El PP quiere tumbar el cierre nuclear en España en sus primeros 100 días de Gobierno. Su programa para las elecciones generales del 29 de noviembre recoge el compromiso de tramitar la eliminación del calendario que apaga de forma escalonada el parque atómico en el horizonte de 2035, y lo condiciona al visto bueno previo de el Consejo de Seguridad Nuclear.
El documento identifica por su nombre las cinco centrales afectadas: Almaraz, Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo. Son siete reactores repartidos en cinco emplazamientos que aportan en torno a una quinta parte de la electricidad que se consume en España. Hasta ahora, todos tenían fecha de apagado.
El calendario vigente no descansa sobre una ley. Se sostiene en el acuerdo entre las eléctricas propietarias y Enresa, trasladado después a la planificación energética del Estado. Ya ha sido modificado una vez. La ampliación de la vida útil de los dos reactores de Almaraz dejó la secuencia trastocada y abrió un precedente que el sector leyó como una grieta.
Ese precedente marca la ruta. La prórroga de las dos unidades extremeñas rompió por primera vez la secuencia pactada, y Foro Nuclear defendió desde entonces revisar la fiscalidad que soportan las plantas y ligar su continuidad a un marco retributivo estable, no a una decisión puntual de despacho.
Qué hay detrás de los cien días: cinco centrales y siete reactores
El PP liga la marcha atrás nuclear a una reformulación ‘con realismo’ del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). El texto sostiene que ‘nuclear, renovables, almacenamiento y respaldo suficiente se complementarán, y todas las tecnologías competirán en igualdad en subastas, ayudas y regulación’. Añade que aprobará una estrategia nacional de energía nuclear y que España participará en las iniciativas europeas de reactores avanzados y de pequeños reactores modulares.
La neutralidad tecnológica es el eje declarado. No será el Gobierno quien decida qué tecnología debe ganar, sino su capacidad para ofrecer energía segura, limpia y competitiva’, recoge el documento. El principio convive, sin embargo, con una decisión muy concreta: revertir un calendario que el propio Estado refrendó. El plazo no es neutro.
El nudo del debate no es si España puede mantener las nucleares, sino quién paga la prórroga y con qué informe de seguridad sobre la mesa.
El punto más delicado es el de las subastas. Si todas las tecnologías compiten en igualdad, el diseño retributivo deja de premiar solo el kilovatio hora más barato y empieza a pagar también la firmeza del suministro. El sector nuclear lleva tiempo reclamando un mecanismo así. El programa no detalla cómo se instrumenta ni con qué coste para el sistema.
En el capítulo climático, el documento apuesta por afrontar la crisis desde el ‘rigor científico’ y ‘sin dogmatismos’, y por poner freno a lo que llama ‘calendarios imposibles’. La fórmula es amplia: cabe aplicarla al parque nuclear, al ritmo de despliegue renovable o a los objetivos intermedios de descarbonización que España negocia con Bruselas.
Del 7% a la tarifa social única: la factura como eje electoral
La rebaja de la carga fiscal del recibo es el otro eje. Los populares prometen la supresión inmediata del 7% a la producción eléctrica, un plan de choque contra los costes de los servicios de ajuste del sistema y una Tarifa Social Única que sustituya y mejore los actuales bonos eléctrico y térmico. A ello suman un Estatuto del Consumidor Energético, modelos de contrato homogéneos y compensaciones automáticas tras cortes prolongados de suministro.
El tributo del 7% grava a todas las tecnologías, también a las renovables, de modo que su eliminación abarata de golpe el coste de generar. El beneficio, eso sí, se reparte de forma desigual: las nucleares, con costes fijos elevados y muchas horas de funcionamiento, son una de las tecnologías que más nota la supresión. No es un detalle menor. También es la medida que más alivia la caja de las propietarias que deberían financiar la prórroga.
La Tarifa Social Única deja abiertas dos preguntas: con qué umbrales de renta y con qué dinero. El bono eléctrico lo financian los grandes grupos verticalmente integrados y el bono térmico sale de los Presupuestos Generales del Estado. Ampliar cobertura sin tocar esa arquitectura obliga a decidir quién paga la diferencia.
En infraestructuras, el programa plantea un plan de choque de 18 meses para desatascar las conexiones eléctricas de desarrollos industriales, logísticos, tecnológicos, de vivienda y centros de datos. Incluye optimizar la capacidad reservada y reforzar las interconexiones continentales, dos capítulos que dependen de autorizaciones europeas y de la planificación de red.
En la memoria reciente del sistema pesa el apagón del 28 de abril de 2025. Sobre esa experiencia, el PP fija en seis meses nuevas reglas de funcionamiento, supervisión en tiempo real y una condición previa antes de cerrar centrales de gas o hidroeléctricas: que existan alternativas técnicamente acreditadas. Cada incidente grave tendrá informe público. El episodio sigue abierto.
El texto incorpora además contratos de electricidad a largo plazo para dar precios estables a la industria y a los hogares. En la práctica, esa figura remite a los PPA corporativos que ya se firman con renovables, aunque el programa no aclara si el aval público alcanzará a la nuclear.
El calendario no se deroga con un decreto: los tres cuellos de botella
La primera dificultad es de reloj. Los cien días no empiezan el 29 de noviembre, sino cuando se constituya el Gobierno tras la investidura. Si el proceso se resuelve a comienzos de 2027, la tramitación del fin del calendario aterrizaría en la primavera de 2027, con recargas de combustible ya comprometidas y con los expedientes de seguridad de cada unidad en marcha.
La segunda es técnica. El Consejo de Seguridad Nuclear no concede prórrogas globales: evalúa reactor a reactor, con revisiones de seguridad y límites de operación que condicionan cada año extra. Un compromiso de cien días puede tropezar con un informe que tarde más y que imponga inversiones no previstas por las propietarias. Ahí no hay atajos.
La tercera es económica. Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, a través de las sociedades titulares de Almaraz, Ascó, Vandellós, Cofrentes, y Trillo, tendrían que asumir el coste de operar más años y de resolver el combustible gastado, con el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos todavía sin cerrar. Extender la vida de una unidad no es gratis: el sector lo cifra en cientos de millones de euros por reactor.
Prometer el fin del calendario nuclear es fácil en campaña; sostenerlo exige combustible, permisos y una factura que nadie ha enseñado todavía.
Hay una contradicción adicional que el programa no resuelve. Suprimir el impuesto del 7% beneficia por igual a renovables, ciclo combinado y nuclear, y detrae ingresos con los que el sistema cubre costes regulados. La misma fuerza política que promete neutralidad tecnológica firma dos medidas que alteran el reparto de costes entre tecnologías. El conflicto es de diseño, no de relato.
El sector mira ahora a dos fechas. Una, el 29 de noviembre. Otra, la publicación del programa definitivo y el encaje de la promesa atómica con el PNIEC que España debe presentar en Bruselas. Los datos que faltan —coste real de la prórroga, calendario del regulador y diseño de las subastas— decidirán si los cien días se quedan en titular de campaña o se convierten en política energética.
