El Ministerio de Transportes está utilizando los datos de posicionamiento de unos trece millones de teléfonos móviles para estudiar la movilidad de los ciudadanos, especialmente los desplazamientos de más de 500 metros, tanto durante el estado de alarma como en la posterior fase de desescalada del confinamiento.

El Departamento que dirige José Luis Ábalos ofrece diariamente en su web los datos que arroja este análisis que, por ejemplo, indican que este pasado 10 de abril, en plena Semana Santa, 31,5 millones de españoles no se movieron más allá de dicha distancia, más del doble de los 14,6 millones que no lo hacían antes del confinamiento.

Así lo anunció la secretaria general de Transportes, María José Rallo, quien detalló que el Ministerio está aprovechando la experiencia que ya tenía en realizar estudios sobre movilidad y demanda de transportes a partir de los datos de teléfonos móviles para estudiar la correspondiente al periodo de estado de alarma.

Rallo explicó que se trata de un estudio realizado junto con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos a partir de la «adaptación de los algoritmos» de los estudios que ya venían haciendo para «analizar ahora el grado de responsabilidad de los ciudadanos».

La ‘alto cargo’ del Departamento garantizó no obstante que se utilizan los datos «anonimizados» y se cumple escrupulosamente con la legislación de protección de datos y de garantía de derechos digitales.

Según detalló, con esta herramienta de análisis analizan los viajes de más de 500 metros que se realizan no sólo a escala nacional, sino también provincial y por comunidades.

COMPROBAR EFECTIVIDAD DE MEDIDAS

En concreto, el objetivo del estudio es disponer de una «caracterización de la movilidad a nivel nacional, de comunidad autónoma, provincial y local, para apoyar las labores de seguimiento de la evolución de la enfermedad, para evaluar la efectividad de las medidas de restricción de la movilidad adoptadas, así como contribuir la toma de decisiones durante el periodo de desescalado», según detalla el Ministerio en su web.

Así, para ello, el análisis compara la movilidad diaria con la de una semana tipo equivalente previa a la crisis. Los resultados del estudio se actualizarán diariamente durante el estado de alarma y durante todo el posterior periodo de desescalado. La información disponible cada día corresponderá a los datos reales de movilidad de jornadas previas, «el tiempo necesario para la disposición y tratamiento de los datos», detalla el Ministerio.

El Tesoro Público ha captado este martes 6.875,38 millones de euros en letras a 6 y 12 meses, en el rango alto previsto, y lo ha hecho cobrando menos a los inversores en las letras a 6 meses, pero empezando a pagar en la deuda a 12 meses por primera vez desde febrero de 2016.

La emisión de este martes ha sido la primera tras el parón de Semana Santa y la reanudación de las actividades no esenciales en España este lunes, en un contexto de mayor volatilidad en los mercados por la pandemia del coronavirus y con la mirada puesta en las nuevas previsiones del FMI.

A pesar de ser la cuarta subasta consecutiva en la que registra un mayor coste, la demanda de la operación ha alcanzado los 10.035,41 millones de euros, 1,4 veces por encima de lo finalmente adjudicado, por lo que continúa el interés inversor por la deuda española.

En detalle, el Tesoro ha captado 1.123 millones en letras a 6 meses, frente a una demanda de 3.073 millones, y ha cobrado menos a los inversores, ya que el tipo de interés marginal ha pasado del -0,505% de referencia de la subasta del pasado 3 de marzo al -0,010%, por lo que se ha quedado cerca de empezar a pagar.

En la deuda a 12 meses, de la que ha emitido 5.752,32 millones de euros, frente a una demanda de 6.962,32 millones de euros, sí ha empezado a pagar por primera vez desde febrero de 2016 al registrar un marginal del 0,160%, cuando la referencia era el -0,489%.

El jueves el Tesoro volverá a testar los mercados con una emisión de deuda a largo plazo en la que ofrecerá bonos del Estado a 3 años, con cupón del 0%; bonos a 5 años, con cupón del 0%; obligaciones con una vida residual de 6,6 años, con cupón del 1,30% y obligaciones a 15 años, con cupón del 1,85%. El objetivo en este caso se sitúa entre los 5.500 y los 6.500 millones de euros.

