Los centros de datos y los apagones ya tienen norma en Irlanda: desde el 27 de octubre deberán sostener la red. El Gobierno español estudia ese precedente mientras la CNMC pide flexibilizar las exigencias verdes de un decreto que aún no ha aprobado.
Del incidente de Dublín a la norma que entra en vigor el 27 de octubre
El regulador irlandés no ha improvisado. La Commission for Regulation of Utilities (CRU) dictaminó el 22 de septiembre que existe un riesgo ‘inmediato y significativo’ para la estabilidad del sistema y la seguridad del suministro, y con ese aval ha fijado obligaciones técnicas a todos los grandes consumidores conectados a la red de transporte. También a los que ya están en servicio.
La medida no nace en un despacho. Nace de un incidente. El 6 de junio, un fallo en una subestación de 220 kV en Dublín provocó la desconexión casi instantánea de 480 megavatios de demanda de centros de datos, el 52% de la carga que tenían en ese momento. El área metropolitana de la capital concentra el 99% de la capacidad instalada del país.
El gestor de la red, el irlandés EirGrid, había calculado que en algunos escenarios podía perderse hasta el 90% de la demanda de estas instalaciones. En junio su consumo rozó los 1.000 megavatios, por encima del umbral de 900 MW que el operador considera compatible con su margen de seguridad. De ahí el calendario gradual que arranca el 27 de octubre, con régimen transitorio y restricciones para quien no certifique sus equipos.
La CRU no lo presenta como un problema local. Su dictamen recuerda que ‘se han registrado casos de una pérdida significativa de carga de demanda de centros de datos a nivel mundial’ y que jurisdicciones como Australia y Texas ya aplican, o están ultimando, reglas técnicas equivalentes. El texto cita también el coste de las medidas de emergencia: para sostener el sistema, el operador lleva meses recortando exportaciones.
Irlanda cubrió con renovables cerca del 42% de su consumo bruto de electricidad en 2025, según Eurostat. Es una potencia eólica con un cuello de botella en la red, no en la generación. Reducir exportaciones encarece la electricidad y agrava los vertidos, justo lo que un parque renovable sobredimensionado no necesita.
La paradoja irlandesa es de manual: cuanto más eólica instala, más depende de que un centro de datos no se desconecte en el momento equivocado.
El 80% renovable hora a hora que la CNMC quiere flexibilizar
En España el debate es otro, pero converge. El borrador del Ministerio para la Transición Ecológica exige a los centros de datos de 1 MW o más respaldar hora a hora al menos el 80% de su consumo con nueva generación renovable, hasta que la energía limpia supere el 90% del mix eléctrico. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha pedido flexibilizar ese requisito en su informe al texto.
El supervisor lleva tiempo señalando el flanco técnico. En enero de 2025, meses antes del apagón del 28 de abril, reclamó que estas instalaciones tuvieran capacidad para soportar huecos de tensión, seguimiento de rampas y obligaciones de observabilidad. Su informe sobre el borrador añade la comparación que más incomoda: en Irlanda han pasado del 4% del consumo total en 2015 al 28% en este ejercicio, con una proyección del 35% para 2035.
La patronal que negocia el texto agrupa a gigantes tecnológicos, pero también a ACS, a las grandes energéticas, y a grupos sanitarios como Quirón. Sitúa en 9.000 millones de euros la inversión en riesgo si la norma sale intacta y confía en que Bruselas la filtre por sus exigencias de soberanía digital, lo que retrasaría su aprobación más allá de las elecciones del 29 de noviembre. El decreto se planteó en agosto y puede salir con las Cortes disueltas, sin visto bueno del Parlamento. Aragón, con inversiones multimillonarias anunciadas, también lo rechaza.
En paralelo, el último Consejo de Ministros acordó la tramitación urgente de otra norma para ampliar capacidad de red. El criterio de acceso dinámico de la CNMC hacía que los requisitos de estas instalaciones drenaran capacidad en nudos situados a kilómetros de distancia. Según el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, las medidas contra el acaparamiento han liberado más de 1.000 MW en transporte y 1.700 MW en distribución; el supervisor contabiliza 1.600 MW de permisos ya renunciados.
Quién paga la red que necesita la inteligencia artificial
Hay una diferencia de fondo que el debate español está mezclando. La norma irlandesa es de naturaleza eléctrica: obliga al consumidor a aguantar la perturbación en lugar de desconectarse. El borrador español es de naturaleza contable: obliga a certificar renovabilidad horaria. Lo primero protege el sistema en milisegundos. Lo segundo ordena la narrativa verde del proyecto.
A mi juicio, el Gobierno acierta al mirar a Dublín y se equivoca al copiar el envoltorio sin la máquina. El plan irlandés obliga a aportar generación gestionable o almacenamiento y a cubrir el 80% del consumo anual con renovables nuevas, pero concede seis años de adaptación. El texto español pide el mismo porcentaje con verificación hora a hora y sin red de seguridad temporal, en un país donde el problema no es la falta de proyectos sino la incapacidad de evacuarlos.
La contradicción es visible. Se pide al centro de datos que financie renovables nuevas mientras la red no absorbe toda la producción existente y los vertidos crecen. Se exige flexibilidad al consumidor mientras la propia CNMC advierte de que el marco de acceso resta capacidad. Y se legisla por decreto urgente con las Cortes disueltas, lo que añade un riesgo jurídico que ninguna inversión de 9.000 millones digiere con indiferencia. Eso sí, la presión ya ha tenido efecto: 1.600 MW de permisos especulativos han desaparecido del mapa.
El precedente irlandés también tiene lectura política. Irlanda ejerce la presidencia de turno de la Unión Europea y en abril firmó con España un protocolo para explorar una futura interconexión eléctrica. Si esa línea avanza, el país que hoy inspira la norma española será también su primer cliente. La conexión no resuelve el pico de demanda, pero cambia el cálculo de los dos sistemas.
Hay dos hitos en el calendario. El 27 de octubre, las instalaciones irlandesas afrontan su primera prueba real de adaptación. El 29 de noviembre, las urnas deciden si el decreto español sobrevive con el texto actual o nace con un procedimiento europeo encima. En medio queda la pregunta que ningún regulador ha contestado por escrito: quién paga el refuerzo de red que necesitan ambos sistemas.
Veredicto Merca2
Cotización al cierre o apertura: No hay reacción de cotización atribuible al borrador: ninguna cotizada ha remitido hecho relevante sobre este texto. El valor más expuesto es Redeia, propietaria de la red de transporte, cuyo plan de inversión depende de aflorar los 1.600 MW de permisos que los promotores ya han renunciado.
Clave técnica: El nudo está en el 80% renovable con verificación hora a hora. Si la CNMC impone flexibilidad y se adopta un periodo transitorio de seis años como el irlandés, el decreto gana aplicabilidad; si sale intacto, el riesgo jurídico ante Bruselas se come la inversión.
Apunte macro: Irlanda cubrió el 42% de su consumo bruto eléctrico con renovables en 2025, según Eurostat, y aun así necesita limitar la demanda. España, con más capacidad instalada, afronta el mismo cuello de botella en la red de transporte y en los vertidos.
