El Gobierno habilitará una línea de créditos de 1.200 millones de euros avalada por el Estado para aquellos inquilinos que no puedan afrontar el pago de la renta de la vivienda por encontrarse en dificultades financieras a causa de la actual crisis sanitaria y el estado de alarma.

Así lo permite el aumento del techo de gasto que el Consejo de Ministros de este martes aprobó para el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Departamento que avalará a través del ICO estos préstamos, de los que estima se podrán beneficiar unos 450.000 inquilinos.

Esta línea de créditos, cuyo importe global aún no había transcendido, constituye una de las ‘medidas estrella’ del plan de ayudas para el alquiler que el Ejecutivo aprobó hace quince días.

En virtud del aumento del techo de gasto autorizado, el importe global de préstamos a avalar por el Estado a través del Departamento que dirige José Luis Ábalos será de 1.200 millones de euros, detallaron a Europa Press en fuentes de este Ministerio.

«Esta autorización permite elevar el nivel de gasto comprometido y las anualidades para hacer frente a este compromiso», añaden.

En virtud de esta medida, el Ministerio podrá firmar un acuerdo con el ICO para un plazo de hasta catorce años por el se habilitará una línea de avales con cobertura estatal para que, a su vez, los bancos ofrezcan créditos a los inquilinos con dificultades.

Así, las personas que vivan de alquiler en una vivienda cuya titularidad sea de un particular (el 85% de los casos) y cuya situación económica se haya visto afectada por la crisis, podrán pedir uno de estos préstamos a través de su entidad financiera para pagar hasta seis meses de alquiler.

Los préstamos no suponen ni gastos ni intereses para quien los solicite que, además, contará con un plazo para devolverlo de seis años, con posibilidad de una prórroga de cuatro años más.

Además, el banco abonará directamente el importe del préstamo al propietario del piso que, de esta forma, se evita la incertidumbre de un eventual impago del inquilino.

TRANSPORTES PAGA LOS INTERESES

Para articular los préstamos, el ICO una vez firme el acuerdo con el Ministerio, formalizará los contratos de aval con los bancos por dicho importe máximo de 1.200 millones de euros.

De su lado, el Departamento que dirige Ábalos, pagará a los bancos las comisiones que los créditos tengan por gastos de administración y gestión y los correspondientes así como intereses, lo que supondrá un importe máximo de 123,6 millones de euros.

Por ello, el Consejo de Ministros le ha autorizado a modificar los porcentajes vigentes de los compromisos de gasto con cargo a los ejercicios 2021 a 2031, ambos inclusive, en las aplicaciones presupuestarias que dotarán a esta medida.

REQUISITOS

Para poder acceder a uno de estos créditos, el inquilino debe acreditar que, a consecuencia de la crisis, se encuentra afectado por un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) o ha visto reducida su jornada por motivo de cuidados.

Así, la unidad familiar no debe haber alcanzado, el mes previo de solicitar la ayuda, ingresos conjuntos que superen tres veces el IPREM. Esta ratio se incrementará en 0,1 veces por cada persona mayor de 65 años o cada hijo a cargo en la unidad familiar, en este caso, en 0,15 en caso de unidad familiar monoparental.

Además, el importe de la renta a pagar, sumado a los gastos por suministros básicos de la vivienda, debe ser igual o superior al 35% de los ingresos netos del conjunto de los miembros de la unidad familiar.

Se entiende por suministros básicos la electricidad, el gas, el gasoil para calefacción, el agua corriente, los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto por el que se establece la ampliación del 20 de abril al 20 de mayo de la presentación de la declaración trimestral del IVA y el pago fraccionado de Sociedades e IRPF para los 3,4 millones de autónomos y pymes con una facturación inferior a 600.000 euros, el 95% del total, lo que tendrá un impacto de 3.558 millones en la liquidez de estos colectivos.

Finalmente, no se ha aprobado que los autónomos puedan renunciar al sistema de módulos y tributen por el de estimación directa, medida que se llevará a un próximo Consejo de Ministros.

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha destacado que ningún autónomo y pyme con una facturación inferior a 600.000 euros deberá presentar ni pagar sus impuestos en el mes de abril, sino que con la prórroga tendrán de plazo hasta el próximo 20 de mayo.

