La madrugada de este lunes, la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) ha confirmado un nuevo apagón total de su Sistema Electroenergético Nacional (SEN), apenas cuatro horas después de que se restableciera el suministro en La Habana y el occidente de la isla. He analizado los comunicados y el contexto es demoledor: en pleno agosto, con temperaturas superiores a los 35 grados, la población vuelve a quedar a oscuras en lo que la empresa estatal califica como consecuencia directa del bloqueo energético aplicado por Washington desde principios de año.
No se trata de un incidente aislado. Durante todo el mes de julio, la isla sufrió varios apagones generales que paralizaron la actividad económica y dispararon el malestar social. La administración Trump ha endurecido las sanciones más allá del embargo comercial tradicional, impidiendo a Cuba importar combustible suficiente para sus centrales termoeléctricas. El resultado es una red eléctrica colapsada, con una capacidad de generación que apenas cubre la mitad de la demanda.
«Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional» — Unión Eléctrica de Cuba, comunicado oficial, 4 de agosto de 2026
Las sanciones no son solo energéticas; el Departamento del Tesoro ha ampliado las restricciones a cualquier empresa extranjera que colabore con La Habana en sectores estratégicos. Mientras tanto, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha respondido con un mensaje contundente:
«Es una política genocida que genera un grave daño sobre el pueblo de Cuba» — Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba
El colapso eléctrico, síntoma de una asfixia planificada
Lo que observo en los datos es un patrón de interrupciones que va más allá de la obsolescencia técnica. La UNE reconoce que la caída del sistema es «la consecuencia directa» del bloqueo estadounidense. En términos prácticos, esto significa que:
- Las refinerías operan al 20 % de su capacidad por falta de crudo y derivados.
- Las importaciones de gasóleo y diésel para plantas termoeléctricas se han reducido un 80 % desde enero, según informes de la agencia Reuters.
- La generación distribuida con grupos electrógenos se ha convertido en el único recurso para hospitales y panaderías, aunque depende de un combustible cada vez más escaso.
El apagón total de esta madrugada es el tercer evento de este tipo desde julio. Cada desconexión requiere entre 12 y 36 horas para restaurar el servicio completo, tiempo durante el cual la producción industrial se detiene, los alimentos refrigerados se pierden y el turismo —uno de los pocos motores de divisas— sufre una nueva hemorragia reputacional.
176 reformas y una grieta política que agrava la crisis
En este entorno de colapso energético, el Gobierno cubano ha puesto en marcha un ambicioso programa de 176 reformas económicas que, según he podido contrastar con fuentes del Partido Comunista, están provocando una fractura interna de consecuencias imprevisibles. Las medidas incluyen la ampliación de licencias de trabajo por cuenta propia en 127 oficios —desde programadores hasta esteticistas—, la creación de cooperativas de segundo grado y la apertura parcial a la inversión extranjera en energía renovable.
La brecha política se ha hecho evidente. Mientras que los sectores más ortodoxos del Partido ven en estas reformas una amenaza al «orden socialista», los reformistas, liderados por el propio presidente Díaz-Canel y apoyados por el nieto del general Raúl Castro —Alejandro Castro Espín—, defienden que sin desbloquear la iniciativa privada la isla se encamina hacia un colapso terminal. La agencia France 24 ha calificado el plan de Trump como «el mayor riesgo existencial para Cuba en seis décadas», y los pronunciamientos internos no hacen sino confirmarlo.
Lo que me llama la atención es que ninguna de esas 176 medidas aborda directamente el problema energético. La reforma monetaria que unificó el CUP y el CUC en 2021 ya destruyó el poder adquisitivo de la mayoría de los cubanos. Ahora, la escasez de electricidad estrangula cualquier intento de emprendimiento privado antes de nacer: sin luz, no hay neveras, no hay ordenadores, no hay producción.
Análisis: el precipicio cubano entre el bloqueo y la liberalización
Tras analizar las tres fuentes disponibles, mi conclusión es que la crisis económica cubana ha entrado en una fase de aceleración que ninguno de los actores parece capaz de controlar. La estrategia de Washington es explícita: provocar un colapso interno que obligue a cambios políticos. La respuesta de La Habana es una huida hacia adelante: liberalizar a toda costa mientras culpa a las sanciones de todos los males. Sin embargo, los hechos muestran que las reformas, por sí solas, no pueden compensar un sistema eléctrico muerto.
El riesgo más inmediato, más allá de las lecturas geopolíticas, es humanitario. Los cortes masivos de electricidad en agosto —con olas de calor cada vez más frecuentes— afectan a la conservación de medicamentos, al saneamiento de aguas y a la cadena de frío de los alimentos. Frente a ello, la comunidad internacional guarda silencio. Ningún organismo multilateral ha condenado el bloqueo energético de forma explícita, y la UE se limita a repetir su oposición retórica a las sanciones extraterritoriales.
El único dato que puede marcar un punto de inflexión será la llegada de septiembre: si las refinerías no consiguen combustible antes de esa fecha, la isla perderá toda capacidad de generación base, y el apagón de esta madrugada será solo un ensayo de lo que está por venir.
🌍 El impacto en España y Europa
España es el principal socio occidental de Cuba. La crisis eléctrica y económica repercute de forma directa en los intereses de las empresas españolas, especialmente en el sector turístico —Meliá, Iberostar, NH— y en las remesas que envían más de 160.000 cubanos residentes. Con los apagones, los hoteles pierden ocupación y las agencias de viaje europeas cancelan reservas para el invierno. Además, un colapso humanitario aceleraría las salidas migratorias hacia Canarias y la península, presionando aún más las políticas de asilo de la UE. A nivel financiero, el impago de la deuda de Cuba con acreedores europeos —unos 4.200 millones de euros— se convierte en un riesgo tangible si el Estado se queda sin divisas para mantener las importaciones más básicas.
