Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados por el gobierno socialista encabezado por Pedro Sánchez suponen un récord de gasto: 325.000 millones, un 5,3% más. Varias son las medidas que han inflado dichas cifras, entre ellas, el aumento de hasta un 2,75% en el sueldo de los funcionarios.
Por lo que respecta a los ministerios, todos menos Trabajo y Hacienda verán elevadas sus dotaciones. En el caso del Ministerio del Interior, el incremento será del 8,6%, pasando de los 7.684 millones de euros de 2018 a los 8.342 millones en 2019 (658 millones más).
El Gobierno subraya en los PGE “la mejora de las retribuciones” de la Policía y la Guardia Civil por la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los cuerpos policiales y autonómicos.
Así se lleva a la práctica el acuerdo que, en su momento, se firmó con los sindicatos mayoritarios. En concreto, se destinarán 250 millones de euros para avanzar en la equiparación salarial. Además, la cartera bajo el mando de Fernando Grande-Marlaska dispondrá de 154 millones de euros para inversiones.
El incremento en el Ministerio del Interior será del 8,6%, lo que supone 658 millones de euros más que en los anteriores
Un ‘todos iguales’ que, una vez más, dejan en un segundo plano a los funcionarios de prisiones. De hecho, de los 685 millones de más respecto al año anterior, 404 millones ya tienen ‘destino’ como se ha visto (equiparación salarial más inversiones). Quedarían en la caja 254 millones que, vistos los antecedentes, no parece que vayan a poner fin a las reivindicaciones de los funcionarios de prisiones.
FUNCIONARIOS DISCRIMINADOS
Los presupuestos presentados por Pedro Sánchez, en el apartado concreto de Instituciones Penitenciarias, dejan muy claro que hay una doble vara de medir con el colectivo. Por un lado, incrementa el gasto de personal de los altos cargos de prisiones un 90,38%. Pasará de 66,05 millones de euros a 125,78. Es decir, 59,73 millones de diferencia a descontar de los 254 millones que Grande-Marlaska tendría disponible. Quedan 194,27 millones.
¿Y a los funcionarios? ¿Otro 90,38%? Ni mucho menos. Un 4,01%. El desembolso, por tanto, quedaría en 718.475,39 euros frente a los 690.769,34 de un año antes. ¿Diferencia? Mínima: unos ridículos 27.707,05 euros.
No es la primera discriminación que el ministerio de Grande-Marlaska hace al colectivo de funcionarios de prisiones. La pasada Navidad, la denominada como ‘bufanda’, es decir, el complemento de productividad, sólo recayó en los cargos directivos de las cárceles y en el personal sanitario. En solidaridad con sus compañeros, algunos de ellos depositaron dichas cantidades en un fondo común como medida solidaria.
ACAIP (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias) calificó el hecho de irregular presentando una denuncia contra el secretario general instituciones penitenciarias, Ángel Luis Ortíz, por prevaricación, malversación y contra los derechos de los trabajadores. El juzgado de instrucción número 33 de Madrid decidió abrir diligencias previas.
Tras más de un año de disputa, la respuesta que los funcionarios de prisiones han recibido por parte del Ministerio del Interior es que no hay partida presupuestaria. Que en la caja no hay los 123 millones de euros que se deberían repartir entre los años 2019 y 2021 de acuerdo con sus reivindicaciones salariales. Otra demanda es que se cubran los puestos vacantes, más de 3.400.
Dinero en la caja, como se ha visto, hay: casi 200 millones. Otra cosa es que se destine a un colectivo, el de los funcionarios de prisiones, que no está en las ‘oraciones’ de Fernando Grande-Marlaska ni de su número dos, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. ¿Se aprobarán dichos presupuestos? Esa es otra historia.