En este caso, la referencia en los bonos a 3 años es el tipo de interés marginal del 0,107% de la emisión realizada el pasado 2 de abril y, de ese mismo día, el interés del 0,276% de los bonos a 5 años.

En cuanto a las obligaciones, la referencia en el papel con vida residual de 6 años y 6 mees es el tipo del 1,365% de interés registrado en la operación del 21 de septiembre de 2017, mientras que en las obligaciones a 15 años es el interés marginal del 0,859% marcado en la emisión del 9 de enero.

Con las dos emisiones de esta semana el organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital concluye el calendario del mes de abril y no regresará a los mercados hasta mayo.

Para 2020, el Tesoro prevé realizar una emisión neta de deuda pública de 32.500 millones de euros, lo que supone un 7,1% menos respecto a la estrategia del año pasado, pero un 62,8% más respecto a los 19.960 millones finalmente emitidos a cierre de 2019.

La estrategia de financiación de este año contempla una emisión bruta de deuda pública de 196.504 millones para este año, un 6,2% menos que la estrategia de 2019 y prevé obtener toda la financiación neta a través de la emisión de instrumentos a medio y largo plazo.

Además, el organismo prevé la emisión de su primer bono verde a 20 años en la segunda mitad del ejercicio.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha aprobado las primas aplicables a la línea extraordinaria de cobertura de circulante aseguradora de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), por un importe de 2.000 millones de euros, para hacer frente a los efectos de la crisis del Covid-19.

Así figura en una orden de Industria publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), después de que la Comisión de Riesgos por cuenta del Estado (CRE) aprobara hace dos semanas la propuesta de Cesce para la puesta en marcha de esta Línea prevista en el real decreto-ley del pasado 17 de marzo aprobado por el Gobierno.

En la propuesta presentada por el agente gestor a la CRE, figuran las tarifas aplicables a esta línea, que se aplicarán siendo coherente tanto con los precios establecidos por la Comisión Europea en su Comunicación respecto del establecimiento de un marco temporal para la concesión de ayudas de Estado para apoyar la economía en el contexto actual de los efectos del Covid-19, como con los precios establecidos por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) en su línea de avales de 20.000 millones de euros.

En lo que respecta a la cobertura al 80% de créditos a pymes, así como la cobertura al 70% o al 60% de créditos a no pymes, los precios son los recogidos en la decisión de la Comisión Europea relativa a la notificación de España de un esquema de garantías a favor de empresas y autónomos para apoyar a la economía en brote del Covid-19 Línea de avales de ICO).

En cuanto a la cobertura al 80% de riesgos con empresas que no tengan la consideración de pymes, los precios son los publicados en la comunicación de la Comisión de la UE Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de Covid-19 del pasado 20 de marzo y su modificación del 4 de abril.

En caso de que, en el futuro, la Comisión Europea aprobara expresamente primas para otros supuestos de porcentaje de cobertura, dichas primas serían de aplicación.

El precio aplicable es de 20 puntos básicos sobre el saldo del importe avalado. Se entiende por operaciones ‘de minimis’ aquellos créditos de hasta un máximo de 1,5 millones de euros en una o varias operaciones de préstamo a empresas, que cumplan las disposiciones específicas del reglamento europeo.

El retraso medio en los pagos de las empresas españolas se ha incrementado en el primer trimestre de 2020 hasta los 14,37 días, el nivel más alto desde el último trimestre de 2015, cuando este indicador alcanzaba los 16,08 días.

Según el Estudio sobre Comportamiento de Pagos de las Empresas Españolas, publicado por Informa D&B, compañía filial de Cesce, el plazo medio en que las empresas españolas pagan sus facturas sube hasta 91,03 días, casi un día más que hace un año.

Esto se produce, explica Informa, porque ha aumentado tanto el periodo de tiempo pactado para hacer efectivas las facturas como el retraso en hacerlo. Los plazos pactados se quedan en 76,66 días frente a los 76,47 de hace un año.

