sábado, 14 diciembre 2024

Telefónica extiende su plan de bajas voluntarias a más filiales

La compañía hace pública su decisión de ampliar el Plan de Suspensión Individual (PSI) a otras empresas del grupo. Esta acción de Telefónica permitirá a los empleados de esas filiales, alrededor de 60, suspender voluntariamente su relación con la empresa siempre que reúnan las condiciones, declaran fuentes sindicales.

Concretamente, se va a presentar el PSI en las filiales: TSA, T-DIGITAL, TIWS, TI+D, TCE, TGT y Telxius, que se sumará al acordado la pasada semana con los representantes sindicales para las compañías de Telefónica España, Telefónica Móviles España, Telefónica Soluciones, Telefónica Telecomunicaciones Públicas, Iberbanda y de Tuenti Technologies.

Las fuentes sindicales señalan que este plan no se negociará, pero tendrá las mismas condiciones que el firmado para las empresas anteriormente mencionadas, que son aquellas a las que se aplica el II Convenio Colectivo de empresas Vinculadas para el periodo 2019-2021 firmado la semana pasada entre la compañía y UGT y CCOO.

Con este Plan, voluntario, universal y no discriminatorio, similar al que se estableció en el anterior Convenio, podrán suspender su relación con la compañía aquellos trabajadores que cumplan 53 o más años en 2019 y tengan una antigüedad superior a 15 años en la empresa.

Quienes opten por acogerse a este plan percibirán un 68% del salario regulador hasta los 65 años, además de mantener el seguro médico y obtener de la empresa el Convenio Especial con la Seguridad Social.

LA MEDIDA COSTARÁ 1.600 MILLONES DE EUROS

Se calcula que casi 5.000 empleados de las compañías englobadas en el convenio colectivo cumplen las condiciones para acogerse a este plan, que se puede solicitar desde este viernes hasta el 31 de octubre. A estas se suman otras 60 procedentes de estas fililas.

El Plan de Suspensión Individual tiene el propósito de mejorar la adecuación de las plantillas y permite a las personas que reúnan los requisitos, la suspensión de su relación laboral en las condiciones establecidas. Esta medida tendrá un coste previsto de 1.600 millones de euros, aunque registrará ahorros anuales de 220 millones desde 2021.


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