Podemos propone un impuesto de hasta el 15% sobre los beneficios de las actividades contaminantes, una figura que golpearía a Iberdrola, Endesa y Repsol y añade un nuevo foco de riesgo regulatorio al sector energético.
La medida la ha presentado la líder de la formación, Irene Montero, tras reunirse en Madrid con Greenpeace, WWF, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, y SEO/BirdLife. Es una propuesta de programa electoral: no hay texto articulado ni memoria económica publicada.
Así se diseña el impuesto a las contaminantes
El esquema tiene tres patas y una lógica común: que quien obtiene beneficio de una actividad contaminante asuma una fiscalidad mayor. Primero, un gravamen de hasta el 15% sobre el beneficio de esas actividades, con tipo progresivo en función de lo que cada compañía gane en ellas. Segundo, la prohibición de recibir subvenciones públicas. Tercero, el veto a contratar con las administraciones.
- Hasta el 15% sobre el beneficio de las actividades contaminantes, con escala progresiva según ganancias.
- Veto a subvenciones públicas para las compañías incluidas en el perímetro.
- Exclusión de la contratación pública con el conjunto de las administraciones.
El argumento es cuantitativo: Podemos sostiene que una veintena de compañías concentra el 70% de la contaminación por carbono en España. La formación no ha publicado ese listado, de modo que el perímetro real del impuesto sigue sin concretarse.
Tampoco está fijado el umbral. La propuesta habla de grandes empresas, pero no aclara a partir de qué volumen de negocio se aplica ni si el gravamen se articula como recargo del Impuesto sobre Sociedades o como figura autónoma sobre la base de esas actividades.
La definición, por tanto, es la clave.
Iberdrola, Endesa y Repsol, en el punto de mira
El impacto recae sobre tres modelos de negocio distintos. Iberdrola, con fuerte peso en redes y renovables, tiene su exposición más directa en la generación con gas. Endesa la concentra en el parque nuclear y en los ciclos combinados. Repsol la acumula en refino, química y producción de hidrocarburos, y es la más expuesta de las tres: su cuenta de resultados depende del precio del crudo y del margen de refino, dos variables que un gravamen sobre el beneficio no perdona.
Un impuesto que grava el beneficio de una actividad concreta es, en la práctica, un gravamen sobre la estructura de costes: quien no pueda repercutirlo, lo paga en inversión.
Fuera de las tres cotizadas, el perímetro alcanza a Naturgy, con peso en generación de gas y en distribución, y a otras utilities del Ibex con activos térmicos. En el accionariado conviven los grandes fondos indexados —BlackRock, Vanguard, Norges Bank entre ellos—, así que cualquier cambio fiscal en España se lee como variable de cartera global y no doméstica.
Podemos ha añadido al paquete un supermercado público para garantizar precios justos a productores y a a consumidores frente al oligopolio de la distribución alimentaria. Montero calificó ese negocio de mafia que juega contra la salud de los ciudadanos y contra su capacidad de acceder a una alimentación sana a precios adecuados. Ese segundo frente, a diferencia del energético, no tiene perímetro fiscal definido.
El problema técnico: gravar el beneficio sin romper la seguridad jurídica
La propuesta abre tres frentes. El primero es la definición del hecho imponible: gravar el beneficio de actividades contaminantes exige segregar cuentas por actividad, un desglose que las compañías no publican con ese criterio y que obligaría a construir una contabilidad regulatoria específica. El segundo es la seguridad jurídica, terreno en el que el sector ya se ha movido: los gravámenes energéticos aprobados en la pasada legislatura acabaron en los tribunales.
El tercero es europeo. Vetar el acceso a subvenciones y a contratos públicos a un grupo nominado de compañías tensiona la normativa de contratación pública y el marco de ayudas de Estado que vigila la DG Competition. Una prohibición de contratar por criterio ambiental es defendible, pero exige motivación individualizada y un test de proporcionalidad que un anuncio electoral no resuelve.
Ningún anuncio resuelve ese encaje.
En el terreno bursátil no hay catalizador inmediato. La propuesta no obliga a ninguna comunicación a la CNMV ni altera el guidance de las compañías para el cierre del ejercicio: no hay hecho relevante que registrar. Lo que sí hace es elevar la prima de riesgo regulatoria que el mercado aplica al sector y presionar la agenda fiscal del resto de partidos.
Hay una asimetría que conviene retener. Iberdrola y Endesa pueden trasladar parte del coste a tarifas reguladas y a contratos de largo plazo. Repsol, atada al precio internacional del crudo, tiene menos margen para hacerlo sin recortar inversión, y su retribución al accionista es uno de los principales argumentos de la tesis de inversión sobre el valor. El mercado descuenta probabilidad, no certeza.
📊 Las Claves para el Inversor
- Qué vigilar: Si la propuesta se convierte en texto articulado y si otras fuerzas la asumen en sus programas fiscales; el calendario electoral marcará el ritmo.
- Reacción del valor: Sin hecho relevante, el impacto es de prima de riesgo regulatoria. El mercado descuenta probabilidad legislativa, no una ley en vigor.
- Precedente sectorial: Los gravámenes energéticos de la pasada legislatura acabaron en los tribunales y llevaron a varias compañías a revisar sus planes de inversión en España.