Este estudio se basa en el análisis estadístico de los datos de Dun Trade Informa D&B, una base de datos única compuesta por 1,6 millones de experiencias de pago, tanto positivas como negativas, que corresponden a más de 400.000 empresas diferentes en España.

Por otro lado, la proporción de pagos puntuales baja por tercer trimestre consecutivo para quedar en el 46,5%. Acumulando los pagos realizados con hasta 30 días de retraso, el porcentaje se eleva al 91%, siendo un 4% los que se demoran más de 90 días.

Los retrasos producidos suponen un coste directo para el conjunto del tejido empresarial español de 1.849 millones de euros, 121 millones de euros más que el trimestre anterior. De la suma de los importes de las facturas computadas, el 97% del total se paga dentro del plazo o con hasta 30 días de retraso.

Según la directora de Estudios de Informa D&B, Nathalie Gianese, los efectos en los pagos de la situación de emergencia por la expansión del virus Covid-19 «todavía parecen mínimos, a pesar de que el retraso medio se incrementa hasta 14,37 días, resultando más afectados sectores como Hostelería y Transporte».

MÁS RETRASO EN LA ADMINISTRACIÓN, QUE ACUMULA 25 DÍAS

La subida en el retraso medio en los pagos se generaliza a casi todos los sectores desde hace un año, salvo en los de Energía y Comunicaciones. La Administración es el que peor se comporta, con 25,02 días de dilación sobre los plazos pactados, una diferencia de casi 5 días respecto al siguiente, Hostelería, que supera los 20 días este trimestre.

Les siguen Otros servicios, 19,05 días de demora, y Transportes, con 17,81 días. Este último y Hostelería son los que más incrementan sus retrasos, sumando 0,99 y 1,24 días, respectivamente respecto al trimestre anterior.

Solo tres sectores se mantienen por debajo de los 14,37 días de retraso de promedio nacional: Comercio, 13,21, Comunicaciones, 12,71, e Industria, que es el que mejor paga con un retraso medio de 11,92 días. Dependiendo de si se contrata con este último sector o con la Administración, la diferencia es de 13,10 días.

BRECHA NORTE-SUR POR COMUNIDADES

Por comunidades, el comportamiento de pagos aparece dividido entre norte y sur, con Ceuta registrando el mayor retraso medio en los pagos (28,63 días), seguida de Canarias (22,45 días), Melilla (18,55 días), y Extremadura (18,13 días).

Por debajo de los once días de demora se sitúan Navarra, con 10,68 días de retraso, el País Vasco (10,48 días), y La Rioja (9,56 días), comunidad con menos días de retraso medio. Desde hace un año, el retraso se incrementa en la mayor parte de las autonomías, con especial incidencia en Canarias, que suma 2,77 días, y Baleares, 1,50 días más.

La Comunidad de Madrid está por encima de la media del país, con 17,26 días, mientras que Cataluña se sitúa por debajo, con 12,75 días. La diferencia entre la comunidad con peor y mejor comportamiento sube desde el trimestre anterior, cuando era de 16,12 días, hasta 19,08 días en este.

LA PUNTUALIDAD CAE: NINGUNA COMUNIDAD ALCANZA EL 55%

Si al cierre de 2017 cinco comunidades autónomas pagaban más del 60% de sus facturas puntualmente, en este trimestre ninguna llega al 55%. Aragón es la que mejor con se comporta, con un porcentaje de pagos en plazo de casi el 54%, seguida de Asturias que se queda cerca del 53%. A continuación figuran La Rioja y Cantabria, con un 52% ambas.

País Vasco, Galicia, Navarra y Castilla León también superan el 50%, mientras que Canarias es la autonomía menos cumplidora, pues allí tan solo el 34% de los pagos se realizan a tiempo, seguida por Ceuta, Melilla y Madrid con porcentajes del 35%, 38% y 39% en cada caso.

SOLO EL 12% DE GRANDES EMPRESAS PAGA EN PLAZO

Por tamaño de empresas, el 53% de las microempresas y el 46% de las pequeñas cumplen con los plazos de pago pactados, frente al 28% de las medianas y el 12% de las grandes empresas en el primer trimestre del año.

