UBS acaba de recibir la mayor multa de la historia de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de Estados Unidos: 125 millones de dólares (108 millones de euros al cambio actual) por reincidir en incumplimientos de la Ley de Secreto Bancario (BSA). La filial estadounidense de la firma suiza, UBS Financial Services, no corrigió las deficiencias detectadas en una sanción previa de 2018 y ocultó fallos adicionales a la agencia.
La decisión, publicada el lunes, multiplica por ocho la multa de 14,5 millones de dólares (12,6 millones de euros) que la misma filial aceptó en diciembre de 2018. Entonces, UBSFS se comprometió a subsanar los problemas de monitoreo automatizado de transferencias en moneda extranjera. No lo hizo. Es más, omitió deliberadamente informar a FinCEN de que más de 50.000 transacciones por valor superior a 10.000 millones de dólares (8.670 millones de euros) no habían sido supervisadas adecuadamente.
Una reincidencia que multiplica por ocho la sanción original
El regulador estadounidense descubrió la verdad a través de una investigación iniciada tras una auditoría rutinaria. La orden de consentimiento detalla que UBSFS no implementó un programa efectivo contra el lavado de dinero y no presentó los informes de actividad sospechosa requeridos. En lenguaje llano: el banco sabía que su sistema fallaba y guardó silencio.
Andrea Gacki, directora de FinCEN, fue taxativa: «La histórica acción de hoy contra UBSFS debe enviar un mensaje claro: las entidades financieras reincidentes se enfrentarán a graves consecuencias». La frase no es retórica. La agencia ha dejado claro que quien reincida pagará un precio que ya no es una mera multa administrativa, sino un lastre reputacional y operativo.
La omisión de más de 50.000 transferencias transfronterizas dibuja un patrón de desidia con un coste reputacional que va mucho más allá de los 108 millones de euros de la sanción.
Clientes de alto riesgo sin la debida diligencia
El segundo foco de la sanción es igual de grave. La investigación de FinCEN identificó que UBSFS incumplió la obligación de realizar la debida diligencia con clientes de alto riesgo, en particular aquellos con vínculos con Rusia y América Latina. El regulador señala que el banco no mitigó los riesgos asociados al origen de la riqueza de varios clientes sobre los que pesaban informes negativos por corrupción, fraude y lavado de dinero.
La orden de consentimiento exige a UBSFS la contratación de un tercero independiente para revisar retroactivamente las transacciones sospechosas no detectadas y comunicarlas a FinCEN. Además, la entidad deberá someter su programa de prevención de blanqueo a una auditoría externa. Como incentivo, si la revisión se completa a satisfacción del regulador, se condonarán hasta 15 millones de dólares (13 millones de euros) de la multa, destinados a cubrir los gastos de esta puesta al día.
Lo que hay detrás del récord: un aviso urgente para la banca global
La cifra es récord, pero el verdadero mensaje está en el patrón. En los últimos cinco años, las sanciones por fallos de compliance han saltado de unos pocos miles de euros a decenas de millones. La tolerancia cero es ya un estándar y los reguladores esperan que los bancos inviertan en sistemas, no en multas. España no es ajena a esta dinámica. Aunque las entidades españolas han evitado sanciones masivas de este calibre, los requerimientos del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) y la próxima entrada en funcionamiento de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) elevan la presión sobre los departamentos de cumplimiento de todos los grandes grupos.
Para UBS, el episodio tiene además un eco interno. La fusión con Credit Suisse en 2023 aumentó exponencialmente el volumen de activos y, con ello, el riesgo operativo. El mercado se pregunta hasta qué punto la integración está consumiendo recursos que deberían ir a reforzar los controles. La multa de FinCEN, por sí sola, no moverá la cotización: 108 millones de euros representan menos del 0,4% del beneficio neto semestral estimado del grupo. Pero si el escrutinio regulatorio se intensifica y afecta la capacidad de crecimiento en el negocio de gestión de patrimonios, el verdadero coste se medirá en múltiplos, no en millones.
El caso de UBS es, además, la enésima demostración de que los fallos de compliance ya no son un coste hundido menor. Son un pasivo contingente que puede saltar en cualquier jurisdicción.
