Endesa estima que cerca de 142.000 familias españolas que son clientes de la energética, a quienes les tocaría renovar el bono social hasta finales de año, se ahorrarán el trámite y se beneficiarán de la renovación automática.
Esta es una de las aplicaciones prácticas que se extraen del nuevo Real Decreto Ley 6/2022 que modifica aspectos clave del bono social, una ayuda cuyo objetivo es proteger a aquellos hogares considerados vulnerables por sus condiciones socioeconómicas.
Así, todos aquellos clientes cuya ayuda les vencía a finales de año -un 82% del total de beneficiarios que deberían de renovarla este 2022- no deberán hacer ningún trámite para seguir percibiendo el bono social si siguen cumpliendo los criterios de asignación definidos por el Gobierno.
Se han prorrogado los descuentos extraordinarios en la factura hasta el 30 de junio, de modo que los consumidores vulnerables seguirán teniendo una rebaja del 60% y los vulnerables severos del 70%.
La entrada en vigor del nuevo bono social también establece cambios en los requisitos, lo que debería permitir que más personas puedan acceder a la ayuda.
Según una estimación realizada por la energética dirigida por José Bogas, esto podría suponer un aumento de los beneficiarios de hasta el 50%, tomando como base de cálculo la referencia facilitada por el Gobierno, que calcula que en toda España se podría ampliar a 600.000 beneficiarios más.
A fecha de hoy, más de 415.000 clientes de Endesa están adheridos al bono social. De estos, cerca de 210.500 son familias vulnerables y cuentan con una rebaja del 60% en su factura de consumo eléctrico, mientras que otras 204.600 son vulnerables severas y se benefician de una reducción del 70%.
Estos descuentos estarán vigentes hasta el próximo 30 de junio. Después de esa fecha, los descuentos volverán a ser del 25% para los clientes vulnerables y del 40% para los vulnerables severos, tal y como establece la normativa.
En cuanto a su tipología, alrededor del 61% son personas en situación de vulnerabilidad según criterio de renta, el 31% son familias numerosas, el 7% son pensionistas, y el 1% corresponde a colectivos especialmente afectados por la crisis económica derivada del Covid-19 que se han acogido a esta ayuda –vigente hasta el 30 de junio–. Del total de los clientes, el 51% son considerados vulnerables por el Ministerio y el 49% son vulnerables severos.
MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ACCESO
El nuevo real decreto ley aprobado por el Gobierno a finales de marzo modifica los criterios de renta y establece unos nuevos multiplicadores del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) más amplios. Así, con los criterios anteriores, el umbral de renta para tener derecho a la ayuda (consumidor vulnerable) de una pareja con dos niños era de 20.266 euros. Con los nuevos requisitos, en cambio, pasaría a ser de 22.698 euros.
Además, las personas que tengan el Ingreso Mínimo Vital podrán beneficiarse directamente siempre que acrediten dicha condición en el momento de tramitar la solicitud del bono social. Por último, se sustituye el concepto de unidad familiar por el de unidad de convivencia (personas que residan en el mismo domicilio y que estén unidas por un vínculo como pareja de hecho, segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción, etc.).