Sin embargo, la mayor parte de las medianas y grandes paga con un retraso de hasta 30 días, 66% y 82% respectivamente, frente al 36% y el 47% de las micro y pequeñas empresas. Con más de 60 días de retraso están un 8% de microempresas, a un 4% de pequeñas y medianas y a un 3% de las grandes.

Las pequeñas empresas son las que tienen una media de retraso más baja, con 12,18 días, lo que supone 0,68 días más que hace un año. Las medianas también aumentan este plazo, concretamente 0,48 días, hasta un total de 13,48 días. Son las micros y las grandes las que tienen la demora más elevada, 16,06 y 16,03 días respectivamente, con crecimientos de 0,79 y 0,60 días en cada caso.

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha presentado a la Dirección General de Función Pública un plan de contingencia para la fase de desescalada en la Administración General del Estado una vez finalice el estado de alarma.

El plan contempla la adopción de medidas preventivas para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios de los servicios públicos y, según UGT, «ha tenido una muy buena acogida por parte de la Administración», que ha abierto un plazo de 48 horas para que se puedan presentar más propuestas.

El plan propuesto por UGT contempla la implementación de varias medidas, entre ellas la planificación de tareas y procesos para que pueda mantenerse la distancia de seguridad interpersonal recomendada, tanto en la entrada y salida al centro de trabajo como durante la permanencia en el mismo.

Asimismo, el sindicato pide en su plan que se publicite y difundan los procedimientos de higiene recomendados por las autoridades sanitarias; que se faciliten al personal los productos necesarios para seguir las recomendaciones individuales; que se extreme la limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, mobiliario y enseres, así como de los sistemas de ventilación; que existe disponibilidad para los trabajadores de los medios y equipos de protección individual necesarios, y que, en los centros abiertos al público, el aforo máximo permita cumplir la distancia de seguridad interpersonal para minimizar el contacto entre trabajadores y usuarios.

Al mismo tiempo, el sindicato insta a mantener y fomentar el teletrabajo, abordando de inmediato su regulación; a que exista disponibilidad de test de detención de virus en los centros de trabajo y protocolos en caso de que una persona manifieste síntomas, y a poner en marcha un tratamiento específico para minimizar el riesgo de los trabajadores especialmente sensibles o vulnerables.

Desde UGT se ha pedido a Función Pública que, dada la suspensión temporal de las reuniones de las Mesas Delegadas, se articule un procedimiento que permita extender y adaptar estas medidas a los distintos Ministerios y organismos.

Pimco considera «insuficiente» el acuerdo alcanzado por el Eurogrupo para movilizar 540.000 millones de euros en préstamos y poner en marcha a medio plazo un fondo que relance la economía una vez superada la emergencia sanitaria por el coronavirus.

El pasado jueves los ministros de finanzas europeos llegaron a un acuerdo por el que el fondo europeo de rescates (MEDE) dará hasta 240.000 millones en líneas de crédito a los Estados miembros, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) movilizará 200.000 millones en préstamos para empresas y el fondo contra el desempleo propuesto por la Comisión Europea pondrá a disposición de los gobiernos europeos otros 100.000 millones.

Pimco asegura que estas medidas son «insuficientes» y «dejan la carga de la gestión de la crisis en manos del Banco Central Europeo y los Gobiernos nacionales». «El BCE puede dar estabilidad a la región durante un tiempo, pero la falta continuada de coordinación política conllevará fragilidad», ha sostenido su analista de crédito soberano, Nicola Mai.

La firma de inversión estadounidense anticipa una caída del PIB del 10% en la zona euro, con déficit públicos por encima del 10%, un incremento del 4% en las tasas de desempleo y adelanta que los niveles de producción de la eurozona «podrían no recuperarse antes del año 2022», pese a tratarse una recesión corta que dure hasta la mitad de este año.

En este sentido, Pimco considera que la estrategia acordada «puede ser efectiva por ahora», pero ha subrayado los problemas derivados del compromiso condicionado del BCE, de eventuales respuestas incompletas de los gobiernos y el auge del euroescepticismo en España e Italia.