En concreto, el plazo máximo de presentación de las declaraciones de este trimestre del IVA, IRPF y el pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades se pasa del 20 de abril previsto inicialmente al 20 de mayo, y el plazo para las domiciliaciones se amplía también un mes, del 15 de abril al 15 de mayo.

Con independencia del momento de la presentación, todos los cargos se realizarán el 20 de mayo. Eso incluye también las declaraciones presentadas antes del 15 de este mes.

Las medidas beneficiarán a 3,4 millones de contribuyentes, el 95% del total de empresas y autónomos que tienen que presentar declaración tributaria en abril y con un volumen de facturación inferior a 600.000 euros, ya que para el resto seguirá siendo el 20 de abril de 2020 el plazo de presentación. Montero ha cifrado en 3.558 millones el impacto de la medida en la liquidez de estos colectivos.

Hacienda destaca que esta medida pretende dar un mayor margen a los gestores y asesores fiscales para recopilar la información necesaria para cumplir con las obligaciones fiscales de sus clientes en un momento de gran dificultad por los efectos de la emergencia sanitaria.

De igual forma, Montero ha indicado que las nuevas medidas de prolongación de los plazos se suman a la moratoria de seis meses, los tres primeros sin intereses, aprobada a mediados de marzo para el aplazamiento de hasta 30.000 euros en impuestos de autónomos y pymes con una facturación de hasta seis millones de euros.

Según Montero, esta medida, con un impacto máximo de 14.000 millones, podría beneficiar al 99,8% de autónomos y el 94% de pymes se encuentran por debajo de ese nivel de facturación, por lo que la «inmensa mayoría» pueden optar por aplazar toda la deuda tributaria sin pagar intereses los tres primeros meses.

A esto se suma la moratoria de las cuotas a la Seguridad Social, también de seis meses, aprobada a finales de marzo para empresas y autónomos, ha resaltado Montero.

SISTEMA DE ESTIMACIÓN DIRECTA PARA AUTÓNOMOS

Por otra parte, Montero ha adelantado que se aprobará «en breve» en un Consejo de Ministros que autónomos y pymes puedan renunciar al sistema de módulos y puedan tributar por el de estimación directa.

Desde el primer momento el Gobierno va adoptando medias ambiciosas para defender tejido productivo formado sobre todo por autónomos y pymes; seguiremos monitorizando la situación para actuar allí donde sea necesario», ha añadido.

Igualmente, ha cifrado en 48.542 las operaciones avaladas por el Estado a través de la línea del ICO, por importe de 4.739 millones, de los que 3.625 millones corresponden a pymes y autónomos.

LAS ORGANIZACIONES PIDEN APLAZARLO A JULIO

Desde el sector, la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) y el Consejo General de Economistas, entre otros, han remitido en las últimas semanas varias cartas a la ministra exigiendo la prolongación del plazo de impuestos, así como el Círculo de Empresarios y las organizaciones de autónomos (ATA, UPTA y Uatae) e incluso el Defensor del Pueblo atendió la petición instando a Hacienda a alargar los plazos de abril a mayo en el IVA y el IRPF a pymes y autónomos, junto a la prórroga al 30 de septiembre de la Campaña de la Renta, petición realizada también por Gestha.

Precisamente, tras la reunión mantenida este lunes por el Ministerio de Trabajo y las principales organizaciones de autónomos (ATA, UPTA y Uatae), los autónomos han advertido de la necesidad «urgente» de medidas.

ATA reclama que las obligaciones tributarias del primer trimestre se deben aplazar al 20 de julio, fecha en la que se presenta el segundo trimestre, a esta petición se ha sumado UPTA. Las organizaciones piden una moratoria de alquiler también para los locales, así como el abono de las prestaciones extraordinarias.

El Ministerio de Transportes está utilizando los datos de posicionamiento de unos trece millones de teléfonos móviles para estudiar la movilidad de los ciudadanos, especialmente los desplazamientos de más de 500 metros, tanto durante el estado de alarma como en la posterior fase de desescalada del confinamiento.

