Los costes de los servicios de operación del sistema eléctrico ya no son un ruido de fondo en la factura: en lo que va de 2026 acumulan un sobrecoste de 3.160 millones de euros para hogares y empresas, un 36% más que en el mismo periodo del año anterior. Según el octavo informe del Observatorio del Coste de los Servicios de Operación, el sobrecoste medio alcanza 22,09 euros por megavatio hora, una cifra que se aproxima peligrosamente al coste de las propias redes de transporte y distribución.
Solo durante la segunda quincena de julio, estos servicios añadieron otros 220 millones de euros al recibo eléctrico, consolidándose como uno de los factores que más tensionan el precio final de la electricidad. El estudio detalla que entre el 16 y el 31 de julio, el impacto fue de 17,57 euros por MWh, de modo que uno de cada siete euros pagados por la electricidad ya no corresponde al precio de la energía en el mercado mayorista, sino a los costes derivados de la operación del sistema.
El incremento se ha acelerado tras distintos episodios registrados en los últimos meses, especialmente desde el apagón del 28 de abril de 2025, cuando comenzó a aplicarse con mayor intensidad el denominado modo de operación reforzada. Este mecanismo extraordinario ha elevado de forma significativa los costes que soportan consumidores e industria, hasta el punto de que el Observatorio advierte de que estos servicios han dejado de ser un fenómeno coyuntural para convertirse en un componente estructural de la factura eléctrica.
Los servicios de operación se consolidan como un coste estructural
El sobrecoste de 3.160 millones en los primeros siete meses del año ha llevado a que el impacto medio alcance los 22,09 euros por MWh, muy por encima de los 16,64 euros registrados en el mismo periodo de 2025. De mantenerse la tendencia, el coste total anual podría superar los 5.600 millones de euros al cierre del ejercicio, una cifra que ya se manejaba en proyecciones anteriores y que ahora parece cada vez más realista.
El propio Observatorio recuerda que el sobrecoste ya no es atribuible solo a episodios puntuales de alta demanda o baja generación renovable: la aplicación del modo de operación reforzada ha institucionalizado estos pagos. Las restricciones técnicas, los servicios de ajuste y los mecanismos de balance se han encarecido de forma persistente, y el mercado mayorista, que hasta hace poco dictaba el precio de luz, cede terreno frente a estos costes regulados de operación.
Mientras tanto, la CNMC sigue sin publicar un desglose periódico detallado de estos costes, algo que las organizaciones impulsoras del informe consideran inaceptable en un contexto de precios elevados.
Impacto desigual: hogares, pymes y la gran industria electrointensiva
El sobrecoste no golpea por igual a todos los consumidores. Para los hogares acogidos al PVPC, representa un incremento del 6% sobre la factura eléctrica. En las pequeñas y medianas empresas, el impacto asciende al 9%, mientras que para los grandes consumidores electrointensivos, como siderúrgicas, químicas o papeleras, el sobrecoste se dispara hasta el 15%.
Este desequilibrio no solo erosiona el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables, sino que reduce de forma directa la competitividad de la industria española. En un momento en que la transición energética exige electrificar procesos productivos, encarecer artificialmente la electricidad para los grandes consumidores supone un lastre difícil de asumir.
Durante la segunda quincena de julio, los servicios de operación representaron el 13% del precio final de la electricidad, frente al 87% correspondiente al mercado diario. En la práctica, esto significa que el coste de la energía en el pool ya no es el único termómetro de lo que pagan los consumidores.
Los servicios de operación ya representan uno de cada siete euros pagados por la electricidad, un lastre que compromete la competitividad industrial.
Transparencia, regulación y la encrucijada competitiva
La escalada de estos costes ha llevado a las organizaciones que integran el Observatorio —entre ellas, la recién incorporada CEPYME— a reclamar una mayor transparencia sobre la formación de estos precios. Piden a la CNMC que refuerce su supervisión, especialmente sobre los asociados a la operación reforzada, y que publique información periódica y detallada sobre estos mecanismos, junto con un calendario para su retirada.
También plantean estudiar cambios regulatorios que permitan financiar estos servicios mediante costes regulados del sistema eléctrico, en lugar de trasladarlos íntegramente al precio de la energía. De este modo, se evitaría que el sobrecoste se transmita de forma automática a los consumidores finales y se preservaría la competitividad industrial en un entorno de creciente electrificación.
El Observatorio sostiene que las decisiones regulatorias y operativas deben alinearse con los objetivos de descarbonización, competitividad industrial y autonomía energética, al considerar que el incremento de estos costes está erosionando la competitividad de la economía española. La propuesta incluye además consolidar de forma permanente la suspensión de determinados impuestos energéticos para evitar un mayor encarecimiento de la electricidad.
Financiar los servicios de operación mediante costes regulados, en lugar de cargarlos al precio de la energía, es la clave para frenar la escalada de la factura eléctrica.
La incorporación de CEPYME al Observatorio amplía la representatividad de la iniciativa. Al sumar a las pymes, el colectivo pasa a representar prácticamente la totalidad del tejido empresarial e industrial español. Su entrada refuerza la presión sobre el regulador y el Gobierno para que actúen con celeridad.
El tiempo apremia. Mientras el sobrecoste siga engordando la factura, la electrificación y la competitividad industrial española quedarán en el alambre. La transición energética necesita una señal de precio que no penalice a quienes más electricidad consumen. Si los servicios de operación se mantienen como un peaje estructural, la descarbonización será más cara para todos.
