El fraude a la Seguridad Social en la hostelería de Córdoba ya tiene sentencia. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial condena a cinco años de cárcel repartidos entre dos empresarios y a 900.000 euros de multa por un entramado de sociedades que contrató plantilla, dejó de cotizar y se disolvió entre 2013 y 2021.
La cifra global supera los 1,5 millones de euros al sumar sanciones e indemnizaciones civiles a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). El perjuicio directo reconocido en la resolución asciende a 606.615,31 euros, que los condenados abonarán mediante un calendario de pagos ya presentado ante el juzgado.
Ocho años de contratar, dejar de cotizar y cambiar de sociedad
Los hechos probados describen un mecanismo repetido durante ocho ejercicios. Una sociedad contrataba plantilla en bares y restaurantes, mantenía a los trabajadores de alta y dejaba de ingresar sus cuotas de forma sistemática. Cuando la deuda alcanzaba un volumen incómodo, la mercantil se disolvía y otra sociedad del mismo grupo recogía la actividad, el local y el personal.
El principal condenado, identificado como Á.V.C.Á., manejaba ese entramado societario. La sentencia le atribuye tres años de prisión: dos años y 300.000 euros de multa por el delito contra la Seguridad Social, más un año y otros 300.000 euros por no pagar sus propias cuotas de autónomo. La resolución también da por acreditado que la red cobró varios eventos en dinero negro, y que parte de esos ingresos se movió sin factura.
El segundo condenado, J.U.N., empresario de Lucena, suma dos años de cárcel y 300.000 euros de multa como coautor. La Audiencia lo define como un «testaferro o tercero interpuesto de manual»: prestaba su nombre para que la gestión real quedara a la sombra. Ambos quedan inhabilitados cinco años para recibir subvenciones, ayudas públicas y beneficios fiscales o de la Seguridad Social.
Contratar, no cotizar y disolver: el esquema aguantó ocho años porque nadie siguió el rastro de las sociedades que se relevaban detrás de la misma plantilla.
La sentencia es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. A 9 de noviembre, ninguna de las partes había anunciado apelación y no constaba el ingreso en prisión: la defensa solicitó la suspensión de la ejecución de la pena. De los 606.615,31 euros consta un ingreso previo de 40.000 euros y un compromiso de abono de 2.000 euros al mes.
Qué pena cabe por un fraude de cotización y por qué esta sale baja
El Código Penal castiga la defraudación a la Seguridad Social cuando las cuotas impagadas superan los 50.000 euros en cuatro años naturales, con penas de hasta cinco años de prisión. La horquilla se agrava, de dos a seis años, si se rebasan los 120.000 euros, si actúa una organización criminal o si se emplean personas interpuestas que dificulten identificar al responsable. El caso cordobés reúne las tres circunstancias.
La Fiscalía llegó a pedir 23 años para cuatro acusados, con 10 para el principal y 7 para el testaferro. En el juicio la petición cayó a 4 y 3 años al apreciarse la reparación del daño, y la sentencia añade la atenuante de dilaciones indebidas por los tres años transcurridos entre el auto de transformación, en 2023, y la vista oral, en 2026. Ambos quedan absueltos del delito de frustración de la ejecución.
- Á.V.C.Á., responsable principal: tres años de prisión, 600.000 euros de multa y 361.896,06 euros de indemnización a la TGSS.
- J.U.N., testaferro: dos años de prisión, 300.000 euros de multa y 244.719,25 euros de indemnización.
Qué significa para quien trabaja en hostelería
Para el trabajador, el daño no acaba en la cuenta de la Tesorería. Estar de alta sin que la empresa ingrese las cuotas deja un agujero en la vida laboral que aparece al pedir la jubilación o al quedarse en paro: el SEPE calcula la prestación sobre bases que, sin pagar, figuran a cero. En un sector con fijos discontinuos y jornadas de temporada, ese desfase se detecta tarde.
Córdoba acumula tres procedimientos de este tipo en poco más de un año. En octubre de 2025, otro hostelero fue condenado a dos años de cárcel, 620.000 euros de multa y 463.939,56 euros de indemnización por impagos entre 2009 y 2018. En verano de 2025, el Supremo confirmó seis años y dos meses a un empresario que mantuvo a 39 empleados de alta sin cotizar con siete sociedades y simuló contratos para que otros cobraran prestaciones.
Mi lectura: la condena es real, pero llega con descuento. La distancia entre los 23 años que pedía la Fiscalía y los cinco que se imponen se explica por atenuantes legales, no por la gravedad de los hechos. Lo que sí cambia algo es la inhabilitación de cinco años y el rastro documental de la sentencia: cualquier plantilla que sospeche puede mirar su vida laboral, comparar bases con nómina y activar la Inspección.
📝 Cómo comprobar tus cotizaciones y denunciar un fraude
El trámite es gratuito y no requiere abogado. Basta con reunir la documentación básica y contrastarla con el histórico que guarda la Seguridad Social.
- Paso 1: Reúne tus nóminas, los contratos y el certificado de empresa de cada periodo que quieras revisar.
- Paso 2: Solicita el informe de vida laboral en el portal de la Seguridad Social, con certificado digital, Cl@ve o un código por SMS.
- Paso 3: Compara mes a mes las bases de cotización del informe con el salario bruto de tu nómina.
- Paso 4: Si detectas días sin alta o bases por debajo de lo cobrado, presenta una solicitud de revisión ante la Tesorería General de la Seguridad Social.
- Paso 5: Denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por sede electrónica o presencialmente, adjuntando la vida laboral y las nóminas.
Plazo: la reclamación de cuotas prescribe a los cuatro años, pero la denuncia puede presentarse en cualquier momento mientras la relación laboral siga viva. Requisito mínimo: contar con certificado digital, Cl@ve o teléfono móvil para acceder al informe de vida laboral.