El Departamento que dirige José Luis Ábalos ofrece diariamente en su web los datos que arroja este análisis que, por ejemplo, indican que este pasado 10 de abril, en plena Semana Santa, 31,5 millones de españoles no se movieron más allá de dicha distancia, más del doble de los 14,6 millones que no lo hacían antes del confinamiento.

Así lo anunció la secretaria general de Transportes, María José Rallo, quien detalló que el Ministerio está aprovechando la experiencia que ya tenía en realizar estudios sobre movilidad y demanda de transportes a partir de los datos de teléfonos móviles para estudiar la correspondiente al periodo de estado de alarma.

Rallo explicó que se trata de un estudio realizado junto con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos a partir de la «adaptación de los algoritmos» de los estudios que ya venían haciendo para «analizar ahora el grado de responsabilidad de los ciudadanos».

La ‘alto cargo’ del Departamento garantizó no obstante que se utilizan los datos «anonimizados» y se cumple escrupulosamente con la legislación de protección de datos y de garantía de derechos digitales.

Según detalló, con esta herramienta de análisis analizan los viajes de más de 500 metros que se realizan no sólo a escala nacional, sino también provincial y por comunidades.

COMPROBAR EFECTIVIDAD DE MEDIDAS

En concreto, el objetivo del estudio es disponer de una «caracterización de la movilidad a nivel nacional, de comunidad autónoma, provincial y local, para apoyar las labores de seguimiento de la evolución de la enfermedad, para evaluar la efectividad de las medidas de restricción de la movilidad adoptadas, así como contribuir la toma de decisiones durante el periodo de desescalado», según detalla el Ministerio en su web.

Así, para ello, el análisis compara la movilidad diaria con la de una semana tipo equivalente previa a la crisis. Los resultados del estudio se actualizarán diariamente durante el estado de alarma y durante todo el posterior periodo de desescalado. La información disponible cada día corresponderá a los datos reales de movilidad de jornadas previas, «el tiempo necesario para la disposición y tratamiento de los datos», detalla el Ministerio.

El Tesoro Público ha captado este martes 6.875,38 millones de euros en letras a 6 y 12 meses, en el rango alto previsto, y lo ha hecho cobrando menos a los inversores en las letras a 6 meses, pero empezando a pagar en la deuda a 12 meses por primera vez desde febrero de 2016.

La emisión de este martes ha sido la primera tras el parón de Semana Santa y la reanudación de las actividades no esenciales en España este lunes, en un contexto de mayor volatilidad en los mercados por la pandemia del coronavirus y con la mirada puesta en las nuevas previsiones del FMI.

A pesar de ser la cuarta subasta consecutiva en la que registra un mayor coste, la demanda de la operación ha alcanzado los 10.035,41 millones de euros, 1,4 veces por encima de lo finalmente adjudicado, por lo que continúa el interés inversor por la deuda española.

En detalle, el Tesoro ha captado 1.123 millones en letras a 6 meses, frente a una demanda de 3.073 millones, y ha cobrado menos a los inversores, ya que el tipo de interés marginal ha pasado del -0,505% de referencia de la subasta del pasado 3 de marzo al -0,010%, por lo que se ha quedado cerca de empezar a pagar.

En la deuda a 12 meses, de la que ha emitido 5.752,32 millones de euros, frente a una demanda de 6.962,32 millones de euros, sí ha empezado a pagar por primera vez desde febrero de 2016 al registrar un marginal del 0,160%, cuando la referencia era el -0,489%.

El jueves el Tesoro volverá a testar los mercados con una emisión de deuda a largo plazo en la que ofrecerá bonos del Estado a 3 años, con cupón del 0%; bonos a 5 años, con cupón del 0%; obligaciones con una vida residual de 6,6 años, con cupón del 1,30% y obligaciones a 15 años, con cupón del 1,85%. El objetivo en este caso se sitúa entre los 5.500 y los 6.500 millones de euros.

En este caso, la referencia en los bonos a 3 años es el tipo de interés marginal del 0,107% de la emisión realizada el pasado 2 de abril y, de ese mismo día, el interés del 0,276% de los bonos a 5 años.

En cuanto a las obligaciones, la referencia en el papel con vida residual de 6 años y 6 mees es el tipo del 1,365% de interés registrado en la operación del 21 de septiembre de 2017, mientras que en las obligaciones a 15 años es el interés marginal del 0,859% marcado en la emisión del 9 de enero.