El impacto de la pandemia de Covid-19 en los mercados de crédito y los fondos de inversión ha subrayado las potenciales vulnerabilidades en el sector de intermediarios financieros no bancarios (NBFI por sus siglas en inglés), así como la necesidad de un mejor entendimiento de los riesgos y de las implicaciones resultantes, según ha advertido el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) en una carta remitida a los ministros de Finanzas y a los banqueros centrales del G20 antes de la cumbre virtual que celebran este miércoles.

«Es más importante que nunca para garantizar que se puedan lograr los beneficios de esta dinámica porción del sistema financiero sin poner en peligro la estabilidad financiera», señala el presidente del FSB, Randal K. Quarles, quien también forma parte del consejo de la Reserva Federal de Estados Unidos.

En su carta, Quarles destaca que el FSB, ente encargado de monitorizar y coordinar la respuesta financiera del G20, ha establecido un grupo de reguladores de mercados y responsables de políticas macroprudenciales con el fin de desarrollar una proposición sobre cómo organizar en el futuro el trabajo de estos intermediarios no bancarios.

Por otro lado, el presidente del FSB destaca que las tensiones provocadas por la risis en el sector financiero no bancario no han causado por el momento grandes problemas en el núcleo del sistema bancario, donde subraya que la resiliencia es ahora mayor gracias a las reformas adoptadas tras la última crisis financiera.

El sistema bancario no ha amplificado el shock y ha sido capaz de seguir prestando apoyo a la economía real», sostiene.

En este sentido, el banquero estadounidense apunta que, a pesar de que las consecuencias de la pandemia son de largo alcance y aún no se han realizado completamente, el FSB ha sido capaz de reaccionar con rapidez a esta nueva sacudida del sistema financiero.

«Aunque el futuro es incierto, estamos listos para emplear la misma resolución y cooperación que nos permitió superar las crisis en el pasado», afirma.

El Gobierno ha detectado un leve repunte en el número de usuarios de los distintos modos de transportes públicos y en los trayectos que se realizan con coches particulares en los accesos de las grandes ciudades en los dos primeros días laborales tras la vuelta al trabajo de actividades no esenciales, según la secretaria general de Transportes, María José Rallo.

Los trenes de Cercanías de Madrid contabilizaron en la hora punta de la mañana de este martes en las 16 principales estaciones un total de 15.022 viajeros, un 12,3% más respecto a los 13.375 del lunes, que ya supuso un incremento del 53% sobre la semana anterior.

No obstante, Rallo remarcó que se trata de cifras de pasajeros que apenas representan alrededor del 13% de lo que suele ser habitual en este modo de transporte de la capital.

En el caso de las Cercanías (Rodalies) de Barcelona, en los dos primeros días de esta semana registran una tasa de ocupación del 9% respecto a la del 5% de la anterior.

Así, la ‘alto cargo’ de Transportes considera que la hora punta se desarrolla «con normalidad, dentro de la situación extraordinaria», también gracias a que se realiza de forma «escalonada».

«La reanudación a los trabajos se está realizando de forma muy escalonada, algo que es muy bueno y muestra la responsabilidad de los ciudadanos, tanto a la hora de utilizar el transporte público, como de usar el privado cuando es posible, y también de las empresas fomentando la flexibilidad de horarios», indicó Rallo.

Así, y en tanto esta reanudación escalonada se mantenga y se lleven a cabo todas las medidas de seguridad «el inicio de la actividad no tiene por qué implicar un aumento de los casos», añadió.

En cuanto al transporte en vehículo particular en el acceso a las grandes capitales, este lunes mostraba un descenso del 73% en el caso de Madrid, frente a las caídas del 80% de la semana anterior.

REPUNTE DE VIAJEROS AVE

También ha repuntado el número de viajeros que utilizaron este lunes los trenes AVE y de Larga y Media Distancia que tienen permitida su circulación, que sumaron 1.600, por encima de alrededor del millar que lo hacían hace una semana. No obstante, se trata del 3% respecto a los 90.000 viajeros diarios de jornadas normales.

