Fue en julio de 2009 cuando en la sede de Sacyr se brindaba con cava. Al frente de un consorcio en el que también estaban la italiana Impregilo, la holandesa Jan de Nul, y la panameña Cusa, la compañía española sería la encargada de la ampliación del Canal de Panamá. Obra hecha (se inauguró en junio de 2016), a punto de cumplirse los tres años del mantenimiento recogido en el contrato… ¿y el dinero ‘pa cuando’?
Porque Sacyr y sus socios, cobijados bajo el consorcio GUPC, tienen todavía pendiente la resolución de diferentes arbitrajes con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) derivados de los costes imprevistos surgidos durante la realización de la obra. Y quien tiene la respuesta al destino final de los más de 4.600 millones de euros reclamados es el Tribunal de Arbitraje de Miami.
“El único problema de la obra es que la desarrollamos en los años 2011, 2012, y 2013, y habrá que esperar a los años 2020, 2021 y 2022 para decidir cuál es su valor”, se lamentó Manuel Manrique, presidente de Sacyr, durante la junta de accionistas. Una década en la que, con dicho retraso, se ha generado un auténtico problema de cash flow para la compañía.
La primera decisión del Tribunal de Arbitraje de Miami sobre el Canal de Panamá será decisiva para recuperar una cantidad mayor de dinero
“En el primer semestre del año que viene habrá la resolución del primer arbitraje que marcará la senda para el resto”, auguró Manuel Manrique. Y añadió: “Ese primer arbitraje será el más importante cualitativamente hablando porque en el mismo ya se dirime quién tiene la razón”. Porque, cuantitativamente, sólo representa el 15% del total. Por tanto, será el arbitraje que marque tendencia. Si sale bien, miel sobre hojuelas para el resto. Pero, si sale mal, lo que se pueda recuperar será inferior a lo estimado.
De momento, el único que ha puesto el dinero sobre la mesa ha sido GUPC, que ha devuelto todo lo adelantado en su día por la ACP. Ese primer arbitraje pendiente tiene que ver con el basalto y la calidad del hormigón. Una reclamación que se inició en 2013. “Los arbitrajes son lentos, arbitrarios y farragosos”, reconoció Manuel Manrique. En juego están 189 millones de euros, ya que el DAB (la Junta de Resolución de Conflictos, instancia previa), reconoció que la ACP debía pagar 286 millones a la GUPC (el 60% del total). Los otros arbitrajes pendientes tienen que ver con la parada técnica de las obras por no tener el suficiente cash flow y por el sobrecoste de las compuertas. Estos, según Manuel Manrique, podrían alargarse hasta 2022 ó 2023. Atendiendo a estimaciones de la consultora DFL Associate, Sacyr y sus socios en el Canal de Panamá, podrían recuperar alrededor del 40% de las cantidades reclamadas: algo más de 1.800 millones de euros.
EL FUTURO DE SACYR
Además del Canal de Panamá, Manuel Manrique se refirió a que los objetivos marcados en el Plan 2015-2020 “ya se han cumplido y estamos empezando a confeccionar el nuevo”. Un plan que pivotará sobre tres ejes: ser una empresa concesional, reducción de la deuda corporativa, y retribución al accionista.
Respecto al primero de los puntos, el presidente de Sacyr subrayó que ya el 75% del ebitda procede de proyectos concesionales, “y queremos que en 2019 llegue al 80%, y en 2020, al 85%”. Refiriéndose a la deuda corporativa, subrayó que la reducción “será contundente”, para lo que usarán la generación de caja, y la generación de dividendo por parte de las propias concesiones. ¿De cuánto hablamos? “Cuando hablo de reducción decidida, significativa o contundente, me refiero a partir de dos dígitos”, indicó. Una deuda, la corporativa, situada en el entorno de los 1.000 millones de euros. “Es la que tiene que bajar sensiblemente. De hacerlo, ayudaría a la acción”, reconoció Manuel Manrique.
Respecto a las energías renovables, un sector en el que las constructoras parecen haber puesto de nuevo el ojo, el presidente de Sacyr manifestó que “no tenemos en mente la comercialización. Del resto [construcción, gestión…] no desechamos nada”.