Con las dos emisiones de esta semana el organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital concluye el calendario del mes de abril y no regresará a los mercados hasta mayo.

Para 2020, el Tesoro prevé realizar una emisión neta de deuda pública de 32.500 millones de euros, lo que supone un 7,1% menos respecto a la estrategia del año pasado, pero un 62,8% más respecto a los 19.960 millones finalmente emitidos a cierre de 2019.

La estrategia de financiación de este año contempla una emisión bruta de deuda pública de 196.504 millones para este año, un 6,2% menos que la estrategia de 2019 y prevé obtener toda la financiación neta a través de la emisión de instrumentos a medio y largo plazo.

Además, el organismo prevé la emisión de su primer bono verde a 20 años en la segunda mitad del ejercicio.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha aprobado las primas aplicables a la línea extraordinaria de cobertura de circulante aseguradora de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), por un importe de 2.000 millones de euros, para hacer frente a los efectos de la crisis del Covid-19.

Así figura en una orden de Industria publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), después de que la Comisión de Riesgos por cuenta del Estado (CRE) aprobara hace dos semanas la propuesta de Cesce para la puesta en marcha de esta Línea prevista en el real decreto-ley del pasado 17 de marzo aprobado por el Gobierno.

En la propuesta presentada por el agente gestor a la CRE, figuran las tarifas aplicables a esta línea, que se aplicarán siendo coherente tanto con los precios establecidos por la Comisión Europea en su Comunicación respecto del establecimiento de un marco temporal para la concesión de ayudas de Estado para apoyar la economía en el contexto actual de los efectos del Covid-19, como con los precios establecidos por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en su línea de avales de 20.000 millones de euros.

En lo que respecta a la cobertura al 80% de créditos a pymes, así como la cobertura al 70% o al 60% de créditos a no pymes, los precios son los recogidos en la decisión de la Comisión Europea relativa a la notificación de España de un esquema de garantías a favor de empresas y autónomos para apoyar a la economía en brote del Covid-19 Línea de avales de ICO).

En cuanto a la cobertura al 80% de riesgos con empresas que no tengan la consideración de pymes, los precios son los publicados en la comunicación de la Comisión de la UE Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de Covid-19 del pasado 20 de marzo y su modificación del 4 de abril.

En caso de que, en el futuro, la Comisión Europea aprobara expresamente primas para otros supuestos de porcentaje de cobertura, dichas primas serían de aplicación.

El precio aplicable es de 20 puntos básicos sobre el saldo del importe avalado. Se entiende por operaciones ‘de minimis’ aquellos créditos de hasta un máximo de 1,5 millones de euros en una o varias operaciones de préstamo a empresas, que cumplan las disposiciones específicas del reglamento europeo.

El retraso medio en los pagos de las empresas españolas se ha incrementado en el primer trimestre de 2020 hasta los 14,37 días, el nivel más alto desde el último trimestre de 2015, cuando este indicador alcanzaba los 16,08 días.

Según el Estudio sobre Comportamiento de Pagos de las Empresas Españolas, publicado por Informa D&B, compañía filial de Cesce, el plazo medio en que las empresas españolas pagan sus facturas sube hasta 91,03 días, casi un día más que hace un año.

Esto se produce, explica Informa, porque ha aumentado tanto el periodo de tiempo pactado para hacer efectivas las facturas como el retraso en hacerlo. Los plazos pactados se quedan en 76,66 días frente a los 76,47 de hace un año.

Este estudio se basa en el análisis estadístico de los datos de Dun Trade Informa D&B, una base de datos única compuesta por 1,6 millones de experiencias de pago, tanto positivas como negativas, que corresponden a más de 400.000 empresas diferentes en España.

Por otro lado, la proporción de pagos puntuales baja por tercer trimestre consecutivo para quedar en el 46,5%. Acumulando los pagos realizados con hasta 30 días de retraso, el porcentaje se eleva al 91%, siendo un 4% los que se demoran más de 90 días.

Los retrasos producidos suponen un coste directo para el conjunto del tejido empresarial español de 1.849 millones de euros, 121 millones de euros más que el trimestre anterior. De la suma de los importes de las facturas computadas, el 97% del total se paga dentro del plazo o con hasta 30 días de retraso.