En el caso del autobús la tasa de ocupación se eleva hasta el 4%, si bien sigue siendo mínima y lleva a que en el caso de líneas como la que une Madrid y Toledo hayan viajado este lunes tan sólo nueve viajeros, frente a los 2.000 diarios que acostumbran.

Por contra, el número de operaciones de transporte aéreo se mantiene en el mismo nivel, con 270 vuelos, de los que 81 correspondieron a las conexiones con las islas.

Las principales asociaciones representantes de la industria española han pedido al Gobierno implementar un plan progresivo que impulse las actividades industriales y el sector de la construcción, con el objetivo de estimular la demanda y la competitividad de las empresas ante el ‘parón’ económico que ha supuesto la crisis del coronavirus.

Así lo ha manifestado en un comunicado la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, constituida por asociaciones empresariales del automóvil (Anfac), de productos petrolíferos (AOP), pasta, papel y cartón (Aspapel), química (Feique), alimentación (Fiab), cemento (Oficemen) y siderurgia (Unesid).

En concreto, pide a la Vicepresidencia económica del Gobierno y al Ministerio de Industria que «activen y lideren» un programa de medidas de rápida implantación que consiga impulsar la inversión pública en infraestructuras, vivienda pública y rehabilitación.

Asimismo, que estimulen la demanda del automóvil; que reduzcan las cargas impositivas de los sectores sometidos a competencia internacional; que adopten medidas que incidan en la reducción de los costes vinculados a la energía, como la suspensión del impuesto de generación o la garantía de compensación de los costes indirectos de CO2; y que promuevan medidas que favorezcan el acceso a los mercados internacionales y potencien la actividad exportadora.

«Desde la Alianza consideramos imprescindible el establecimiento de un programa concreto de medidas capaces de incrementar la demanda a nivel nacional y mejorar la competitividad de nuestras empresas en el mercado internacional», reclama.

La industria productiva española genera el 13% del PIB y el 12% del empleo de forma directa, si bien sus efectos indirectos e inducidos alcanzan el 43% del PIB y el 30% del empleo.

La industria es también responsable del 92% de las exportaciones de mercancías y de más del 50% de la inversión privada en investigación, innovación y desarrollo tecnológico, necesaria para impulsar la competitividad y facilitar el desarrollo de productos y tecnologías que garanticen la sostenibilidad y la lucha eficaz contra el cambio climático.

Un grupo de casi 200 líderes políticos, primeros ejecutivos de empresas, así como activistas europeos, entre los que figuran la vicepresidenta cuarta del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, o el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, han lanzado la Alianza Europea para la Recuperación Verde, con el objetivo de que la movilización de las inversiones en renovables sean un pilar clave para construir economías «más fuertes».

El movimiento, encabezado por el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, Pascal Canfin, se compromete a trabajar juntos para «crear, apoyar e implementar soluciones» para preparar a las economías «para el mundo del mañana».

En una misiva, el grupo llama a la movilización de los paquetes de inversión ‘verde’ después de la crisis, así como al trabajo para construir los planes de recuperación y transformación «que consagran la lucha contra el cambio climático y la biodiversidad como un pilar clave de la estrategia económica».

La carta ha sido firmada por un total de 180 líderes, entre los que figuran 11 ministros de países de la UE, así como ejecutivos de primer nivel como, además de Galán, Francesco Starace, consejero delegado de Enel; Jesper Brodin, de IKEA, Emmanuel Faber, de Danone; o Jean-Dominique Senard, de Renault, entre otros.

Así, «compartiendo la creencia de que la recuperación económica solo vendrá con inversiones masivas para proteger y crear empleos y para apoyar a todas las empresas, regiones y sectores que han sufrido la parada repentina de la economía«, la alianza se compromete a contribuir a la inversión tras la crisis para reiniciar la economía.

De esta manera, subraya que el Covid-19 «no hará que el cambio climático y la degradación de la naturaleza desaparezcan». «La lucha contra esta crisis no se ganará sin una respuesta económica sólida. La alianza se compromete a participar en la lucha y la victoria de estas dos batallas simultáneamente», añade.