El mecanismo ibérico ha dejado de ser una excepción española. Italia y la Comisión Europea cerraron el viernes un acuerdo preliminar para limitar el impacto del gas en el precio mayorista de la electricidad, con un umbral de activación de 59 euros por megavatio hora. Bruselas lo llama medida temporal. Madrid lo lee como precedente.
Un umbral de 59 euros y un recargo en la factura
El pacto, adelantado por EFE a partir de fuentes comunitarias y confirmado después por el Ejecutivo italiano, llega tras meses de intercambios. Roma venía reclamando un instrumento equivalente al que España y Portugal aplicaron desde 2022. La diferencia está en el listón: Italia quería activarlo en 44 euros/MWh. Bruselas ha fijado 59.
El diseño replica el modelo peninsular. Cuando el gas supere ese umbral, las centrales que queman el combustible podrán ofertar su electricidad tomando los 59 euros como referencia y recibirán una compensación por la diferencia respecto al coste real. El objetivo es que el mercado mayorista deje de arrastrar cada euro que sube el gas.
El gas cotiza estos días en torno a los 90 euros por megavatio hora. Con el mecanismo activo, el diferencial a cubrir rondaría los 31 euros por cada MWh generado con gas. Ese dinero no lo aporta Bruselas ni el Tesoro italiano: sale de un recargo en las facturas eléctricas.
Es el mismo esquema que ya generó debate en España. El consumidor financia la rebaja del precio mayorista y paga un suplemento en su recibo. El saldo neto depende del volumen de consumo y del tipo de contrato. Los grandes consumidores con contratos indexados al mercado fueron los mejor colocados para capturar el diferencial. Los hogares pequeños, los que menos.
El mecanismo no abarata la energía: la redistribuye. Baja el precio del mercado, sube el recargo en la factura y reparte ganadores y perdedores según el contrato.
El acuerdo deja fuera el coste del CO2. El régimen europeo de comercio de derechos de emisión, el ETS, seguirá encareciendo la generación con gas a través del precio de los permisos, cuya revisión se negocia en paralelo en Bruselas. El mecanismo toca el componente del combustible y deja intacto el del carbono, una parte creciente de la factura que ningún tope cubre. Ahí está el detalle.
Bruselas autoriza a topar el gas, no el carbono. El gesto alivia la factura hoy y deja intacta la señal que debía empujar la electrificación.
El precedente que España llevaba dos años esperando
El mecanismo ibérico estuvo en vigor más de año y medio. Arrancó con un precio de referencia de 40 euros/MWh para los seis primeros meses y fue escalando hasta los 65 euros/MWh con los que expiró en diciembre de 2023. Su financiación combinó recargos a los consumidores beneficiarios, y una parte de los ingresos extraordinarios de los intercambios eléctricos entre España y Francia.
Desde entonces, cada vez que el gas ha repuntado, la pregunta ha vuelto al mismo sitio. Si Bruselas firma ahora un esquema casi idéntico para Italia, el argumento de que el caso ibérico era una anomalía jurídica pierde fuerza. No es una autorización automática. Es un precedente.
La vicepresidenta de la Comisión responsable de Competencia, Teresa Ribera, ha sido explícita sobre el origen. ‘Italia nos ha planteado una propuesta inspirada en el mecanismo ibérico que aprobamos en 2022’, declaró a EFE. Y añadió el matiz que importa en Bruselas: es ‘una medida que puede ayudar de forma temporal sin perjuicio de la necesidad de acelerar la reforma del sistema energético priorizando electrificación, eficiencia y renovables’.
Ribera situó además el instrumento en la genealogía de la política de ayudas de Estado. ‘Aquella experiencia nos ha servido para construir el Marco Temporal de Ayudas Estatales por la Crisis de Oriente Próximo’, señaló, ‘que recoge el elenco de medidas más eficaces preservando el mercado interior y evitando distorsiones’.
La grieta que el acuerdo abre en el mercado marginalista
El sistema marginalista fija el precio de la electricidad por la tecnología más cara que entra a cubrir la demanda. En un país con una dependencia del gas muy superior a la española, eso convierte cada tensión en el mercado del gas en una subida automática de la luz. El mecanismo no cuestiona ese diseño: lo parchea. Las centrales de gas siguen marcando el precio, solo que con una referencia política en lugar de una referencia de mercado.
De ahí la contradicción que el propio comunicado de la Comisión deja ver. Bruselas insiste en electrificación, eficiencia y renovables mientras autoriza una referencia que mantiene artificialmente contenida la generación con gas. Durante la vigencia del mecanismo ibérico no hay evidencia de que el tope, por sí solo, recortara el consumo de gas. El ajuste llegó por la vía de la demanda industrial y de la sustitución de tecnología. La señal de precio, en el fondo, es lo que se está difuminando.
El segundo frente es jurídico. Cada mecanismo de este tipo se notifica como ayuda de Estado y se autoriza caso por caso. La decisión italiana no obliga a la Comisión a autorizar una reactivación española, pero eleva el coste político de negarla. Si el umbral de 59 euros se consolida como estándar para economías con mucho gas en el mix eléctrico, Madrid tendrá un expediente sólido. Si Bruselas envuelve el caso italiano en especificidades difícilmente replicables, el precedente se estrechará.
El tercer frente es el reparto de la carga. El recargo recae sobre el consumidor eléctrico, no sobre el gasista ni sobre el generador. En un contexto de precios altos del gas, eso significa que la factura se estabiliza, no que baje. La rebaja que sugiere el titular depende de que la reducción del mayorista se traslade íntegra a la tarifa minorista. Con márgenes comerciales opacos y una competencia minorista concentrada, la traslación no está garantizada.
El terreno político, además, ya estaba abonado. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se había mostrado partidaria de estudiar el mecanismo ibérico a escala comunitaria en plena crisis de precios. Lo que entonces era una hipótesis hoy es un expediente sobre la mesa. La novedad no es que Bruselas descubra el instrumento; es que lo replica para un tercer país mientras España sigue sin poder usarlo.
Queda la letra pequeña. El acuerdo es preliminar y debe concretarse en un decreto italiano y en una decisión formal de ayudas de Estado. Ese es el hito que conviene seguir: el texto que fije las condiciones de elegibilidad de las centrales y la fórmula de compensación. Si ese documento replica el umbral de 59 euros sin cláusulas específicas para el caso italiano, España tendrá algo más que un argumento político. Si no, el mecanismo ibérico habrá ganado un hermano y seguirá esperando su propia reapertura.
