El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, declara hoy como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional José Calama en relación a la causa en la que se investigan las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta del Banco Popular a mediados de 2017. La comparecencia se realizará por videoconferencia.
De Guindos deberá comparecer personalmente –aunque sea por medio telemático debido a la situación generada por el covid-19– ya que el instructor denegó la posibilidad de que lo hiciera por escrito, tal y como solicitó a principios de año aludiendo a su cargo en el BCE y a las responsabilidades profesionales que tendría que desatender, al menos, el día de la citación.
Con la declaración de De Guindos, ministro de Economía en el momento de la resolución del banco Popular, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 reanuda la ronda de testificales que inició el pasado 17 de septiembre con el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, quien aseguró que no formó parte del equipo del despacho Linklaters que asesoró en 2016 a la entidad en la ampliación de capital de más de 2.000 millones de euros.
El juez Calama investiga dos fases de este proceso: las presuntas irregularidades contables en las que el Popular habría incurrido con la ampliación de capital y las filtraciones a prensa un año después que habrían provocado la resolución a mediados de 2017.
MÁS TESTIGOS
Para seguir indagando, el magistrado instructor continuará escuchando a más testigos la próxima semana, en concreto el 6 de octubre, cuando ha citado a cinco directores territoriales del Popular en el año 2016 y al que fuera responsable de la red del Banco Pastor en ese mismo periodo, Fernando Merino.
A estos seis directivos le seguirá dos días después la presidenta del banco Santander, Ana Botín; y el día 15 de octubre el que fuera presidente de Banco Santander España Rodrigo Echenique.
El Santander fue la entidad que compró el Popular por un euro después de la resolución del banco, tras lo cual comenzaron a presentarse denuncias por presuntas irregularidades que han acabado en la Audiencia Nacional, si bien el instructor retiró la condición de investigado al entender que no tiene por qué asumir la responsabilidad penal en las que se hubiera incurrido.
Las testificales estaban previstas para antes del verano pero fueron suspendidas por la paralización de la actividad judicial a causa de la pandemia de coronavirus.