Según la directora de Estudios de Informa D&B, Nathalie Gianese, los efectos en los pagos de la situación de emergencia por la expansión del virus Covid-19 «todavía parecen mínimos, a pesar de que el retraso medio se incrementa hasta 14,37 días, resultando más afectados sectores como Hostelería y Transporte».

MÁS RETRASO EN LA ADMINISTRACIÓN, QUE ACUMULA 25 DÍAS

La subida en el retraso medio en los pagos se generaliza a casi todos los sectores desde hace un año, salvo en los de Energía y Comunicaciones. La Administración es el que peor se comporta, con 25,02 días de dilación sobre los plazos pactados, una diferencia de casi 5 días respecto al siguiente, Hostelería, que supera los 20 días este trimestre.

Les siguen Otros servicios, 19,05 días de demora, y Transportes, con 17,81 días. Este último y Hostelería son los que más incrementan sus retrasos, sumando 0,99 y 1,24 días, respectivamente respecto al trimestre anterior.

Solo tres sectores se mantienen por debajo de los 14,37 días de retraso de promedio nacional: Comercio, 13,21, Comunicaciones, 12,71, e Industria, que es el que mejor paga con un retraso medio de 11,92 días. Dependiendo de si se contrata con este último sector o con la Administración, la diferencia es de 13,10 días.

BRECHA NORTE-SUR POR COMUNIDADES

Por comunidades, el comportamiento de pagos aparece dividido entre norte y sur, con Ceuta registrando el mayor retraso medio en los pagos (28,63 días), seguida de Canarias (22,45 días), Melilla (18,55 días), y Extremadura (18,13 días).

Por debajo de los once días de demora se sitúan Navarra, con 10,68 días de retraso, el País Vasco (10,48 días), y La Rioja (9,56 días), comunidad con menos días de retraso medio. Desde hace un año, el retraso se incrementa en la mayor parte de las autonomías, con especial incidencia en Canarias, que suma 2,77 días, y Baleares, 1,50 días más.

La Comunidad de Madrid está por encima de la media del país, con 17,26 días, mientras que Cataluña se sitúa por debajo, con 12,75 días. La diferencia entre la comunidad con peor y mejor comportamiento sube desde el trimestre anterior, cuando era de 16,12 días, hasta 19,08 días en este.

LA PUNTUALIDAD CAE: NINGUNA COMUNIDAD ALCANZA EL 55%

Si al cierre de 2017 cinco comunidades autónomas pagaban más del 60% de sus facturas puntualmente, en este trimestre ninguna llega al 55%. Aragón es la que mejor con se comporta, con un porcentaje de pagos en plazo de casi el 54%, seguida de Asturias que se queda cerca del 53%. A continuación figuran La Rioja y Cantabria, con un 52% ambas.

País Vasco, Galicia, Navarra y Castilla León también superan el 50%, mientras que Canarias es la autonomía menos cumplidora, pues allí tan solo el 34% de los pagos se realizan a tiempo, seguida por Ceuta, Melilla y Madrid con porcentajes del 35%, 38% y 39% en cada caso.

SOLO EL 12% DE GRANDES EMPRESAS PAGA EN PLAZO

Por tamaño de empresas, el 53% de las microempresas y el 46% de las pequeñas cumplen con los plazos de pago pactados, frente al 28% de las medianas y el 12% de las grandes empresas en el primer trimestre del año.

Sin embargo, la mayor parte de las medianas y grandes paga con un retraso de hasta 30 días, 66% y 82% respectivamente, frente al 36% y el 47% de las micro y pequeñas empresas. Con más de 60 días de retraso están un 8% de microempresas, a un 4% de pequeñas y medianas y a un 3% de las grandes.

Las pequeñas empresas son las que tienen una media de retraso más baja, con 12,18 días, lo que supone 0,68 días más que hace un año. Las medianas también aumentan este plazo, concretamente 0,48 días, hasta un total de 13,48 días. Son las micros y las grandes las que tienen la demora más elevada, 16,06 y 16,03 días respectivamente, con crecimientos de 0,79 y 0,60 días en cada caso.