Uber, Cabify y Bolt, las principales plataformas de VTC, están a punto de celebrar una gran victoria ante las trabas impuestas por Ada Colau y Jaume Collboni en Barcelona. El Abogado General de la Unión Europeo ha tumbado la ratio 1/30, que establece una licencia de vehículos de alquiler con conductor por cada treinta de taxi.
La viabilidad económica del taxi no puede constituir una razón de interés general
Esta limitación, impuesta en Barcelona, es contraria a la libertad de establecimiento. El severo revés, que deberá aún confirmarse en la sentencia, no sólo es de obligado cumplimiento en la Ciudad Condal, sino también en toda España. Las conclusiones del Abogado General de la UE no son vinculantes, pero el Tribunal europeo generalmente las tiene en cuenta a la hora de emitir su veredicto, como ha ocurrido en numerosas ocasiones.
El Ayuntamiento, a través del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), presidida por Ada Colau, y del Instituto Metropolitano del Taxi (IMET), dependiente del PSC, habían atenazado a las plataformas con una dura restricción para desarrollar la actividad. Según el letrado, las limitaciones a las VTC no están justificadas por causas de interés general. En concreto, la AMB había argumentado una caída de la recaudación de los taxistas y se ponía en riesgo su viabilidad económica. Sin embargo, se ponen trabas a la movilidad y al libre desarrollo de empresas, que sí atentan, según el dictamen, a ese interés general.
LA VIABILIDAD DEL SERVICIO DEL TAXI, FUERA DEL INTERÉS GENERAL
Según ha explicado Maciej Szpunar, «la viabilidad económica del taxi no puede constituir una razón de interés general». De hecho, llega a cuestionar que el servicio del taxi pueda considerarse como un servicio de interés general, mientras que muestra sus dudas sobre las obligaciones impuestas a Uber, Cabify y Bolt para dar un servicio público.
De esta forma, pese a que el taxi en Barcelona dicte las normas y la Administración las obedezca, no se puede obligar a una empresa privada realizar el servicio público. Ni tampoco proteger a un sector en base a su viabilidad económica cuando está en juego el verdadero interés general: la movilidad.
De esta forma, la mayoría de Comunidades Autónomas, con la gran excepción de Madrid, tendrán que adaptarse a esta sentencia tras la regulación descentralizada por el fin de la moratoria dada por la anterior normativa, el denominado decreto Ábalos. De hecho, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a reglar al taxi y a las VTC de forma general, dando a cada comunidad la potestad de hacerlo.
El informe del Abogado General de la UE llega después de la denuncia de Prestige and Limousine, el gran tenedor de licencias VTC en España y que opera para Cabify, en Cataluña. Así las cosas, las VTC ganan en los tribunales lo que habían podido parar hasta ahora en el poder ejecutivo. La cuestión planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) fue muy clara y pidió el criterio a establecer sobre la adopción de la medida del 1/30.
UNA VICTORIA TARDÍA PARA UBER
Aplicando el sentido común y la legislación, el Abogado señala que este tipo de transporte privado tiene como fin cubrir la demanda de transporte local que no abarca ni el taxi ni tampoco el transporte público. De hecho, los promotores del Mobile World Congress (MWC) habían mostrado su preocupación por la legislación catalana al considerar la oferta de transporte insuficiente para los más de 110.000 congresistas que se esperan para este 2023.
Al respecto, Szpunar muestra su perplejidad sobre el por qué la AMB no considera a las VTC como un medio de transporte a fomentar cuando la propia institución pública busca dar calidad, seguridad y accesibilidad a los clientes. Y es que, afirma que los servicios del taxi reciben una protección porque se le considera un servicio de interés económico general. En este sentido, se pregunta por qué se diferencia al taxi y a las VTC si cubren la misma demanda y, además, compiten entre sí en las calles.
Tanto la Administración como los taxistas han insistido que las VTC no pueden equipararse. Por un lado, exponen que las tarifas del taxi son reguladas, mientras que las licencias privadas que operan Bolt, Uber y Cabify pueden modificar los precios en función de la demanda. Sin embargo, en vez de aplicar una regulación libre para el sector, la AMB insiste en proteger el taxímetro.
LA JUBILACIÓN DEL TAXI, EN JUEGO
De hecho, el propio abogado incide en el precio de las licencias, concedidas inicialmente a precios irrisorios y en algunos casos hasta de forma gratuita, mientras se compran y venden a más de 120.000 euros y hasta más de 200.000 -en el punto álgido de la burbuja inmobiliaria– entre particulares.
Esta es la cuestión de fondo que defienden los taxistas. Es su jubilación, un patrimonio que en el caso de una liberación del sector podría llegar a valer cero o un 80% por debajo de su valor actual, llegando a equipararse con las licencias de VTC.
Asimismo, estas conclusiones son similares a las sentenciadas por el Tribunal Supremo y por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha recurrido algunas legislaciones de varias comunidades al introducir unas barreras de entrada en el sector y contrarias al interés general. Y es que, los jueces y la Comisión entienden que una mayor competencia permite mejoras para los usuarios.
Si el TGUE da la razón finalmente a las plataformas, se tumbaría cualquier exigencia sobre una doble autorización para operar. Sin embargo, el decreto al que se refiere el letrado data de 2019 y fue redactado por Damià Calvet, ex presidente del Puerto de Barcelona. Sin embargo, Uber dejó de operar en Barcelona a partir de esa normativa.
EL NUEVO DECRETO EXIGE DISTINTOS CRITERIOS AL TAXI Y A LA VTC
Alberto Álvarez, líder del taxi, ha minimizado el impacto de esta sentencia al asegurar que el decreto de 2019 fue sustituido por el nuevo, que exige a las VTC una longitud mínima de 4,9 metros por vehículo, sin que se haya impuesto condición alguna al taxi en este sentido. El líder de Élite Taxi ha señalado que ahora se exigen una serie de requisitos de entrada en el sector, como que la licencia sea de Cataluña y además tenga la autorización de la AMB.
Con la nueva normativa, la Administración esperaba eliminar a Cabify y Uber, dado que los requisitos exigidos son muy duros. Entre otros motivos, los propietarios de las licencias tendrían que cambiar el vehículo o las flotas, en un momento en el que la cadena de suministro está colapsada y las entregas de coches se están ralentizando a varios meses vista.
COLLBONI (PSC) JUSTIFICA LO INJUSTIFICABLE
«La ciudad de Barcelona tiene derecho a decidir su modelo económico, y ha decidido que no será un territorio donde grandes plataformas digitales devoren nuestra economía», ha sostenido Jaume Collboni, candidato del PSC y teniente de alcalde de Ada Colau.
A su juicio, «Barcelona tiene derecho a escoger su modelo económico, porque decidiendo nuestro modelo económico, decidimos nuestro modelo de sociedad y no queremos una sociedad precarizada, low cost o donde haya empresas oligopolistas que dominen o que hagan competitividad desleal», ha afirmado ante la prensa. Sin embargo, la legislación no puede ir en contra del derecho comunitario, como así lo ha apuntado el abogado del TGUE.
