, pedirá al Govern de ERC valorar este expediente y propuesta de sanción tras haber respaldado a los taxistas en el decreto aprobado el verano pasado.
Los conductores con tarifa regulada, por su parte, han señalado directamente a la cúpula de la ACCO, con Roger Loppacher al frente, así como contra Cani Fernández, quien defendió ante la justicia europea a Uber cuando Élite Taxi les demandó. Fernández es la presidenta de la CNMC, quien se ha personado también en este expediente en vez de abstenerse.
Por ahora, las movilizaciones en el sector durante este año alcanzaron su punto crítico el 25 de enero. El sector desconvocó una huelga durante el ISE, la feria audiovisual celebrada a finales de enero, para dar tiempo a la Generalitat a demostrar su compromiso con el sector. Casi un mes después, las denuncias públicas de Élite Taxi continúan. Así, ven en el expediente un «ataque» contra el sector con el argumento de unos hechos que se produjeron hace ya 10 años.
